Este jueves se manifestaron en Roma frente al Ministerio de Sanidad, tras haberlo hecho en otras ciudades italianas, para reclamar que se haga efectivo el derecho a un aborto seguro, después de los retrocesos que se han dado en algunas regiones gobernadas por la ultraderecha.
Jueves 2 de julio de 2020 18:47
Protesta en Perugia, capital de Umbría.
En Italia, al igual que en muchos países del mundo, la alianza entre la extrema derecha, las iglesias y los sectores conservadores buscan hacer retroceder los derechos de las mujeres, en particular el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Lo que encendió la chispa de las protestas en Italia fue la decisión del gobierno regional de Umbría de obligar a las mujeres que opten por el aborto farmacológico (con pastillas, uno de los métodos más seguros), a permanecer tres días en el hospital, algo que las organizaciones feministas consideran innecesario y que atenta contra la privacidad de las mujeres.
Miles de personas salieron a protestar en Perugia (la capital de Umbría) después de la decisión de la ultraderechista Liga, que gobierna en la región desde el año pasado, tras lo cual organizaciones como Non Una Di Meno (Ni Una Menos) y la red "Pro Choice" convocaron este jueves una manifestación en Roma.
Aunque el aborto se legalizó en Italia en 1978, las organizaciones feministas denuncian que todavía muchas mujeres siguen sin poder acceder a él ya que el 70 % de los ginecólogos rechazan practicarlo al declararse objetores de conciencia, números que crecen hasta casi el 90 % en regiones del sur como Molise o Basilicata.
Además, la red "Pro-choice" que ha coordinado la protesta en Roma, denuncia que el aborto farmacológico es "inaccesible para demasiadas mujeres" por la necesidad de hospitalización que piden varias regiones, por lo que solo recurren a esta solución un 20 % de las mujeres que abortan en Italia, menos del 10 % en determinadas zonas.
Esta organización considera que tener que permanecer en el hospital es "costoso para el sistema de salud, inútil en términos sanitarios y un obstáculo para la mayoría de las mujeres", por lo que reclama que el procedimiento se pueda solventar en un ambulatorio, como ocurre en muchos países de Europa.
La ginecóloga Elisabetta Canitano, presente en la manifestación, explicó que la ley italiana solo permite usar el aborto farmacológico hasta las 7 semanas de embarazo, y no 9 como reclaman y lo atribuyó a que "la Iglesia católica está introducida en los hospitales y en los órganos de decisión".
"Nuestra sanidad está en manos de curas y empresarios. Queremos una sanidad pública, laica, que permita los derechos reproductivos", reclamó.
Frente al Ministerio de Sanidad de Roma las presentes pidieron al Gobierno actualizar las líneas de actuación respecto a la interrupción del embarazo, creadas en 2010. Además denunciaron la decisión tomada por la gobernadora de Umbría, Donatella Tesei, de obligar a la hospitalización para quien recurra al fármaco RU486, cuyo uso no está legislado a nivel nacional lo que permite que los gobiernos locales puedan actuar como en Umbría.
Finalmente, por medio de una gran cantidad de pancartas y carteles las manifestantes también reclamaron la gratuidad de los medios anticonceptivos.
