El sábado 21 de marzo Lucia Q.C. residente de la ciudad de El Alto fue la víctima número treinta y uno de la ola de feminicidios que azota al país.
José María Casanova #YoCorresponsal
Martes 24 de marzo de 2020
Hasta hoy son 31 casos de feminicidios en Bolivia, casi todos los departamentos tienen por lo menos un nombre de mujer escrito con sangre. Santa Cruz encabeza la sangrienta nómina con 9 mujeres, seguido de La Paz que tiene 8; luego está Cochabamba con 5; Potosí con 3; Pando con 2; Chuquisaca, 2; Tarija, 1; y finalmente Oruro, 1.
Las cifras son alarmantes más aún si recordamos que la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, declaró -el pasado 13 de enero- a la gestión 2020 el “Año de Lucha contra el Feminicidio e Infanticidio” anunciando con lágrimas de emoción “una guerra frontal contra la violencia, los abusos y sobre todo contra la indiferencia del Estado”.
Sin embargo, el plan de acción del Gobierno de ‘transición’ que comprometió una declaratoria de Alerta Nacional por lo casos de violencia, aún no ha llegado al parlamento. Paralelamente, ha quedado en suspenso la instalación de juzgados especializados, además de la implementación de fiscales especiales para atender a las mujeres víctimas de violencia.
Tampoco se ha hecho conocer el diagnóstico de la carga procesal y la retardación de justicia en los casos de los feminicidios, que fue comprometido por el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra. La autoridad sostuvo por esa fecha, que en una semana los resultados estarían disponibles.
Finalmente, de la promesa de inversión de 200 millones de dólares para luchar contra la violencia sólo quedan los recuerdos. Hasta la fecha el Tesoro General de la Nación (TGN) no ha reformulado su presupuesto para dar cumplimiento a las promesas de la presidenta y candidata.
El primer trimestre del rimbombante “Año de Lucha contra el Feminicidio e Infanticidio” termina en la zona San Martín ciudad de El Alto con la muerte de Lucia Q.C. de 47 años: víctima de la asfixia mecánica a la que fue sometida por su cónyuge.
Esta violencia contra las mujeres se da con el amparo de una sociedad y un Estado patriarcal, que ejerce mayor violencia sobre las mujeres y otros sectores explotados y oprimidos de la sociedad.
Que una mujer esté a la cabeza del Estado no significa nada. Áñez ha demostrado que no le tiembla la mano al dirigir un gabinete que se apoya en los aparatos represores del Estado para gobernar. En poco tiempo hemos visto cómo la justicia que sigue siendo instrumentalizada de manera brutal por los administradores de turno, ha liberado a violadores; lo vimos recién con el caso de la manada. Así, por más que Áñez sea mujer en sus meses de su autondeminado gobierno de transición, continua la injusticia y el mar de lágrimas que tienen que enfrentar las familias de las víctimas que solo son revictimizadas al acudir a la justicia patriarcal.
En medio de un escenario de crisis socio-sanitaria por la pandemia del Covid-19 que ocupa la atención y preocupación de toda la sociedad no debemos dejar de denunciar las muertes por feminicidio porque de conjunto esta situación desnuda el carácter de clase, racista y patriarcal de una justicia que solo es para quién la puede comprar y de una mujer que gobierna con la biblia en la mano, nada más reaccionario que eso.
