ARBITRAJE REAL. Legitimando al monarca: Podemos pide a Felipe VI que designe “al candidato de mayor consenso”

El proceso fijado por la Constitución de 1978, que recordemos, restableció a la Monarquía derribada en 1931 por el inicio de la revolución española, sitúa ahora al Rey como el engranaje clave de la actividad política previa a la investidura del futuro presidente.

Siguiendo sus prerrogativas constitucionales, Felipe VI inició este lunes la ronda de contactos con los representantes de los partidos -de menor a mayor presencia parlamentaria- para, una vez entrevistado con las 14 formaciones del Congreso de los Diputados, proponer un candidato a la presidencia del Gobierno.

Pero la tarea no es sencilla. Este lunes, al comienzo de la ronda, el Rey insinuó a los partidos que ve difícil la investidura, algo obvio para cualquiera. Las elecciones del 20 de diciembre abrieron un nuevo panorama político en el Estados español de profunda disgregación política, un escenario inédito en las últimas décadas en las que el bipartidismo PP-PSOE fue un firme garante del régimen del ’78.

La irrupción por izquierda de Podemos en el Parlamento -y en menor medida de Ciudadanos-, es la que ha marcado este nuevo tiempo político. Un tiempo, agita la prensa urbe et orbi, teñido por la “nueva política” y la “renovación”. Pero no todo parece muy nuevo que digamos.

El partido de Pablo Iglesias, paladín de la “renovación”, apuesta por empezarla en el acto inaugural de la legislatura nada menos que pidiendo al Rey que haga un buen ejercicio del privilegio antidemocrático que le faculta a designar el candidato a la presidencia del Gobierno.

En un mensaje difundido por su secretaría Política, que dirige Iñigo Errejón, asegura que: “El nuevo rey debe mostrar su neutralidad y buscar al candidato de mayor consenso”. Aunque no expone quien sería tal “candidato de consenso”, no es difícil interpretar que éste sea el líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Si Felipe accediera al respetuoso pedido de Podemos, sería la primera vez que el jefe del Estado –porque recordemos también que el Rey es el “jefe de Estado”- no señala como candidato a presidir el Gobierno al candidato más votado, sino a uno que se le antoje el mejor candidato. De 1978 a esta parte, la aritmética parlamentaria había puesto fácil este trámite, puesto que el partido ganador de las elecciones contó en todos los casos con la suficiente ventaja y/o los apoyos para lograr formar gobierno.

Pero este no es el hecho fundamental. Lo relevante (e insólito) es que con su pedido, Podemos legitima “desde la izquierda” la posición del monarca como árbitro y salvaguarda del Régimen que le otorgó sus privilegios, y ayuda a fortalecer la naturalización de que el hijo del heredero de Franco sea el ecualizador político en una situación de crisis y fragmentación. Una posición, volvamos a recordar, heredada del rol que jugó su padre Juan Carlos I.

Ya en los primeros años de reinado, Juan Carlos I fue una pieza clave para el diseño del nuevo régimen político nacido del pacto del ’78. Monitoreando desde Zarzuela el cambio de chaqueta de buena parte del aparato político y estatal de la Dictadura, cooptando las nuevas élites “democráticas” provenientes de los dirigentes de la oposición, marcando las líneas rojas de continuismo e incluso operando detrás de la trama golpista del 23F que significó el cierre reaccionario definitivo de la Transición, su rol de árbitro fue manifiesto.

Este papel fue justamente el que consolidó a la Corona y permitió que durante 30 años Juan Carlos I jugase un rol regulador clave entre todos los agentes del régimen político (y de forma especial, recordemos también, como “abogado” de las multinacionales españolas en el extranjero).

Ante el descrédito de un Rey que había amparado la corrupción de su hija y yerno –que ahora están siendo juzgados- o cazaba elefantes mientras el país se hundía, su abdicación en favor de su hijo fue la manera de garantizar tanto la continuidad de una institución reaccionaria como la Monarquía, como de su papel de garante del Régimen.

Así, Felipe VI apareció como un monarca joven y “renovador”. Ya en su primer discurso navideño, no dejemos de recordar, se sumó a las voces que comenzaban a habar de la “regeneración” y la apertura de una “segunda Transición”, para garantizar que de tener lugar sea aún más gatopardista que la del ‘78.

Pero al mismo tiempo, el nuevo Rey vino a apuntalar la “unidad de España” frente al desafío que supuso la emergencia de la cuestión catalana en 2012, que desató un movimiento de masas sin precedentes en Catalunya como expresión de las profundas aspiraciones de conquistar el derecho a decidir.

Este doble rol de Felipe VI quedó patentizado en su último discurso de navidad, hace pocas semanas. Desde el Salón del Trono del Palacio Real, el heredero del heredero de Franco, se mostró como el “bunker” de la segunda Transición, ejerciendo más que nunca su rol de árbitro bonapartista en favor de garantizar la unidad de España y que la “regeneración” sea lo más cosmética posible.

Tanto Podemos como las candidaturas territoriales con las que confluyó el pasado 20-D (En Comú Podem, En Marea y Compromís-Podemos) participaran de la ronda de contactos. La recepción en Zarzuela de los cuatro grupos en forma diferenciada es vista por Podemos como un reconocimiento implícito a su naturaleza independiente y, por extensión, a su reivindicación de un grupo propio. Así lo señala en el citado comunicado el partido de Iglesias, diciendo que “la recepción de las confluencias plurinacionales refuerza nuestra propuesta de cuatro grupos parlamentarios”. También en este terreno, Podemos busca en el Rey la legitimidad de su propuesta política.

“Felipe VI abre ronda de conversaciones con partidos políticos. Parece claro que la importancia de lo que antes era un mero rol formal demuestra que vivimos ahora una Segunda Transición”, asegura Podemos en el mismo comunicado.

Que distinta de la actitud de EH Bildu, cuyas bases decidieron en asambleas locales que sus dos diputadas -Marian Beitialarrangoitia y Onintza Enbeita- no acudan a la recepción con el rey Felipe VI, prevista inicialmente para este martes. “No nos sentimos súbditas del rey de España, y no actuaremos como si lo fuéramos, han afirmado Enbeita y Beitialarrangoitia. Y por si faltaban argumentos, agregaron que “la monarquía es el mayor símbolo del carácter antidemocrático” del Estado español; “Es garantía de las épocas más oscuras. Juan Carlos I, Felipe VI... los monarcas españoles habidos y por haber, tienen una misión clara: cerrarles el camino a los pueblos que libremente quieren decidir su futuro”.

La figura del rey es un pilar clave del Régimen político y la crisis política actual le obliga a tomar partido de una forma cada vez más abierta en su defensa. El rol de árbitro de Felipe VI, a quien hoy Podemos le pide que juegue un rol “neutral”, pone al descubierto que el regeneracionismo del Régimen del ‘78 es una utopía reaccionaria. Una política que se proponga llevar adelante un mínimo propósito democratizador, tiene indefectiblemente que llevar entre sus banderas el fin de la Monarquía. Lamentablemente, ese no parece ser el propósito de Podemos y su “juego de tronos”.