La madrugada del pasado jueves se registraba el tercer incendio producido en los asentamientos chabolistas en los que conviven cientos de personas migrantes ocupadas en el sector agrícola onubense. Una situación dramática que, además, se produce en el contexto de una pandemia global que alcanza un segundo repunte en muchas provincias españolas.
Martes 21 de julio de 2020
Fotos: ASNUCI y Seydou Diop.
El pasado 25 de mayo, tras la muerte de George Floyd a manos del policía Derek Chauvin en Minneapolis, la comunidad afroamericana y afrodescendiente protagonizó una serie de movilizaciones exigiendo justicia para George, su familia y todos aquellos casos en los que la violencia racista y el abuso policial hacia personas negras había quedado impune. Pero las reclamas no agotaron su fuerza en la frontera estadounidense, sino que se hicieron eco a lo largo de todo el mundo: México, Chile, Francia, Holanda, Grecia y España fueron algunos de los muchos países que se unieron a esta ola de solidaridad antirracista.
En el Estado español, los medios de comunicación, desde informativos en canales privados hasta diarios independientes, pasando por programas de radio, publicaciones en redes sociales y debates televisivos, dedicaron titulares y minutos de audiencia a la retransmisión de lo sucedido en Estados Unidos. Aunque, como era de esperar, no siempre se comunicaba desde el respeto y el pensamiento crítico. Más bien, se hablaba sobre los abusos policiales y racistas hacia la comunidad afroamericana desde la óptica de quien contempla el desastre a través de su palacio, sereno, incapaz de percatarse de que los cimientos que pisa también se están tambaleando.
De hecho, en medio de una marea que reclamaba justicia social para George Floyd y las personas afroamericanas, la comunidad migrante y antirracista de España -consciente de las contradicciones y paradojas de la narrativa- advertía sobre la importancia de reflexionar acerca de si en nuestro país y en nuestras fronteras se seguían permitiendo prácticas racistas hacia las personas racializadas y migrantes. Sobre si nuestra sociedad tenía igual de claro que aquí las vidas negras también importan.
La escasa cobertura mediática sobre lo ocurrido la semana pasada en Huelva da la razón a todos aquellos que cuestionaron que el compromiso exacerbado hacia la comunidad negra de EEUU no siempre venía acompañado del apoyo a la lucha antirracista en el Estado español, pues hoy son muchos los que callan ante el desamparo que viven las temporeras y temporeros de Lepe y Lucena del Puerto. Son las personas, medios e instituciones que tampoco alzaron la voz a la hora de denunciar las muertes en el Mediterráneo, la violencia ejercida por Frontex en la frontera europea o la vulneración de derechos humanos en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).
La madrugada del pasado jueves se registraba el tercer incendio producido en los asentamientos chabolistas en los que conviven cientos de personas migrantes ocupadas en el sector agrícola onubense. Una situación dramática que, además, se produce en el contexto de una pandemia global que alcanza un segundo repunte en muchas provincias españolas.
El primero de los incendios tuvo lugar en Lucena del Puerto, dejando a su paso más de 40 chabolas y 2 personas atendidas. Solo un día más tarde, esta vez en la localidad de Lepe, el fuego arrasó con alrededor de 80 chabolas, según organizaciones sociales de la zona como ASNUCI (Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad). En el último de ellos, también en Lepe, iniciado en la madrugada del 17 de julio, se quemaron 70 chabolas y una persona tuvo que ser atendida. En total, alrededor de unos 200 damnificados que han perdido todas sus pertenencias, algunas de ellas imprescindibles a la hora de regularizar su situación en el país: pasaportes, informes médicos, cartas de empadronamiento, solicitudes de asilo, dinero, etc.
Se trata de una consecución de desastres que, para muchos, no tiene un origen casual. “Han quemado tres asentamientos en una semana, justo cuando acaba la campaña de recogida en la zona y ya no les hacemos falta. Además, todos saben que en Lepe se pretende erradicar el chabolismo a la fuerza” nos relatan miembros de ASNUCI. Si bien desde instancias policiales no se ha determinado la causa del fuego, no sería descabellado pensar que hubiera sido intencionado. En cualquier caso, las personas afectadas merecen saber, a través de una respectiva investigación, cuál es la verdad tras los incendios de sus viviendas.
