Un reciente informe del Banco Mundial afirma que Chile ha sido el país que más ayuda a entregado en la región a las familias frente a la crisis, pero que al mismo tiempo proyectó que durante este 2020 las personas que se encuentran en situación de pobreza podrían aumentar en 800 mil, llegando hasta el 12,3% de la población.
Domingo Lara Biólogo Ambiental
Domingo 15 de noviembre de 2020
Una explicación, de por lo menos una parte de esta situación, está en otro reciente estudio que afirma que las ayudas que han recibido las personas son en realidad recursos de sus propios bolsillos, dicho estudio afirma que son cinco veces más lo que ha puesto cada persona (sea con el retiro del 10% y el AFC, etc.) en comparación a lo que ha entregado como aporte el Estado.
El estudio titulado: "Presupuesto 2021: ayuda para las empresas y costo para los/as trabajadores/as" [1] afirma de manera contundente que "los trabajadores han concurrido mayoritariamente con sus propios fondos a enfrentar la crisis, con cerca de US$17.500 millones, que se desglosan en más de US$16.000 millones por el retiro del 10% de las AFP y US$1.500 millones de sus cuentas del Seguro de Cesantía, a través de la Ley de Protección del Empleo".
En tanto, desde recursos fiscales apenas se han destinado US$5.000 millones para ayudas sociales directas, considerando el Bono Covid, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Bono Clase Media, entre otros. Todo esto sin considerar el segundo retiro del 10% que aumentaría aún más esta injusta situación.
Pero el fondo de esto no es simplemente la falta de ayudas por parte del estado, si no que hay una situación estructural en Chile pre pandemia. Un estudio de la Fundación Sol, sobre las condiciones salariales, afirma que el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de $401.000 y que 2 de cada 3 trabajadores gana menos de $550.000 líquidos. También se estima que existen 1,1 millones de trabajadores asalariados externos (subcontratación y suministro), que ganan 15,1% menos que los contratados, brecha que supera el 80% en sectores como la minería, administración pública y actividades financieras.
Se registran 1.164.736 de personas que no tienen contrato de trabajo y, por lo tanto, no tienen acceso a cotizaciones de salud, ni previsión, ni seguro de cesantía. A esto se puede sumar los datos de endeudamiento de los hogares, los altos precios de salud, vivienda y educación, y el creciente aumento de los precios de los alimentos.
Todos estos datos dejan en evidencia que no es solamente superar la pandemia si no un plan de emergencia para enfrentar la actual crisis social, que las demandas de octubre están sin resolver y todas las proyecciones apuntan a que mientras esté Piñera y los partidos de estos 30 años, que han profundizado la herencia de la dictadura, no cambiarán las prioridades, no soltaran sus privilegios, así lo demuestran con las trampas del actual proceso constituyente, donde quieren ser los mismos quienes decidan todo, es necesario conquistar una verdadera Asamblea constituyente libre y soberana, no sólo para terminar con esta constitución pinochetista, si no para tomar las siguientes medidas urgentes.
Partir por terminar con los despidos y la inestabilidad laboral, con un sueldo mínimo superior a 500 mil pesos, es decir que cubra la canasta básica familiar. Asegurar el derecho a salud, vivienda y educación, este es el camino para que esas 800 mil personas no terminen en la pobreza.
Para lograr financiar todo esto es fundamental nacionalizar los principales recursos naturales, pero no para que lo administre el gobierno de turno, si no bajo gestión de las y los trabajadores junto a las comunidades, ahí se pueden obtener los recursos necesarios, que hoy se los llevan los grandes empresarios nacionales y trasnacionales.
