La multinacional estadounidense no pudo demostrar ante el Tribunal las falsas acusaciones que incluso hizo públicamente contra la Comisión Interna.
Jueves 5 de noviembre de 2015
Fotografía: Enfoque Rojo / Malena
Este último viernes (30/10/15) se llevó a cabo la audiencia de vista de causa en el Tribunal de Trabajo N° 6 de San Isidro, donde la empresa debía probar las acusaciones que había hecho contra los delegados durante el conflicto del año pasado, en el marco del juicio que tenía por objeto la exclusión de su tutela gremial para despedirlos; particularmente, para despedir a Rubén Matu, el único miembro de la Comisión Interna que al día de la fecha continúa en la fábrica, tras ese gran conflicto de clase que protagonizaron los trabajadores de Lear, en el que conquistaron y sintieron el apoyo de millones que querían el triunfo de su lucha como una barrera contra los despidos.
Las acusaciones de Lear para desaforar a la Comisión Interna eran muchas: que las medidas de fuerza no habían sido decididas por el SMATA ni por asamblea de trabajadores sino a título personal por los delegados, realizadas unilateralmente, incluso en contra de los trabajadores, sin comunicación al SMATA ni al Ministerio de Trabajo; que no se trataba del legítimo ejercicio del derecho de huelga, sino de “actos de indisciplina”; etc. Asimismo, la empresa intentaba justificar la exclusión de tutela a partir de las múltiples causas penales iniciadas contra los trabajadores, por las diferentes protestas llevadas a cabo en la Panamericana y frente a la fábrica.
Sin embargo, Lear al no poder demostrar estas acusaciones en la audiencia ante el tribunal, desistió del juicio argumentando que Matu ya no es más delegado y por lo tanto ya no tiene más fueros. Más allá que al día de hoy se encuentra vigente una medida cautelar dictada el 29 de julio del año pasado y confirmada por la Cámara Laboral el 28 de abril de este año que ordena no innovar en su cargo de delegado, lo cierto y concreto es que la empresa no pudo demostrar ante el Tribunal las falsas acusaciones que incluso hizo públicamente contra la Comisión Interna en el conflicto y por ello desistió.
Recordemos que la multinacional buitre de Lear inició a fines de mayo del año pasado un brutal ataque contra la Comisión Interna y el activismo de la fábrica, suspendiendo primero a 330 obreros y obreras, y despidiendo luego a 220 de ellos. Como respuesta a los despidos y a pesar de hallarse todo el activismo afuera de la fábrica, la asamblea de trabajadores decidió disminuir la producción al interior del establecimiento, mediante un quite de colaboración.
A partir del día siguiente (1/07/14), Lear negó ilícitamente a los delegados el ingreso a la fábrica, e intentó justificar su ilicitud con una presentación al Ministerio de Trabajo. Unos días más tarde inició el juicio de exclusión de tutela que finalmente desistió el pasado viernes. En este marco la patronal incumplió sistemáticamente las diversas órdenes judiciales de reinstalación de los delegados, a quienes casi dos meses después se les permitió el ingreso para confinarlos en una jaula y someterlos a la acción de una patota dirigida por miembros de la Lista Verde oficialista del SMATA, liberada por la patronal con el exclusivo fin de hostigarlos, insultarlos y violentarlos.
Era claro que la Comisión Interna funcionaba en base a la asamblea del conjunto de los trabajadores; que había sido electa en noviembre del año 2011 por la mayoría de estos, quienes habían rechazado en una masiva asamblea realizada en la propia planta un intento de revocatoria de los mandatos impulsado por el SMATA, con la presencia del propio Manrique (Secretario Adjunto del Sindicato) durante el año 2012, y que los delegados habían sido re-electos por una abrumadora mayoría del 70 % en noviembre del año 2013, por lo que mal podría hablarse de relación “distante, autoritaria y de continuo hostigamiento” hacia la base; que el SMATA y el Ministerio de Trabajo Nacional habían sido notificados por la Comisión Interna de todo lo ocurrido desde el primer día del conflicto, contradiciendo lo afirmado por Lear en el sentido de que las medidas de fuerza dispuestas por la asamblea de trabajadores habían sido intempestivas, unilaterales, o “inorgánicas”. Fue claro ante millones de personas que los obreros lucharon con uñas y dientes por su reinstalación, por su fuente de trabajo, por realizar la consigna de “familias en la calle nunca más” y que la legitimidad de las medidas de fuerza de los trabajadores mal podían estar condicionadas a un aval del SMATA, cuando la burocracia era parte del bloque patronal y había intentado en pleno conflicto y en dos oportunidades, el 17/07/14 y el 20/08/14, la revocatoria del mandato de los delegados, pretendiendo dejar a los trabajadores sin representación gremial en momentos en que éstos más la necesitaban, mandando patotas contra los trabajadores en lucha, profiriendo su principal dirigente –Pignanelli- manifestaciones altamente discriminatorias en contra de la interna en múltiples entrevistas e intervenciones públicas; fue claro que los piquetes en la fábrica y los cortes en la panamericana no eran delitos de derecho penal sino que, por el contrario, eran expresiones del legítimo ejercicio del derecho de protesta de los trabajadores, así como lo dispuso la justicia Federal que dictó el sobreseimiento de los manifestantes por los cortes de la Panamericana.
En definitiva, Matu junto con los abogados del CeProDH y los testigos llegamos a la audiencia del viernes 30/10 para seguir con esta pelea, esta vez, ante los estrados del Tribunal del Trabajo N° 6 de San Isidro. El juicio lo había iniciado Lear, y nosotros éramos los acusados. Estábamos en la Sala de Audiencias para defendernos, dispuestos a refutar cada uno de los hechos afirmados por la empresa, y a probar una realidad totalmente distinta a la que surgía de las mentiras patronales. Afuera, una gran delegación obrera nos acompañaba: obreros y obreras de Cresta Roja, Metalsa, Kraft, MadyGraf (ex Donnelley), Hutchinson, Printpack, docentes de Tigre, obreros y obreras de Lear, y de múltiples fábricas y lugares de trabajo, contando la delegación con la presencia destacada de Víctor Ottoboni (delegado de FATE) y de Catalina Balaguer (delegada de PepsiCo).
Fue entonces que de manera unilateral Lear desistió del juicio para evitar una sentencia adversa por la carencia de pruebas. Era allí donde tenía la oportunidad de lograr algún aval de la justicia para avanzar contra Matu, sin embargo, desistió.
Lear no pudo demostrar las acusaciones a Matu y esto es para ellos un revés aunque sabemos que eso no significa que abandonen su propósito antiobrero y antisindical de sacarse de encima a todo el que los cuestione.
Seguiremos defendiendo a Rubén Matu, los compañeros reinstalados y el conjunto de los trabajadores de Lear que continúan sufriendo día a día la prepotencia de esta multinacional estadounidense.