Tal y como reportaba en sus redes sociales Seydou Diop, portavoz de la campaña #RegularizaciónYa y miembro de ASNUCI, las personas que habitaban aquellas chabolas se han visto obligados a dormir a la intemperie, en pleno descampado, junto a cunetas y sobre cartones y otra serie de materiales improvisados. Una situación de desamparo que se ve agravada por la exposición al virus y los efectos de las altas temperaturas registradas en la provincia durante las pasadas semanas. Aquellas personas que han resultado imprescindibles para el sostenimiento de nuestras sociedades, jugando un papel fundamental en el aprovisionamiento de alimentos para las grandes superficies de consumo, se han encontrado en una situación de desprotección absoluta, abocados al sinhogarismo.
Los asentamientos chabolistas presentes en provincias como Huelva o Almería no son, a diferencia de lo que sostienen ciertos actores, el resultado de una nueva “avalancha migratoria”, no está motivada por ningún “efecto llamada” ni mucho menos responde a una estrategia de ahorro económico por parte de los migrantes. La existencia de estos asentamientos, que en Huelva se remonta a hace más de veinte años -cuarenta en el caso de Almería- es la suma de la explotación laboral que muchos de los jornaleros y jornaleras viven en el sector hortofrutícola, la falta de voluntad política por parte de las autoridades locales a la hora de garantizar los derechos sociolaborales de las personas migrantes, sumado a la ausencia de alternativas habitacionales y de viviendas en régimen de alquiler adaptadas a la demanda de los temporeros.
Todo ello, permeado por un racismo institucional que, lejos de construirse como un mantra obsoleto y vacío, atraviesa las vidas de las personas migrantes de manera constante, especialmente para aquellas que se encuentran en una situación administrativa irregular. La vigente Ley de Extranjería 4/2000 está conformada por una serie de normativas que, definiéndose como un instrumento de ‘’control’’ de los flujos migratorios, establece criterios y parámetros con altos niveles de exigencia, dificultando enormemente la obtención de la residencia y el estatus legal a las personas extranjeras y migrantes en nuestro país. De hecho, en el Estado español únicamente existen cuatro vías de regularización: arraigo social, concesión de asilo, matrimonio o reagrupación familiar. Todas ellas con una serie de condicionantes que no todas las personas pueden asumir, como la obtención de contratos laborales de 1 año, empadronamiento o documentos que verifiquen cierta integración en el país.
La dureza de la Ley de Extranjería, además, afecta de manera especial a las temporeras y temporeros del sector agrícola. Al tratarse de períodos laborales con una duración preestablecida, que además no suele alcanzar los doce meses, las personas que quieren regularizar su situación se ven obligadas a enlazar rápidamente unos contratos con otros. Además, el agrícola es uno de los sectores laborales en los que más irregularidades se registran: ausencia de documentos contractuales, trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social, incumplimiento de los Convenios del Campo Provinciales en cuanto a salario y protección laboral se refiere, mantenimiento de prácticas ilegalizadas como el destajo, etc.
Derivado de estas condiciones laborales inestables y precarias, muchos jornaleros y jornaleras que se han visto obligados a ocupar algún tipo de infravivienda, por lo que cuentan con una dificultad añadida a la hora de regularizar su situación: el empadronamiento. Exceptuando algunos casos en los que la presión social ha logrado modificar la normativa -como es el caso de Lepe-, las personas migrantes no pueden empadronarse en los asentamientos chabolistas. De esta manera, se observa una especie de círculo vicioso en el que las personas no pueden regularizar su situación al no figurar en el padrón, lo que a su vez condiciona su acceso a determinados recursos o a otro tipo de oportunidades laborales con mayor estabilidad.
El lema “nadie se queda atrás durante la pandemia” fue apropiado desde diferentes instancias gubernamentales para anunciar una serie de propuestas que, en teoría, garantizaban la salud y seguridad de todas, independientemente de sus ingresos, ocupación laboral, edad o condición social. Meses más tarde y en sintonía con la precedente línea de actuación del gobierno PSOE-Unidas Podemos, se constata cómo las medidas se han seguido pensando para unos pocos.
