A 36 años de la finalización de la guerra de Malvinas, a 11 años de iniciada la causa, 18 de los 95 militares denunciados por torturas, serán indagados por la Justicia Federal.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Jueves 6 de diciembre de 2018 22:36
El juez federal de Ushuaia Federico Calvete citó a indagatoria a 18 de los militares denunciados en la causa en la que se investigan las torturas padecidas por los soldados que en 1982 participaron en la guerra de Malvinas.
“El llamado a prestar declaración indagatoria constituye un verdadero punto de inflexión, por primera vez en más de una década, los denunciados estarán frente a frente con el Juez, y se les expondrán los delitos de los que los acusa”, señaló a Télam Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM.
Por su parte, el secretario de Derechos Humanos del Cecim, Ernesto Alonso celebró la decisión, al señalar que es una forma de “alimentar la esperanza de consagrar la verdad y la justicia” para con los excombatientes "que fueron víctimas de los abusos cometidos por sus superiores en aquel enfrentamiento bélico".
Documentos desclasificados durante el gobierno anterior, relacionados con la guerra de Malvinas, dan cuenta de los abusos que padecieron los jóvenes soldados en las islas por parte de los oficiales argentinos. Entre los informes constan golpizas a quienes se atrevían a salir de las trincheras para buscar comida, patadas en los testículos, enterramientos en fosas, entre otras vejaciones. Por eso el Cecim solicita que un grupo de oficiales y suboficiales sean juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad.
La causa que se sigue en Tierra del Fuego investiga unos 120 casos denunciados por conscriptos al retornar de la guerra, recogidos por oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas que confeccionaban las actas que se hallaron al desclasificar los archivos. Estos documentos no sólo dan cuenta de las torturas sufridas por los soldados, sino que además se conocen las medidas que tomó la Junta Militar para que estas denuncias nunca se conocieran.
Sobre esto Alonso no oculta su indignación y sostiene que no van a “permitir que los mecanismos de impunidad instrumentados por la dictadura continúen en democracia a través del Poder Judicial”.
La investigación por esta causa comenzó en 2007 sobre la base de denuncias contra el exmilitar Jorge Eduardo Taranto en el Juzgado Federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde se determinó que se trataba de un caso de lesa humanidad. Dos años después, la Sala I de la Cámara de Casación Penal resolvió que no correspondía esa calificación y que lo delitos denunciados debían ser declarados prescriptos, algo que la Corte Suprema ratificó en un fallo de 2015.
Tras las dilaciones de la Justicia se logró, a través de múltiples presentaciones de nulidad de la querella, que la Cámara de Comodoro Rivadavia decidiera dar curso a estas investigaciones como delitos de lesa humanidad.
El juez Calvete ya había rechazado las pretensiones de la defensa de los exmilitares y había solicitado, en mayo de este año, la detención e indagatoria de 26 militares denunciados por violaciones a los derechos humanos cometidos contra exsoldados conscriptos destinados en Malvinas.
El pedido se fundamentó en base a los relatos de 120 excombatientes de Malvinas que declararon como víctimas o testigos de torturas cometidas por al menos 95 militares, quienes eran sus superiores en las islas.
Crímenes de lesa humanidad
A través de la documentación desclasificada se conoce cuáles fueron las órdenes dadas por el entonces comandante en jefe del Ejército Argentino Cristino Nicolaides, para silenciar las vejaciones que los militares cometieron contra los soldados, a las que llamó “presuntas infracciones”. Y además Nicolaides ordenó que si “se acreditare alguna infracción, las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva, de modo tal de evitar su conocimiento en el frente externo y preservar la tranquilidad del frente interno”.
La causa por las torturas sufridas por los excombatientes durante la guerra de Malvinas se abrió en Río Grande en abril de 2007. En febrero de 2015, ante un recurso presentado por excombatientes, para que se consideren delitos de lesa humanidad las torturas que habían sufrido por parte de sus superiores, la Corte Suprema respondió que está “impedida de pronunciarse sobre la cuestión de fondo”.
Por este motivo las denuncias de los excombatientes llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) por “negación de justicia”.
Y es que los tribunales argentinos habían declarados prescritos los abusos por los cuales los exsoldados pedían que fueran juzgados sus superiores. Pero los abogados del Cecim respondieron que no podían prescribir porque eran hechos de lesa humanidad, en la misma categoría y con la misma gravedad que el resto de las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.
A 36 años de la guerra de Malvinas, el reclamo de juicio y castigo a los cobardes que capitularon ante las tropas inglesas y torturaron a los soldados argentinos, sigue más vigente que nunca.
Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
