José María Canelada (UCR) presentó un proyecto de ley para agilizar la vía judicial de los desalojos a las familias sin techo.
Sábado 10 de octubre de 2020 18:42
Las tomas de tierras por parte de familias que reclaman un techo donde vivir se han multiplicado en los últimos meses producto de una crisis económica y social que ha empujado a más del 40% de la población a la pobreza y la indigencia.
Al mismo tiempo ha encendido la alarma del oficialismo y la oposición que, en lugar de buscar una solución para este profundo problema social, cierran filas en nombre de la "propiedad privada" y piden agilizar las vías para el desalojo mediante la fuerza pública. El proyecto estipula un plazo de 10 días para que se expidan las partes, el juez dicte sentencia y proceda a ordenar el desalojo.
"El derecho a la propiedad privada se encuentra consagrado en la Constitución Nacional. En Tucumán no se puede seguir mirando para otro lado mientras las usurpaciones avanzan. Al contrario, las que deben avanzar son leyes que protejan los derechos constitucionales de los tucumanos", sostuvo Canelada.
Pero el legislador no contempla que el derecho a una vivienda, a un sustento y condiciones de vida dignas también son derechos constitucionales, sistemáticamente vulnerados para las grandes mayorías. Cuando oficialismo y oposición hablan del derecho a la "propiedad privada", se ponen del lado de los grandes propietarios y terratenientes.
De acuerdo al mapa elaborado en 2015 por la Secretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública, se calcula que en la provincia existían para ese entonces unas 186 villas. En cada lote o vivienda conviven hasta tres generaciones. La población que vive en viviendas precarias (casillas, ranchos, con piso de tierra o ladrillo al aire, sin acceso a la red de agua y cloacas) alcanza al 12% de la población en la capital, llega al 32% en departamentos como Cruz Alta y toca picos del 40-50% en departamentos como Simoca o Graneros.
Del otro lado encontramos que 60 familias (menos del 1% de los terratenientes) concentran el 52% de las tierras de la provincia. Semejante concentración de tierras es el resultado histórico de la expropiación de las amplias mayorías. Sin embargo, este tipo de acaparamiento del suelo provincial no está en cuestión para los partidos del régimen.
El proyecto de "desalojo exprés" de Canelada se inscribe en una cruzada nacional contra las familias sin techo, que tiene a la toma de Guernica, con sus 2500 familias, como foco de atención nacional. Peronistas y macristas abogan por el desalojo.
Es necesario rodear de solidaridad a las familias de todas y cada una de las tomas de tierra en su lucha por una vivienda digna.
