La disidencia sexual debe afrontar grandes problemas al enfrentar el sistema laboral y previsional, especial mención tienen las y los trans que resultan ser los más oprimidos dentro de nosotros. Ante la indiferencia del Estado, debemos organizarnos para luchar por los derechos de las mujeres y de la disidencia sexual. ¡Todas y todos a las calles por no + afp!
Sábado 25 de marzo de 2017
Por Milena Guerrero y Claudio Meneses.
Las trabajadoras y trabajadores LGTBI se ven expuestos a diversos tratos discriminatorios dentro de la esfera laboral; desde el acceso a un empleo formal donde son rechazadas/os por su aspecto físico dispar al socialmente aceptado o bien deben acceder a trabajos muy precarizados como última opción. En la mantención de éstos, en el sentido de que si se hacen visibles pueden sufrir burlas, chistes, maltratos y acoso laboral por parte de jefes/as o pares. Al no responder a la sexualidad hegemónica, enfrentándose a un doble estándar en sus ámbitos laborales. Esto quiere decir que cotidianamente deben demostrar que, aun siendo lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersexuales son buenos trabajadores o trabajadoras. Los prejuicios o estereotipos les generan una doble carga a la hora de demostrar que están capacitadas/os para cumplir sus tareas y con la expectativa laboral.
Dentro de los contextos laborales los trabajadores varones que no responden a la masculinidad impuesta, se ven relegados a trabajos considerados para mujeres, es decir, lo que se castiga es la similitud con las mujeres consideradas en el ámbito laboral como inferior, lo que se ve reflejado en la altas brechas salariales que superan el 50% a nivel país entre hombres y mujeres.
Ahora bien cómo repercute este continuo de discriminación a las personas LGTBI en el ámbito laboral a largo plazo; la inestabilidad y precarización laboral tiene como resultado que durante su vida laboral no logren obtener fondos suficientes o que ni siquiera cumplan con los requisitos para pensionarse, debiendo optar a la pensión básica solidaria que entrega subsidiariamente el Estado, siendo ésta última una mínima cantidad de dinero que fluctúa entre dos a cuatro UTM (unidades tributarias mensuales).
Tenemos una estructura laboral propia de un sistema libera que se alimenta de la apropiación de las fuerzas de trabajo de cientos de hombres y mujeres oprimidos, precarizados, reprimidos, etc. Estructura que además la bañan valores heteronormativos que dejan a las personas que se identifican LGTBI en una situación de mayor vulnerabilidad.
Dentro de la disidencia sexual es la población trans (transgéneros, transexuales, travestis e intersexuales) es la más oprimida, debido a que se enfrentan a un modelo de desarrollo machista donde la diversidad sexual no tiene cabida y mucho menos las y los trans. El sistema educativo chileno se sostiene sobre la base de constantes agresiones como el uso de uniforme según el sexo asignado al nacer en vez del de su identidad de género, o pasar la lista de asistencia con el nombre legal en vez del nombre con el que se identifican y la prohibición de utilizar el baño del género con el que se identifican, que derivan en la pronta deserción escolar limitando así el desarrollo en trabajos calificados.
Deben optar a puestos de trabajo con su nombre legal lo que ya les significa una gran problema, se deben enfrentar a insulto y agresiones físicas. Son discriminadas, discriminados, despedidos y despedidas arbitrariamente sin ningún tipo de miramiento. Por esto las trans terminan accediendo a trabajos informales y altamente precarizados e incluso dedicándose a la prostitución, exponiéndose a sufrir VIH/SIDA, ITS’s, agresiones física, psicológicas y sexuales promovidas por el odio, e incluso la represión policial ayudada por la moral de iglesia fundándose en “el pudor y las buenas costumbres”.
De la imposibilidad de optar a trabajos formales y con contrato, de la discriminación laboral y de la inacción del Estado para tutelar sus derechos resulta que las y los trans están marginados del sistema previsional, quedando a la suerte de las miserables pensiones básicas solidarias viviendo su vejez sumida y sumidoss en la pobreza.
Para el Estado machista las y los trans no existen, no hay estadísticas de población, no hay registro de su atención de salud, no hay registro de las denuncias por maltrato ni siquiera de homicidios por transfobia. Esto es porque el Estado nunca se ha preocupado realmente de desarrollar políticas públicas para otorgarle derechos a las y los trans e incluirlos a la sociedad.
Es por ello que es necesaria la aprobación de una ley de identidad de género, de inmediato, que permita conquistar los derechos de la población trans, como cambiar su nombre y sexo legalmente. Y ante la indiferencia del Estado es responsabilidad de todas y todos, nosotras y nosotros visibilizar los problemas de las mujeres y hombres trans para que puedan incluirse en la vida laboral y en la sociedad sin los problemas antes mencionados.
Por esto hacemos un llamado a las y los trans a organizarse y luchar junto a nosotras y nosotros por la reivindicación de sus derechos. Porque todas y todos debemos levantarnos a luchar por los derechos de la mujer y la disidencia sexual, los invitamos a todas y todos a la calle este domingo 26 a marchar por no + AFP.
