El bloque del PJ en la sesión del 31/07 propuso tratar el proyecto de ley de cobro de la atención en el sistema de salud publico estatal a extranjeros, de autoría de Jenefes. Una política discriminatoria y violatoria de lo establecido por la constitución nacional y convenciones internacionales, que coincide con la política del ex gobernador Morales, de cobro de la atención sanitaria a migrantes, que luego llevo al cobro a quienes tienen obra social y, finalmente, reducir al mínimo la atención de la población sin obra social.
Lunes 5 de agosto de 2024 00:05
Los diputados provinciales del Partido Justicialista proponen una ley de cobro del servicio de atención sanitaria, en el sistema de salud público estatal a extranjeros transitorios y precarios, de autoría del diputado Juan Jenefes. Su argumento es que no hay reciprocidad en cuanto a la atención sanitaria en el sistema estatal de salud entre los países limítrofes y el nuestro. En la alocución del presidente del bloque legislativo del PJ, Rubén Rivarola, para pedir la reserva para el tratamiento del proyecto pusieron como ejemplo de la falta de reciprocidad en materia de atención sanitaria pública y gratuita a la relación con el estado plurinacional de Bolivia, donde supuestamente los argentinos no son atendidos gratuitamente, lo que el diputado no dijo es que el sistema de salud estatal en Bolivia incluso para la población de este país es muy precario, solo brinda atención mínima, no garantiza una atención gratuita de calidad, esta altamente arancelado y a su alrededor prolifera el sistema de salud privado. Por lo que consideramos que los fundamentos y la política de este proyecto de ley que impulsa el bloque del PJ son discriminatorios, anti constitucionales y regresivos en materia de derechos adquiridos.
Mientras por un lado el PJ Jujuy dice oponerse al ajuste económico y quita de derechos adquiridos de sectores laborioso y populares que busca imponer la presidencia Milei, y fustiga contra la diputada nacional de su bloque -Moises- que voto a favor del RIGI que entrega los recursos naturales a grandes empresas violando los derechos de pueblos originarios y la soberanía del país, por otro lado impulsa una ley como el cobro de la atención sanitaria a extranjeros, que quita a estos un derecho humano básico, con el único fin de desguasar más aún el sistema de salud estatal, público y gratuito, y que los extranjeros que tengan acceso paguen su atención en las clínicas privadas de las cuales algunos funcionarios y legisladores son dueños, y los que hermanos y hermanas inmigrantes que no puedan abonar ni siquiera al precario sistema de salud estatal empeoren en su enfermedad y hasta lleguen a morirse en la provincia por falta de atención médica. Solo la sociedad pensada desde la perspectiva de la sed de lucro empresarial lleva a estas políticas reaccionarías, discriminatoria y anti constitucionales, por lo que es necesario desde las organizaciones obreras y populares oponerse hasta lograr que retiren este proyecto de ley y en el caso de ley ya aprobada bajo el gobierno de Morales esta sea derogada.
Además, es preciso dar cuenta, que son argumentos idénticos a los que presento Gerardo Morales en 2019 (ley 6116 Sistema Provincial de Seguro de Salud para Extranjeros) cuando al inicio de su gestión gubernamental planteó que el cobro a extranjeros y migrantes de la atención sanitaria iba a permitir al estado provincial recaudar fondos para mejorar el sistema de salud estatal público y gratuito, y esta a la vista que esto no ha ocurrido, al contrario se empezó cobrando a los extranjeros e inmigrantes, luego se pasó a cobrar a las familias trabajadoras y sectores populares que tienen acceso a una obra social, y nos encontramos con una atención sanitaria reducida al mínimo para todo la población, mucho más para una cantidad de familias que no cuentan con obra social porque trabajan precarizadas, se encuentran en la informalidad o están desocupadas.
Pero a la par de esta lenta restricción del sistema salud estatal publico y gratuito para extranjeros y comienzo de arancelamiento para estos, ha crecido exponencialmente el negocio del servicio de salud privada, con un notorio crecimiento del sanatorio Los Lapachos, propiedad del diputado nacional de La Libertad Avanza y otrora candidato del PJ, Manuel Quintar, y el Sanatorio Nuestra Señora de Fátima, del que es dueño el diputado provincial y presidente del bloque del PJ en la legislatura, Rubén Rivarola. También funcionarios de la UCR incursionan en el negocio de la salud privada, como es el caso de los ex diputados nacionales y ministros de salud de Jujuy, Bouhid y Fiad. Por lo que no es casual que el PJ sea el principal animador e impulsor de este proyecto de ley, y tenga la venia de la UCR, que prefirió mantenerlo en comisión para ultimar detalles en el articulado, pero no porque tenga diferencia con el mismo.
Alertamos al pueblo trabajador sobre este proyecto de ley, que así como lo hizo el ex gobernador Morales, esconden en el cobro de atención médica sanitaria estatal, pública y gratuita a migrantes y extranjeros, un mayor arancelamiento del sistema de salud público, una reducción al mínimo de la atención básica a familias que no cuentan con obra social y un mayor crecimiento del negocio de la salud privada, que gerencias miembros de los bloques legislativos provinciales del PJ y UCR como también diputados nacionales de La Libertad Avanza.
