A continuación les dejamos a las y los lectores de La Izquierda Diario la exposición completa de Dauno Tótoro en la Comisión de DDHH de la Convención Constitucional, donde denunció su caso de persecución política y exigió que la Convención decrete la libertad de los presos políticos de la rebelión.
Jueves 26 de agosto de 2021
Vengo a dar a conocer y a denunciar mi caso. Un caso de persecución política llevada adelante por el gobierno de Piñera a través de la Intendencia encabezada por Felipe Guevara. Persecución política como la que ha impulsado el gobierno criminal contra tantos otros compañeros o compañeras quienes pagan con prisión los ataques del Estado, por haberse movilizado, como Nicolás Piña, preso desde el 13 de febrero del 2021, en un claro montaje en su contra, donde la Fiscalía y la Justicia se han ensañado en contra de Nicolás, y la semana pasada extendieron la prisión preventiva por 2 meses más, sin pruebas concluyentes ni suficientes, sólo con el afán de castigar a quienes fueron parte de la rebelión.
El gobierno se querelló en mi contra en noviembre del 2019 mediante el artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, por “incitar a la subversión” y la caída del gobierno. Su argumento se basaba en un video en el cual yo planteé la necesidad de sacar a Piñera e instalar una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que no tuviese ninguna institución por encima de ella, para acabar con el régimen heredado de la dictadura.
El 18 de noviembre el 7mo Juzgado de Garantía desestimó la querella, por estar mis declaraciones en el marco del legítimo derecho a la libertad de expresión. Pero el gobierno insistió y la Corte de Apelaciones aceptó reabrir el caso el 13 de diciembre del 2019. En mayo del 2020, el gobierno tuvo que reconocer su derrota legal y bajaron la querella que había levantado a través de los abogados Zaliasnik, Bofill y Donoso, abogados emblemáticos de políticos y empresarios corruptos en casos como Penta o Cascadas.
En Chile hay persecución política y hay prisión política. En mi caso la persecución fue por mis ideas, pero la prisión política es más amplia, La Comisión Europea con sede en Estrasburgo y la Comisión Nacional sobre prisión política y tortura del 2005 en Chile señalan una serie de categorías que dan a entender una visión más amplia de la prisión política: existen diversos criterios, tales como el irrespeto a las garantías fundamentales de los detenidos, mayor rigor en las normativas jurídicas aplicadas en los procesos en comparación con otros casos, como por ejemplo la prisión preventiva o las medidas cautelares en general y un largo etcétera que da cuenta de la prisión política en Chile.
Pero las reiteradas y sistemáticas violaciones a los DDHH, que incluyen prisión, mutilaciones, torturas, asesinatos y persecución política, que se desarrollaron durante la rebelión popular de octubre del 2019 y que han constatado organismos internacionales, no caen de la nada, no son sólo responsabilidad política de este gobierno de Piñera. Son parte de la práctica estructural del Estado chileno. El dato más certero en ese sentido es que a marzo de este año la Fiscalía había cerrado sin pruebas el 46% de las causas por violaciones a los DDHH, y del otro lado, solo hay 1 condnado de Carabineros con la “pena” de libertad vigilada. Esto es claro: impunidad para los represores, cárcel y castigo para los luchadores.
Estas violaciones a los DDHH parten producto de la impunidad del ayer, de la dictadura militar, donde sus representantes políticos y dirigentes mayores no pagaron jamás por sus responsabilidades, como el Jorge Arancibia aquí presente, edecán del dictador, amigo de genocidas. Es un verdadero insulto su presencia en esta comisión para todas las familias de las víctimas de la represión.
Y la dictadura instaló un modelo de represión que la Concertación de alguna manera continuó, reprimiendo a organizaciones de izquierda con La Oficina a través de la tortura, la delación y la infiltración, reprimiendo también a trabajadores y jóvenes movilizados y al pueblo mapuche, levantando montajes como el Caso Huracán. Muy bien sabe de aquello el señor Felipe Harboe aquí presente también, quien cuando era subsecretario del Interior de Bachelet apoyó la tesis de un enfrentamiento en el asesinato de Matías Catrileo, cuestión que se desmintió, probando que Matías fue asesinado por disparos en su espalda por Carabineros. Tal como Chadwick y Felipe Kast trataron de instalar la tesis del enfrentamiento en el caso de Catrillanca. La derecha imitó muy bien a sus socios de la Concertación, una coalición especializada en reprimir comunidades mapuche.