Para las personas migrantes ni siquiera una situación de extrema excepcionalidad como la vivida estos meses a raíz del COVID-19 y el estado de alarma ha sido razón suficiente para que las autoridades y responsabilidades competentes actuaran aportando alternativas habitacionales y recursos de apoyo para las personas que habitan los asentamientos chabolistas en localidades como Lepe.
De hecho, desde el mes de marzo y a raíz de una propuesta impulsada por jornaleros, vecinos de Lepe y ASNUCI se está llevando a cabo una colecta para financiar un proyecto de albergue para temporeros y temporeras, entendiendo que la situación que enfrentan los migrantes en los asentamientos chabolistas debe combatirse con urgencia. Por ello, ante la falta de soluciones institucionales, ha sido el tejido social de la zona quien ha promovido la iniciativa.
Aunque resulte algo evidente, el 94% de las personas que habitan los asentamientos asegura que no dudaría en abandonar las chabolas si contaran con cualquier tipo de alternativa habitacional digna, según un informe de la Fundación Fecons realizado en 2017. Una preferencia evidente si atendemos a las condiciones de salubridad y habitabilidad con las que cuenta este tipo de infravivienda.
Se trata, en su mayoría, de estructuras construidas a partir de materiales desechados, como palets de madera o plásticos. No cuentan con agua potable, por lo que las personas que lo habitan tienen que desplazarse a fuentes cercanas para obtener el agua o almacenar botellas para desarrollar cualquier tipo de actividad de cocina o higiene. A veces incluso se ven obligados a recurrir a las balsas de riego de las propias explotaciones agrícolas, las cuales en muchos de los casos contienen pesticidas y otro tipo de químicos. Tampoco disfrutan de corriente eléctrica, por lo que las velas o los empalmes de luz son la única fuente de alumbrado en los asentamientos. En cuanto al saneamiento, no existen sistemas de alcantarillado ni de evacuación de excrementos, así como de recogida de basuras y residuos.
En el marco de la emergencia sanitaria, la Junta de Andalucía recibió 2,3 millones de euros destinados a la gestión de los asentamientos de Huelva y Almería. Sin embargo, a día de hoy, los problemas relacionados con la oferta y la demanda de vivienda para jornaleros migrantes sigue sin resultar prioritaria para el ayuntamiento de Lepe. Haya Fofana, miembro de ASNUCI, anuncia que ’’lo único que han hecho las autoridades leperas durante el estado de alarma ha sido contratar un camión cisterna durante dos meses, con un sólo conductor, por lo que terminó siendo el equipo de ASNUCI quien hizo el reparto de agua en los asentamientos’’.
A esta ausencia de alternativas por parte de las autoridades locales se suma un clima de racismo social entre muchos de los vecinos de la localidad, quienes, a pesar de haber recibido propuestas como la reducción de impuestos de arrendamiento, han rechazado poner sus propiedades a disposición de los migrantes. ’’No queremos casas gratis’’ es una de las consignas más repetidas estos días frente al Ayuntamiento de Lepe. Un gran número de voces argumentan que los trabajadores migrantes recurren a la infravivienda como método de ahorro o bien porque las condiciones indignas de las chabolas no difieren tanto de las vividas en sus países de origen. Estigmas que refuerzan el discurso racista y que se encuentran completamente alejados de la realidad. Tal y como apunta Haya Fofana ’’el racismo en Lepe existe, y es un obstáculo a la hora de encontrar un piso; a pesar del gran número de viviendas vacías en el pueblo, cuando buscamos alojamiento ni los bancos ni los vecinos quieren alquilar sus propiedades a personas migrantes’’.
Las condiciones sociolaborales de las temporeras y temporeros en localidades onubenses como Lepe, Palos de la Frontera o Lucena del Puerto han sido señaladas en los últimos años tanto por sindicatos de trabajadores, organizaciones del tercer sector y el movimiento antirracista.
