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Red Internacional
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ENTREVISTA. “Las petroleras no aumentaron sus inversiones para hacer crecer la producción de gas”

La Izquierda Diario entrevistó a los periodistas especializados en petróleo y energía Marcelo García y Alejandro Bassi.

Lucía Ortega

Lucía Ortega @OrtegaLu_

Domingo 17 de julio de 2016 00:01

A propósito de los incrementos en las tarifas del gas y el déficit energético del país, La Izquierda Diario entrevistó a Marcelo García y Alejandro Bassi, integrantes del Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano (NPEL) y autores de los libros Saqueo Petrolero (2007) e YPF, la liquidación (2012).

El gobierno afirmó que actualmente el problema energético implica que hay "escasez" de gas y que no alcanza para abastecer a las necesidades de la población porque tenemos una cultura de mucho consumo. ¿Es cierto ese diagnóstico? ¿Cuáles son para ustedes los motivos de que haya que importar cerca de un 40 % del gas que se consume internamente?

  •  La afirmación del gobierno es una verdad a medias. El consumo de gas venía subiendo marcadamente en los últimos años producto de dos motivaciones, el consumo industrial que se vinculaba con el mayor movimiento económico que generaba una dinámica alcista de los sectores industriales, como así también por el aumento del consumo de gas para el funcionamiento de automóviles y transporte. También por el uso del gas domiciliario que tuvo crecimientos por la mayor cantidad de usuarios, debido al tendido de redes de gas en zona que antes no tenían acceso, y porque el costo del gas natural para los hogares era bajo. De ahí que el gobierno kirchnerista tuviera que importar grandes volúmenes de Bolivia y de Gas Natural Licuado por barcos.

    Pero hay un motivo que el gobierno macrista no explica, porque las protege, y es de la constante baja productiva de las empresas petroleras. En el año 2004 se produjo el pico productivo de gas más alto de la historia argentina, llegando a los 311,8 millones de barriles equivalentes de petróleo de gas (BOE) producidos en el país; pero esa cifra se redujo en el 2015 a 256,5 millones de BOE, reflejando una caída del 17,7 % en la producción en los últimos 11 años.

    Argentina fue abastecedora de gas de Chile y de Brasil, y ahora se debe importar. ¿Por qué ocurre eso? ¿No hay posibilidad de ampliar la capacidad productiva local o es muy costoso?

  •  En realidad el país no fue exportador, sino que las exportaciones fueron realizadas tras la privatización de la añeja YPF estatal por las empresas privadas como Repsol y otras que se beneficiaron con las ventas del gas que sacaban en la Argentina. Cuando el Estado perdió toda capacidad de decisión sobre los ritmos y los destinos productivos de los hidrocarburos, las empresas multinacionales tuvieron absoluta libertad para vender cuándo y cómo querían. Inclusive cuando el anterior gobierno tuvo que cubrir con importaciones la demanda de gas, las mismas fueron realizadas y pagadas por empresas estatales como Enarsa, mientras que cuando el gas era vendido al exterior el negocio fue solo para las compañías privadas.

    Obviamente que se podría ampliar la producción de gas nacional, inclusive el país podría ser un gran polo exportador a partir de las enormes reservas de shale gas que existen por ejemplo en Vaca Muerta, que dicho sea de paso es el tercero en importancia en el mundo entero. Pero para poder concretar ese panorama y que el pueblo no padezca tarifazos o el desmanejo empresario, lo que hace falta es que sea el Estado el que decida cuándo, cómo y para qué invertir y producir un tipo de gas que es más costoso extraer pero que no sólo resolvería los problemas existentes el suministro sino también de las tarifas con costos exorbitantes.
    Lamentablemente este gobierno macrista de CEO apunta en la dirección contraria.

    Hace un tiempo ustedes afirmaron que en los últimos 20 años desde que se privatizó YPF, Argentina perdió algo así como 35 años de reservas de gas. ¿Por qué? ¿Cambió algo con la estatización de parte de las acciones de YPF en el kirchnerismo?

  •  Ese panorama es aún peor en la actualidad producto de la ausencia del Estado producida tras la privatización de YPF y la voracidad de las empresas multinacionales. En el año 1980 las reservas nacionales de gas eran de 3.833 millones de barriles equivalentes de petróleo (BOE) y el horizonte era de 47 años. En 1990 las reservas 3.462 millones de BOE y como aumentó la producción el horizonte se redujo a 25 años; mientras que en el 2000 los reservorios aumentaron 4.560 millones de BOE pero como la producción siguió aumentando el horizonte decayó a 17 años. El último dato de reservas existentes es del 2014 y muestra que había 1.986 millones de BOE, la mitad de los que había en 1980, y el horizonte productivo cayó a solamente 8 años, mostrando un clarísima desinversión por parte de las empresas privadas.

