La Izquierda Diario entrevistó a los periodistas especializados en petróleo y energía Marcelo García y Alejandro Bassi.

Lucía Ortega @OrtegaLu_
Domingo 17 de julio de 2016 00:01
A propósito de los incrementos en las tarifas del gas y el déficit energético del país, La Izquierda Diario entrevistó a Marcelo García y Alejandro Bassi, integrantes del Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano (NPEL) y autores de los libros Saqueo Petrolero (2007) e YPF, la liquidación (2012).
El gobierno afirmó que actualmente el problema energético implica que hay "escasez" de gas y que no alcanza para abastecer a las necesidades de la población porque tenemos una cultura de mucho consumo. ¿Es cierto ese diagnóstico? ¿Cuáles son para ustedes los motivos de que haya que importar cerca de un 40 % del gas que se consume internamente?
Pero hay un motivo que el gobierno macrista no explica, porque las protege, y es de la constante baja productiva de las empresas petroleras. En el año 2004 se produjo el pico productivo de gas más alto de la historia argentina, llegando a los 311,8 millones de barriles equivalentes de petróleo de gas (BOE) producidos en el país; pero esa cifra se redujo en el 2015 a 256,5 millones de BOE, reflejando una caída del 17,7 % en la producción en los últimos 11 años.
Argentina fue abastecedora de gas de Chile y de Brasil, y ahora se debe importar. ¿Por qué ocurre eso? ¿No hay posibilidad de ampliar la capacidad productiva local o es muy costoso?
Obviamente que se podría ampliar la producción de gas nacional, inclusive el país podría ser un gran polo exportador a partir de las enormes reservas de shale gas que existen por ejemplo en Vaca Muerta, que dicho sea de paso es el tercero en importancia en el mundo entero. Pero para poder concretar ese panorama y que el pueblo no padezca tarifazos o el desmanejo empresario, lo que hace falta es que sea el Estado el que decida cuándo, cómo y para qué invertir y producir un tipo de gas que es más costoso extraer pero que no sólo resolvería los problemas existentes el suministro sino también de las tarifas con costos exorbitantes.
Lamentablemente este gobierno macrista de CEO apunta en la dirección contraria.
Hace un tiempo ustedes afirmaron que en los últimos 20 años desde que se privatizó YPF, Argentina perdió algo así como 35 años de reservas de gas. ¿Por qué? ¿Cambió algo con la estatización de parte de las acciones de YPF en el kirchnerismo?
El kirchnerismo no cambió en nada la estructura medular del mercado hidrocarburífero del país, pero con la expropiación de las acciones de Repsol en YPF sí hubo un cambio parcial en la política de la petrolera que pasó a manejar el 51 % de las acciones de la compañía. En primer lugar aplicó una impronta inversora muy diferente a la de la gerencia española, aumentando los flujos de inversiones, acrecentando la producción y achicando el reparto de dividendos entre los socios accionarios de YPF. Así y todo, como no tomó el control del conjunto de la industria, le fue imposible en tres años modificar estas tendencias que mencionamos anteriormente y que llevarán inexorablemente al país a la profundización de la crisis energética. La única solución de fondo al problema de la energía de conjunto es la expropiación sin pago, la nacionalización, la estatización y el control de los trabajadores.
Las empresas productoras y distribuidoras de gas recibieron millonarios subsidios en los últimos años. ¿Es verdad que no ha habido inversión para revertir el déficit energético?
¿Qué opinión tienen sobre el incremento del 400 % de las tarifas de gas respecto a ese problema? ¿Cuál sería para ustedes un camino para solucionarlo?
Lo primero que se debe hacer anular el tarifazo y dejar las tarifas como estaban el año pasado, después se debe hacer un análisis pormenorizado de los usuarios, esencialmente considerando los niveles de ingresos mensuales y los consumos. De esa manera establecer nuevos cuadros tarifarios escalonados por ingresos y consumos, incluyendo una valoración especial para las zonas desfavorables que se ven afectadas por el frío y el rol social de diferentes tipos de instituciones como clubes de barrio, comedores, etc. Con esos cuadros y tarifas sociales se deberían elaborar nuevos aumentos que anualmente no superen el promedio que surja de contemplar los incrementos salariales definidos en paritarias y los otorgados a los jubilados; inclusive esos aumentos deberían comenzar a aplicarse en los períodos contrarios a lo de mayor consumo anual, es decir en verano para el gas y en invierno para la electricidad. Si hay que seguir esperando vaya a saber a qué semestre para que mejore la situación social, o que aparezca “la luz al final del túnel”, las petroleras y distribuidoras pueden esperar varios años para el reacomodamiento de las tarifas porque tampoco es que pierden plata y los subsidios se deben seguir instrumentándose por parte del Estado, obteniendo inclusive más fondos a través de aumentos de impuestos a las multinacionales y las grandes fortunas.
Este tarifazo brutal es una clara transferencia de costos decidido por el macrismo, eliminando los subsidios a los usuarios para aumentarles las ganancias a las petroleras con el aumento del gas en boca de pozo, lo que transferiría a las empresas gasíferas de por lo menos 3.000 millones de dólares anuales. Por eso el tarifazo debe ser derrotado por la movilización popular, porque no se puede confiar en los recursos de amparo, los fallos judiciales o las decisiones de la Corte Suprema, deben ser los trabajadores y el pueblo quienes tomen en sus manos la derrota de Aranguren y las políticas macristas. Ya tuvieron que retroceder al 400%, pero como el tarifazo sigue siendo injusto es necesario movilizarse para derrotarlo definitivamente.
No obstante es necesario tener en claro que a pesar de derrotar el tarifazo o conseguir el aumento anual promedio que mencionamos, no habrá soluciones definitivas ni salidas a los grandes problemas energéticos mientras que los hidrocarburos y la energía sigan estando en manos de privadas; es por eso que se hace imprescindible la expropiación sin pago, la nacionalización y estatización con el control de los trabajadores de toda la industria energética nacional.

Lucía Ortega
Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.