La Secretaría de Salud actualizó los datos sobre el COVID19 y presentó medidas contra la vulnerabilidad de las mujeres, “prioridad de la 4T”.

Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Viernes 27 de marzo de 2020
La búsqueda de equidad entre hombres y mujeres inspira la mayoría de medidas propuestas por la Secretaría de Salud(SS), que presentó la esclavitud doméstica como una decisión individual.
En la ya acostumbrada conferencia de prensa vespertina, la Secretaría de Salud presentó los últimos datos sobre el COVID 19: 462,684 casos en 199 países. Un 73 por ciento de aumento en quince días y una mortalidad del cuatro por ciento.
585 casos positivos en México, ocho defunciones y cuatro portadores asintomáticos, lo que justifica la gran urgencia de realizar tests masivos y gratuitos para identificar a las y los portadores.
Tras dicho panorama, la SS volvió a recomendar hacer un esfuerzo por modificar la vida - quedarse en casa y guardar sana distancia – para evitar consecuencias mayores de afectación social y económica.
La mayoría de las mujeres no podemos dejar de trabajar
Llama la atención que con números tan crudos, como que más de la mitad de la población vive ya en un rango de pobreza, la respuesta del Gobierno federal y de la SS hablen del colectivo, pero depositen toda responsabilidad en las acciones individuales de la población.
Nos referimos a lo contradictorio que es tener una cuarentena “voluntaria” como principal medida para evitar la extensión del contagio, misma que recomienda enfáticamente permanecer en casa del 23 de marzo al 19 de abril, mientras el gobierno no garantiza integralmente las condiciones mínimas para que haya un confinamiento óptimo para personas contagiadas y no contagiadas.
Por ejemplo, son decenas de millones los y las trabajadoras que no pueden quedarse en casa porque deben trabajar para vivir. Las precarias condiciones de trabajo –como laborar con contratos eventuales o, peor, sin ellos, sin reconocimiento de relación laboral ni acceso a ningún derecho como la seguridad social, la incapacidad o un “salario de cuarentena”- son la base de que haya un riesgo altísimo de contagio tanto para quienes laboran en sectores estratégicos de la economía como para quienes tienen los peores empleos.
Son los y las trabajadoras del sector salud, de la maquila electrónica y textil, de la industria de la alimentación, la limpieza, petroquímica, telecomunicaciones, logística, aeronáutica y transporte, quienes tienen que seguir trabajando y produciendo.
De conjunto, lo hacen sin tener garantizadas condiciones mínimas de seguridad sanitaria, sin acceso a test o reducción de la jornada laboral en el marco de la saturación del sistema público, sin insumos ni materiales clínicos, como reconoció hoy el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, tras 23 manifestaciones de médicos, enfermeras y camilleros en las clínicas del IMSS de doce estados.
Las mujeres somos mayoría en las actividades económicas relacionadas con los cuidados y el sector agrícola y de servicios, incluyendo el sector salud. Somos las que ocupamos los peores puestos de trabajo, con mayor inestabilidad en el empleo, peores salarios y condiciones de súper explotación laboral, además de cargar con el trabajo doméstico no remunerado que representa más del 18% del PIB nacional.
Necesitamos medidas de emergencia frente al COVID19
Aún así, ninguna de las medidas anunciadas hoy, inspiradas en las “condiciones específicas que enfrentarán las mujeres durante la pandemia”, contempla un plan a gran escala para prohibir los despidos, garantizar licencias con goce de sueldo o implementar un “salario de cuarentena” que ayude a las mujeres trabajadoras del país a enfrentar las consecuencias económicas del COVID19. Ni siquiera contemplan test para quienes siguen trabajando.
Invisibilizando que las mujeres somos un sector mayoritaria dentro de la clase trabajadora, un panel de doctoras funcionarias presentó en la conferencia de prensa las nuevas medidas del gobierno federal para disminuir la vulnerabilidad de las mujeres durante la pandemia del COVID19.
Centros de entretenimiento infantil para quienes no tengan con quien dejar a sus hijos al ir al médico –al que se recomienda no ir a menos que sea extremadamente necesario-. Métodos anticonceptivos para garantizar la salud sexual y reproductiva, anunciados sin mencionar el recorte a tratamientos médicos de especialidad como el VIH/Sida o la complejidad de acceder a la interrupción legal del embarazo en el marco de la pandemia.
Frente a las malas condiciones para permanecer en casas donde la población vive hacinada, las funcionarias sugirieron guardar la calma y evitar el estrés, detonante de cuadros depresivos, psiquiátricos y de situaciones de violencia, para las cuales brindará asesoría telefónica que se espera sea más eficiente que las líneas de asesoría frente al COVID que se encuentran saturadas.
Nada se dijo de refugios transitorios para las víctimas y sus familiares, ni de apoyos económicos o estabilidad laboral ni seguridad social cubierta frente a la falta de ingresos. Tampoco de que el feminicidio no se frena con la pandemia, mucho menos las redes de trata y prostitución coludidas con el Estado.
Por último, para enfrentar la enorme carga que ya significa el trabajo doméstico no remunerado y que se duplicará ante la cuarentena, propusieron inteligentemente una distribución más equitativa del trabajo en el hogar entre los miembros de las familias.
¿Cómo enfrentar el cuidado de los hijos, enfermos y adultos mayores esquivando el riesgo de perder el empleo y de contagiarse? Todo parece depender de la proeza individual.
Al contrario, quienes nos reivindicamos del feminismo socialista y peleamos por un feminismo anticapitalista y de clase, retomamos las enormes hazañas logradas por las revolucionarias rusas hace ciento dos años, que en un país atrasado que ya entonces tenía 30 millones más de habitantes que México hoy, logró descargar de las espaldas de las mujeres el trabajo doméstico y dar los pasos para garantizar la igualdad frente a la ley entre hombres y mujeres.
Además de voluntad y deseos de equidad, hace falta que el gobierno ponga en marcha un plan para socializar el trabajo doméstico, reconociéndolo como trabajo y garantizando condiciones dignas para su realización.
Con el presupuesto que se destina a la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, podrían implementarse comedores y lavanderías gratuitas, así como un sistema de salud y crianza que contemplara los cuidados de enfermos, adultos mayores y menores de edad, permitiendo a las mujeres invertir una enorme energía social en aportar a la resolución de esta crisis sanitaria.
Sólo con estas medidas y garantizando pleno empleo y salarios dignos, podremos dar paso a las profundas reformas que son necesarias para liberar a las mujeres de la esclavitud del trabajo doméstico y dar pasos hacia su independencia económica, disminuyendo incluso las tensiones intrafamiliares y de pareja surgidas de una convivencia amarrada por la pobreza material y no por el cariño y amor mutuos.
En una crisis sanitaria, económica y social como la que vivimos, salta a primer plano que en el capitalismo lo primero son los bolsillos de los grandes empresarios, no importando si millones pagamos con desempleo, hambre y muerte sus crisis.
Sólo reorganizando la sociedad y la economía de conjunto sobre la base de expropiar y socializar la propiedad privada, planificando centralizadamente el uso de la riqueza y reconvirtiendo la producción para cubrir la demanda de los insumos necesarios para enfrentar la pandemia del COVID19, podremos dejar de temer un peor mañana.
Para eso, hace falta que la clase obrera, con las mujeres al frente y abrazando las demandas del conjunto de los pueblos pobres, ponga bajo su control la industria y los servicios, garantizando condiciones mínimas para laborar sin riesgo y que por primera vez, nuestras vidas valgan más que sus ganancias.