    El kirchnerismo no cambió en nada la estructura medular del mercado hidrocarburífero del país, pero con la expropiación de las acciones de Repsol en YPF sí hubo un cambio parcial en la política de la petrolera que pasó a manejar el 51 % de las acciones de la compañía. En primer lugar aplicó una impronta inversora muy diferente a la de la gerencia española, aumentando los flujos de inversiones, acrecentando la producción y achicando el reparto de dividendos entre los socios accionarios de YPF. Así y todo, como no tomó el control del conjunto de la industria, le fue imposible en tres años modificar estas tendencias que mencionamos anteriormente y que llevarán inexorablemente al país a la profundización de la crisis energética. La única solución de fondo al problema de la energía de conjunto es la expropiación sin pago, la nacionalización, la estatización y el control de los trabajadores.

    Las empresas productoras y distribuidoras de gas recibieron millonarios subsidios en los últimos años. ¿Es verdad que no ha habido inversión para revertir el déficit energético?

  •  Es una verdad innegable que no han producido las inversiones necesarias para evitar la actual situación, las empresas lógicamente optaron por aumentar su rentabilidad y manejarse discrecionalmente en favor de sus ganancias, sin importarle las consecuencias para el país y sus habitantes. Lo peor es que el kirchnerismo además las subsidió con sumas millonarias, instrumentando los programas Plus y otros tipos de incentivos fiscales, pero así y todo las petroleras no aumentaron sus inversiones para hacer crecer la producción de gas que en los últimos cinco años se contrajo un 20 %; ni que hablar de lo ya mencionado sobre las reservas de gas. Estas son las consecuencias de las políticas que le quitan al Estado el poder de decisión producto de entregarle al mercado toda la capacidad de decisión sobre los recursos estratégicos. Es de esperar que con las políticas profundamente neoliberales y entreguistas del macrismo, lejos de mejorar, la situación empeore a pesar de los tarifazos.

    ¿Qué opinión tienen sobre el incremento del 400 % de las tarifas de gas respecto a ese problema? ¿Cuál sería para ustedes un camino para solucionarlo?

  •  El tarifazo en el gas, como el de los demás servicios públicos, es una verdadera locura, pero completamente lógico con las políticas del macrismo y la CEOcracia que gobiernan el país desde diciembre. Ni siquiera el 400% tiene un nivel de aceptabilidad porque absolutamente nadie, mucho menos los sectores populares y los trabajadores, ha tenido un incremento salarial de esos niveles. No se puede negar que las tarifas estaban desfasadas en CABA y el conurbano bonaerense, pero tamaño tarifazo es inaceptable.

    Lo primero que se debe hacer anular el tarifazo y dejar las tarifas como estaban el año pasado, después se debe hacer un análisis pormenorizado de los usuarios, esencialmente considerando los niveles de ingresos mensuales y los consumos. De esa manera establecer nuevos cuadros tarifarios escalonados por ingresos y consumos, incluyendo una valoración especial para las zonas desfavorables que se ven afectadas por el frío y el rol social de diferentes tipos de instituciones como clubes de barrio, comedores, etc. Con esos cuadros y tarifas sociales se deberían elaborar nuevos aumentos que anualmente no superen el promedio que surja de contemplar los incrementos salariales definidos en paritarias y los otorgados a los jubilados; inclusive esos aumentos deberían comenzar a aplicarse en los períodos contrarios a lo de mayor consumo anual, es decir en verano para el gas y en invierno para la electricidad. Si hay que seguir esperando vaya a saber a qué semestre para que mejore la situación social, o que aparezca “la luz al final del túnel”, las petroleras y distribuidoras pueden esperar varios años para el reacomodamiento de las tarifas porque tampoco es que pierden plata y los subsidios se deben seguir instrumentándose por parte del Estado, obteniendo inclusive más fondos a través de aumentos de impuestos a las multinacionales y las grandes fortunas.

    Este tarifazo brutal es una clara transferencia de costos decidido por el macrismo, eliminando los subsidios a los usuarios para aumentarles las ganancias a las petroleras con el aumento del gas en boca de pozo, lo que transferiría a las empresas gasíferas de por lo menos 3.000 millones de dólares anuales. Por eso el tarifazo debe ser derrotado por la movilización popular, porque no se puede confiar en los recursos de amparo, los fallos judiciales o las decisiones de la Corte Suprema, deben ser los trabajadores y el pueblo quienes tomen en sus manos la derrota de Aranguren y las políticas macristas. Ya tuvieron que retroceder al 400%, pero como el tarifazo sigue siendo injusto es necesario movilizarse para derrotarlo definitivamente.

    No obstante es necesario tener en claro que a pesar de derrotar el tarifazo o conseguir el aumento anual promedio que mencionamos, no habrá soluciones definitivas ni salidas a los grandes problemas energéticos mientras que los hidrocarburos y la energía sigan estando en manos de privadas; es por eso que se hace imprescindible la expropiación sin pago, la nacionalización y estatización con el control de los trabajadores de toda la industria energética nacional.


  • Lucía Ortega

    Economista UBA. Coeditora de la sección de Economía de La Izquierda Diario.

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