De hecho, uno de los asentamientos que se ha visto afectado fue visitado en febrero por Philip Alston, relator oficial de Naciones Unidas para la extrema pobreza, con motivo de la redacción de un informe sobre pobreza estructural en España. Tras su paso por el asentamiento chabolista, Altson confesó que las condiciones a las que se ven expuestos los trabajadores migrantes que recogen la fresa y la naranja en Huelva podrían ser más deficientes que en cualquier campo de refugiados, según la propia experiencia del relator. Como se ha podido comprobar en la última semana, ni siquiera las alertas de organizaciones internacionales como la ONU han logrado activar protocolos de actuación para una adecuada erradicación del fenómeno chabolista en la zona.
Pero lo cierto es que la vulneración de los derechos humanos y el racismo institucional que deriva en situaciones como la ocurrida la pasada semana en Huelva no son ni casos puntuales, ni sucesos únicos en Andalucía. Durante el estado de alarma, hemos visto cómo los temporeros se han visto abocados al sinhogarismo en Lleida; inspecciones laborales a empresas hortofrutícolas en todo el Estado español han desvelado situaciones de explotación a trabajadores migrantes o cómo los jornaleros han sido acusados de iniciar focos de contagio a la población local, como en Huesca o Albacete.
’’Querían mano de obra y llegaron personas’’ es otro de los lemas utilizados estos días en las concentraciones impulsadas por los jornaleros frente al consistorio. Y no puede ser más preciso. Las personas migrantes juegan un papel fundamental en el éxito de las campañas agrícolas de nuestro país y sus derechos laborales como sembradores y recolectores deben ser garantizados y reconocidos por la sociedad en su conjunto.
Ante la urgencia de la situación, con el tercer incendio registrado en una semana, el pasado viernes decenas de jornaleros y vecinos de Lepe se asentaron en la puerta del Ayuntamiento de la localidad, exigiendo una respuesta adaptada a la emergencia humanitaria que estaban viviendo los trabajadores. Sin embargo, las autoridades locales no atendieron a la inminencia del problema, postergando la cita con los representantes de los jornaleros hasta el lunes 20. Lamine Diakite, representante de la Asociación de Trabajadores Africanos de Lepe advertía: “si las personas que se hubieran quedado en la calle fueran españoles, se habrían ofrecido soluciones de manera inmediata”. Ante la falta de recursos habitacionales, pero también a modo de reivindicación, más de 30 personas han dormido a las puertas del Ayuntamiento de Lepe desde el viernes pasado, ante la mirada cómplice de los responsables políticos y empresariales.
Llegado el lunes, varios representantes de los jornaleros, ASNUCI y la Asociación de Trabajadores Africanos se han reunido con las autoridades de la localidad a fin de exigir una solución inmediata para los damnificados. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento se ha reducido a la oferta de 75 plazas en albergues y hostales durante cinco días, haciendo hincapié en el compromiso de abandonar el alojamiento el próximo viernes. Ante una solución insuficiente y temporal, los compañeros migrantes han negado la propuesta, exigiendo medidas adaptadas a las necesidades de las más de 200 personas que han perdido todo tras los incendios.
Las personas migrantes que habitan los asentamientos de Lepe no están dispuestas a tolerar más excusas, tampoco prórrogas. Porque las vidas negras importan, sea en Lepe o en Minneapolis. Y son las vidas negras las que se encuentran violentadas por las leyes de extranjería, la necrofrontera y los controles migratorios.
Si se erradica el chabolismo, que sea apostando por alternativas de alojamiento adaptadas a las necesidades de las temporeras y temporeros. Los daños sufridos a raíz de los incendios en los días 13 y 17 de julio deben ser reparados de inmediato, con plenas garantías y sin retrocesos. Hoy más que nunca es urgente la regularización inmediata y permanente de todas las personas migrantes, la derogación de la Ley de Extranjería y el cierre definitivo de los CIEs. Tal y como apunta la campaña antirracista #RegularizaciónYa, ’’no se trata de caridad, sino de justicia social’’.
Donaciones para la construcción del primer albergue para trabajadores y trabajadoras temporeras sin hogar en la provincia de Huelva.
Cuenta de ASNUCI: ES53 3187 0098 4933 7537 3317
Destinataria: Asnuci
Asunto: Albergue
