La corrupción salpica al oficialismo de Cambiemos y al kirchnerismo por igual. Desde el Frente de Izquierda al mismo que tiempo que la denunciamos, proponemos las medidas para combatirla.

Myriam Bregman @myriambregman
Jueves 30 de junio de 2016 07:00
En la sesión de la semana pasada en la que Cambiemos logró la media sanción de la Ley del Arrepentido dije claramente que esta iniciativa es otra señal de impunidad como lo es también el blanqueo.
En las últimas tres décadas en Argentina hay abiertas 750 causas por casos de corrupción cometidos por funcionarios y ex funcionarios, en las que se investiga el robo de más de 10 mil millones de pesos y en las que hay solo un puñado de condenados. El exfuncionario kirchenrista José López es solo uno de los tantos que se podría beneficiar con esta ley y que se iría a su casa con total impunidad.
Desde el Frente de Izquierda hemos denunciado y criticado tanto a los funcionarios del gobierno anterior y sus empresarios amigos como a los del gobierno actual. A los Lázaro Baez, a los Ricardo Jaime, a los José López, a los Julio de Vido pero a también a la famosa Patria Contratista, que desde los 70 se viene enriqueciendo a costa de hacer negociados con la obra pública –uno de los exponentes más famosos es la propia familia Macri– y que hoy tiene dentro de su filas al amigo presidencial Nicolás Caputo. Caputo, quien además maneja Edesur, obtuvo más de 1.400 millones de pesos en obras en las gestiones de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño y con la asunción de Horacio Rodriguez Larreta volvió a ser uno de los favoritos.
Pero Caputo y la familia Macri, con Franco a la cabeza, no solo hacen negocios entre ellos. Iecsa, la empresa de Franco Macri que luego vendió a su sobrino Ángelo Calcaterra, fue una de las empresas que más licitaciones obtuvo durante el gobierno kirchnerista, dato hecho público por el propio Julio de Vido. Mientras que Caputo también fue uno de los empresarios elegidos para la obra pública durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner.
Nuestras propuestas
La impunidad de la que gozan funcionarios, exfuncionarios y privados está garantizada por el Poder Judicial. Un Poder Judicial designado por años por las componendas de los partidos mayoritarios compuesto por jueces que apañan al poder de turno, que siempre juzgan a los gobiernos que caen en desgracia, pero nunca a los que están en el poder. Un Poder Judicial que llena las cárceles de pobres y que siempre liberó a los poderosos. Proponemos la elección por sufragio universal de todos los jueces y los juicios por jurados, incluso para los casos de corrupción.
Si hay un acto de corrupción enorme con el que se han llenado de dinero los grandes empresarios de este país son las privatizaciones, una fuente enorme de corrupción. La propia familia del presidente Macri se benefició con una de esas privatizaciones, que terminó en escándalo, como fue el caso del Correo Argentino. Durante una década los empresarios que manejaron las empresas privatizadas recibieron subsidios del gobierno anterior. Sin embargo, este gobierno no optó por investigar los subsidios, sino por aplicarle un tarifazo al pueblo trabajador. Proponemos la apertura de todos los libros contables de las empresas privatizadas y de las ligadas a la obra pública.
Es necesario que esas empresas sean investigadas por representantes elegidos por los trabajadores y por las universidades públicas. » Lo que ganan los trabajadores es público, Lo que ganan los empresarios siempre es oculto y está protegido por el secreto bancario o financiero. Proponemos la eliminación del secreto financiero y bancario y la creación de una banca nacional única para evitar la fuga de dinero. También la nacionalización del comercio exterior para evitar todos los negociados que se realizan a través de importaciones y exportaciones.

Myriam Bregman
Abogada en causas de lesa humanidad. Fundadora e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). Diputada nacional (MC) y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Intervino en numerosos juicios contra los genocidas de la última dictadura militar, como el de Etchecolatz, Von Wernich y la megacausa ESMA. Fue abogada de Jorge Julio López y una de las impulsoras de la lucha ante su desaparición. Impulsó, junto a trabajadores de Pepsico y Kraft-Mondelez, la denuncia por el espionaje ilegal de la Gendarmería, conocido como "Proyecto X".