Aquí me detengo para hablar de la impunidad latente en Chile, antes incluso del 2019. Hoy se conmemora el día de las víctimas de violencia policial, porque hace 10 años asesinaron a Manuel Gutiérrez, joven de 16 años que fue baleado por un Carabinero en el marco de las protestas del histórico movimiento estudiantil. Y el Sargento Millacura, quien asesinó a Manuel, ya que disparó con arma de guerra a civiles desarmados que miraban las movilizaciones, se mantiene en la impunidad.
Así son decenas los casos de jóvenes populares asesinados por la violencia policial especialmente en las periferias o en las regiones como el caso de Luciano Villanueva, de Parral, asesinado al interior de su hogar por efectivos policiales. Su asesino, el sargento Juan Morales Cortés, quien le disparó por la espalda, siguió cumpliendo funciones en Carabineros. Lo mismo los otros 3 efectivos policiales que lo acompañaban cuando irrumpieron en la casa de Luciano. Este es otro caso de impunidad ocurrido el 2014. Hay muchos otros. Los invito a conocer el trabajo de la Agrupación de Víctimas de Violencia policial, que nace a raíz del caso de Manuel Gutiérrez y ha tomado diversos casos de bajo conocimiento público. Es que esa impunidad, esa represión y esos montajes son sostén de las violaciones sistemáticas a los DDHH hoy y durante la rebelión.
La Convención Constitucional le hizo un gran favor a esos responsables políticos de la represión durante la rebelión al no declararse soberana, aceptar su sumisión a los poderes previamente establecidos, señalando explícitamente que no pretende “arrogarse atribuciones de otros poderes del Estado”. No sólo porque no decretaron una vía para enjuiciar a los represores, también porque no, por ejemplo, no decretaron la libertad de los presos políticos como primera medida y dejaron la Ley de Indulto en manos del antipopular Senado y de esta justicia de casta de jueces designados a dedo que se han encargado de establecer la impunidad para los represores y la prisión para los luchadores. La Convención debe decretar la libertad de los presos y no reconocer a los poderes constituídos, administradores del “Chile de los 30 años”.
No olvidemos que la derecha y la ex Concertación son minoría al interior de este organismo. De hecho hasta ahora lo que se conoce como la Lista del Pueblo no ha sido consecuente con la declaración de la Vocería de los pueblos del 8 de julio donde planteaban la defensa de la soberanía de la Convención. Eso no ha ocurrido.
Durante estas semanas de instalación la Convención se ha visto a ojos de amplios sectores como totalmente ajena a las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras, incluso cayendo en la trampa de la derecha y su campaña de desprestigio respecto a las asignaciones, en vez de decidir de una buena vez, que los convencionales cobren lo mismo que una profesora, cerrando de una vez por todas ese flanco abierto por la derecha.
Mientras sigan decidiendo los mismos de siempre no habrá justicia por Cristián Valdebenito, por Mauricio Fredes, por Romario Veloz, por los asesinados, por los más de 500 mutilados oculares, por Mario Acuña, por los más de 800 presos y ex presos políticos que siguen abiertas sus causas al día de hoy o están cumpliendo injustas condenas.
Una de las tareas de una comisión de verdad debería ser que se esclarezcan las responsabilidades no sólo de quienes dispararon, sino de quienes mandaron a disparar, como Chadwick, Blumel, Piñera y Delgado, Galli y tantos más, reconociendo que esta práctica de represión y de violación a los Derechos Humanos es una práctica permanente de este Estado y este régimen heredado de la dictadura militar, dirigido tanto por la derecha como por la ex concertación y que está al servicio nada más que de los dueños del país, del gran empresariado que se ha enriquecido con la privatización de los recursos naturales, de empresas públicas privatizadas en dictadura y de los derechos de las grandes mayorías.
Nuestra lucha contra las violaciones a los DDHH y contra la represión está íntimamente ligada a los motores de la rebelión de octubre, a acabar con la herencia de Pinochet, a terminar con el saqueo de los 30 años y todas sus miserias.
