En un fallo dividido, el tribunal decidió confirmar la condena de Lázaro Báez en el circuito de lavado de dinero, pero bajando de doce a diez los años de prisión, y estableciendo que solamente la evasión fiscal y no la causa Vialidad, son el delito precedente.
Martes 28 de febrero de 2023 18:06
La Cámara Federal de Casación confirmó la condena de primera instancia del empresario Lázaro Báez por lavado de dinero en la causa denominada mediáticamente “ruta del dinero K”, aunque redujo la condena de doce a diez años de prisión, y absolvió a sus hijas. Para que exista el delito de lavado de dinero, se debe establecer qué delito precedente originó ese dinero; en la sentencia de hoy Casación consideró que fue la evasión fiscal y no la corrupción de la obra pública de Austral Construcciones investigada en la causa Vialidad, lo que derivó en el lavado de activos.
La sala IV de la Cámara, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma falló con voto dividido respecto la sentencia de primera instancia a cargo del Tribunal Oral Federal 4; Borinsky y Ledesma fueron quienes por mayoría decidieron atribuir como delito precedente la evasión fiscal, en consonancia con el criterio de minoría expuesto por la jueza María Gabriela López Iñíguez en el juicio. Sin embargo, Carbajo en su voto de disidencia mantuvo la postura de la sentencia de primera instancia donde se incluye como delito precedente el origen de fondos provenientes de la obra pública, investigados en la causa “Vialidad”.
Este es un dato a destacar, ya que podría tener alcances en las condenas por la causa Vialidad. Recordemos que en noviembre del 2022, el TOF 2 condenó a Lázaro Baéz a seis años de prisión, y también a Cristina Fernández de Kirchner por defraudación al Estado, junto a exfuncionarios de sus gobiernos previos, en el juicio que investiga si hubo desvío fraudulento de fondos en favor de Austral Construcciones a través de la obra vial de Santa Cruz. Los fundamentos de esa sentencia se conocerán el 9 de marzo.
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Borinsky y Ledesma sostuvieron en la sentencia de casi mil páginas que “El tribunal ha analizado los diversos indicios existentes para tener por acreditado el nexo causal con respecto a este caso, haciendo expresa alusión a los elementos probatorios incorporados al juicio oral, así como a los períodos fiscales señalados; en el supuesto de vialidad, decidió suplantar el análisis de la prueba por la remisión a las constancias escritas de ese proceso (requerimiento de elevación a juicio), lo que torna evidente la arbitrariedad de la decisión” y agregaron que “Está suficientemente fundado el ilícito precedente derivado de los casos de evasión tributaria”.
Asimismo, el fallo confirmó la existencia de un mecanismo societario y financiero sofisticado, incluyendo la utilización de sociedades “pantalla” para eludir los controles fiscales, permitiendo el movimiento de dinero por transacciones en distintos bancos internacionales, y su repatriación mediante operaciones de aparente legalidad, por una suma total equivalente a U$D 54.870.000 durante el 2010 y 2013, monto que coincide con las evasiones fiscales precedentes efectuadas por Lázaro Báez. La condena estableció multas por 330 millones de dólares y decomisos por 65 millones de dólares. Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas, Lázaro Antonio Báez, Martín Antonio Báez, Jorge Leonardo Fariña, Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco, Fabián Virgilio Rossi, César Gustavo Fernández, Juan Alberto De Rasis, Julio Enrique Mendoza, Leandro Antonio Báez, Walter Adriano Zanzot, Federico Elaskar, Martín Andrés Eraso, Claudio Fernando Bustos, Carlos Juan Molinari, Daniel Alejandro Bryn y Alejandro Ons Costa. Las dos hijas de Báez, Melina y Luciana, fueron absueltas.
Borinsky, uno de los firmantes de la sentencia, fue parte de la "mesa judicial" macrista, frecuentando la Quinta de Olivos mientras Mauricio Macri era presidente y luego, dandole impunidad al fallar en contra de la causa de Santiago Maldonado. No hay dudas de las relaciones profundas entre la casta judicial y la oposición patronal, pero también como denunció Myriam Bregman, un espionaje ilegal del cual la justicia es parte.
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La noticia de hoy es parte de los nuevos movimientos que se esperan este año en Comodoro Py. Casación tiene pendiente la revisión de los juicios por el Memorándum con Irán y por la causa Hotesur-Los Sauces, donde la vicepresidenta fue sobreseída. También el procesamiento de Mauricio Macri por el espionaje ilegal de la AFI a los familiares del ARA San Juan. Pero la podredumbre del régimen político queda cada día más a la vista de millones, donde el manejo de las causas judiciales, la judicialización de la política contrasta con los grandes padecimientos que la crisis y el ajuste trae a las y los trabajadores.
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La agenda judicial "permanente" aparece a ambos lados de la denominada "grieta", ya que frente a la falta de logros y de propuestas para mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, oficialismo y oposición de derecha fijan su atención en la judicialización de su pulseada por el poder, ajenos a los padecimientos de los y las trabajadoras, mujeres y jóvenes.