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Red Internacional
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PATEANDO EL TABLERO. Las y los olvidados de Morales y el COE de Jujuy

La pandemia dejó al desnudo un régimen político donde la figura del Gobernador concentra las decisiones con aval del PJ. Los empresarios y su responsabilidad en la pérdida y precarización del empleo. Las y los enfermeros que se ponen de pie. La salida a la crisis es afectando los intereses de grandes empresarios y terratenientes.

Gastón Remy

Gastón Remy Economista, docente en la Facultad de Cs. Económicas de la UNJu. Diputado provincial del PTS - FITU en Jujuy, Argentina.

Miércoles 13 de mayo de 2020 21:15

Editorial en Pateando El Tablero 101.7 Jujuy FM

  • De pronto con el decreto de Emergencia Sanitaria e Epidemiológica el conjunto de decisiones políticas que usualmente centraliza la figura del Gobernador, quedaron a la luz de miles en toda la provincia que reciben por TV las directrices oficiales a través de las conferencias del Comité de Operaciones de Emergencia.
  • Desde la declaración de la pandemia los gobiernos en todo el mundo han apelado a las analogías de la guerra, a modo de cobertura de este mayor verticalismo en la toma de decisiones, bonapartismo en términos marxistas en alusión a las figuras ejecutivas que se posan por encima del resto de los poderes e imponen su voluntad; anulando en algunos casos el funcionamiento de los parlamentos, y en otros, cuando volvieron a funcionar como es la Legislatura de Jujuy, ratificando su carácter de escribanía donde se certifican los decretos del Poder Ejecutivo con el aval del bloque de legisladores del PJ.
  • La negación de las formas republicanas que sostienen los gobiernos, cuenta con el aval de un importante apoyo de masas a partir de cierto “éxito” en la gestión del aplanamiento de la curva de contagios de coronavirus, pese a que aún en materia sanitaria nadie puede cantar victoria. Pero también el mayor decisionismo de los Poderes Ejecutivos trascurre con un alto poder de lobby de grandes empresarios que van marcando la cancha de los gobiernos y por ende, de las grandes mayorías sociales.
  • Así como el presidente, Alberto Fernández, calificó de “histórico” el recorte del 25% a los salarios de los y las trabajadoras de la industria tras la firma de la CGT con la UIA; en la provincia Ledesma propone un recorte del 30% en los salarios de los papeleros y en Aceros Zapla el empresario Taselli ya lo implementó, mientras el gobernador, Gerardo Morales, ha recibido el lobby de los ingenios, las mineras y los grandes productores tabacaleros a quienes se les garantizará la vuelta a sus actividades.
  • El COE será el encargado de dictaminar sobre los protocolos de estas empresas que en su mayoría no se vieron paralizadas, incluso Ledesma desoyó el decreto presidencial que prohibía el trabajo de personas mayores de 60 años, el ministerio de Trabajo tampoco se dio por aludido pese al reclamo sindical. Cosas que pasan pero el COE prefiere hacer oídos sordos.
    En esta abrumadora presencia del Gobernador en sus conferencias del COE, hay otras dos realidades que pese a su existencia corpórea, el COE no quiere registrar.
  • Por un lado, la situación de camilleros y maestranzas contratados por la pandemia que no están cobrando sus salarios, pese a poner el cuerpo en la primera fila al pie del paciente. La falta de pago de los 5 mil pesos extras que en todo el país se dispuso para el personal de la salud. Tampoco se registran las condiciones de precarización estructural de las y los trabajadores de la salud que se encuentran durante décadas con contratos anuales, cobrando salarios entre 20 y 25 mil pesos, cuando la canasta familiar es de 38.271 pesos según la Dipec para una familia de cuatro integrantes o las reemplazantes a quienes no le pagan durante meses sus salarios. Menos aún hay registro de la falta de insumos básicos de limpieza, bioseguridad en los hospitales o testeos de coronavirus periódicos al personal. Lo único que si registra el gobierno es a quienes cuestionan estas condiciones ingresando a sus listas negras de persecución.
  • Por otro lado, las autoridades del COE pareciera que prefieren olvidar las propias estadísticas oficiales. El último reporte de la Encuesta de Indicadores Laborales elaborada por el ministerio de Trabajo de la Nación ubica a Jujuy con un retroceso anual del 6,3% en el empleo registrado respecto de una caída del 3% a nivel nacional. Los empresarios desde el año pasado lideran los despidos en el sector privado respecto del resto del país. Son estos mismos empresarios a quienes el Gobernador y sus funcionarios ayudan a gestionar créditos y subsidios para el pago de salarios en comercios, restaurants, colegios privados, entre tantos otros sectores.
  • Pero también son estos mismos empresarios que desde hace diez años en la provincia y en todo el país mantienen casi congelado el total de empleo registrado. Incluso desde 2018 con despidos vienen multiplicando el desempleo, a la vez, que gestan las condiciones para multiplicar el trabajo en negro y la informalidad de quienes tienen que subsistir de changas y/o de la asistencia social del Estado.
    La inversión (Formación Bruta de Capital Fijo), viene a la baja desde el 2018 en todo el país, luego de un estancamiento que comenzó en 2012 y hoy en la industria la capacidad ociosa es de al menos el 40 %.
  • El argumento liberal del cual se hace eco el gobierno reza que la baja inversión de los empresarios obedece a la alta carga fiscal y a la inseguridad jurídica. Sin embargo, estos empresarios gozan de una rebaja impositiva sin igual, en ingresos brutos los grandes productores ligados a las actividades primarias, apenas pagan una alícuota de 0,75%, entre otras facilidades fiscales profundizadas durante la pandemia; por fuera de lo fiscal, cuentan con un 30% de la población en edad de trabajar que no encuentra un empleo en la provincia, tirando a la baja las condiciones laborales por las cuales los salarios privados en la provincia son un 30% menores que a nivel nacional. La posibilidad de contar con una amplia masa de trabajadores precarios que por muy poco están dispuestos a trabajar extensas jornadas y bajo todo tipo de condiciones flexibles, les permite mantener sus negocios sin arriesgar demasiado, en una economía de bajo crecimiento y que se encamina a una caída de magnitudes este año (6,5% en los pronósticos más optimistas), donde ya anticipan con los despidos, suspensiones y rebajas salariales que no será su virtud inversora la respuesta a la crisis, sino una mayor precarización y flexibilización laboral con tal de salvar sus ganancias.
  • Como venimos sosteniendo hay una batalla programática e ideológica por ser parte de las tareas de organización de aquellas y aquellos olvidados que se quedaron de pie poniéndole el pecho a la pandemia, aquellas y aquellos que se empiezan a levantar tragando tierra y saliva como dice la bella canción del Duende Garnica, se trata de preparar una salida de otra clase a la crisis partiendo de la defensa de los puestos de trabajo, el salario y las condiciones laborales, un salario de cuarentena de 30 mil pesos para todos aquellos que se quedaron sin ingresos, para ello no queda otra que afectar los intereses de los dueños del país.

Gastón Remy

Economista, docente en la Facultad de Cs. Económicas de la UNJu. Diputado provincial del PTS - FITU en Jujuy, Argentina.

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