Diputados del Estado de México aprobaron la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública y que fue promovida por el gobernador priista Eruviel Ávila Villegas. Esta ley legitima crímenes como los cometidos por la policía en San Salvador Atenco en 2006.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Miércoles 30 de marzo de 2016
Aprobada el mismo día que se promulgó, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México fue una iniciativa del gobernador Eruviel Ávila Villegas enviada en diciembre del 2015 y contó con la anuencia de todas las bancadas del gobierno mexiquense, con excepción de los diputados de MORENA, quienes advirtieron que recurrirían a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para emitir una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta nueva ley da facultades a las policías estatales y municipales para intervenir en cualquier manifestación que consideren “ilegal”. Así mismo, la “Ley Atenco” o “Ley Eruviel” permite que las fuerzas represivas abran fuego en contra de manifestantes en casos en donde sea “estrictamente inevitable” (en defensa de terceros y en defensa propia). Permite abrir fuego contra quien intente huir de la detención u oponga resistencia, así como para “detener” la comisión de algún delito que implique la amenaza de la vida.
Los policías no sólo podrán intervenir en protestas, asambleas y reuniones en lugares públicos que “se tornen violentas”, sino que también podrán participar en operativos de desalojo y embargos, agravando la situación de quienes sostienen alguna lucha legal por acceso a la vivienda en el Estado de México.
En los “centros preventivos” y de “reinserción social” los policías también podrán hacer uso de armas de fuego en contra de quienes opongan resistencia a la autoridad e impedir fugas. Así, se recrudecen las condiciones de vida para las miles de personas que permanecen presas en las cárceles mexicanas, quienes no sólo tienen que lidiar con el infierno de las mafias que controlan las cárceles, sino que ahora enfrentarán la arbitrariedad de la policía en su versión legalizada.
Esta ley especifica también el tipo de instrumentos que pueden ser utilizados por los policías, a saber: inmovilizadores, descargas eléctricas, irritantes en aerosol, esposas rígidas y semirígidas, cadenas, candados de pulgares, bastón PR-24, cinturones plásticos y macanas.
Más impunidad
La Ley Atenco cuenta con pequeños apartados que tratan sobre la regulación de los elementos de la policía y de resarcimiento del daño a víctimas de abusos, que se limitan a la recomendación de que al haber un herido debe comunicársele a sus familiares y a los cuerpos de emergencia.
Cualquier responsabilidad sobre los abusos cometidos, esta ley la delega a los mandos operativos, dejando libres de responsabilidad a gobernadores, alcaldes y altos mandos policíacos. Así mismo, la ley advierte que cuando no se adopten las medidas suficientes o no se atiendan las leyes, se iniciará una “investigación interna” en la institución a la que pertenezcan los elementos implicados, sin precisar ningún tipo de sanción, penal o civil. Sin cadena de mando, quienes serían responsabilizados por los abusos nunca serán quienes ordenen los ataques.
Una vez más, pretende dejarse en manos de los policías la decisión de cuándo usar armas y cuándo no, de cuándo una manifestación es violenta o no, de cuándo una acción implica un riesgo mortal o no. Esta ley, a todas luces, viola el principio de presunción de inocencia y deja en manos de un órgano administrativo la declaración de ilegalidad de una manifestación.
Además, el gobernador podrá emitir un reglamento para esta ley de forma unilateral, acentuando el carácter inconstitucional de esta ley, pues no hay garantías de que el reglamento no acentúe las violaciones a los derechos humanos que de por sí ya contiene la ley.
NO a la Ley Atenco
Mientras decenas de organizaciones políticas y sociales se han pronunciado en contra de esta Ley, argumentando que es comparable con el artículo 362 del código penal de la Ciudad de México, que criminaliza la protesta social y viola los derechos humanos, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 59 legislatura aseguró que esta ley no limita las libertades en el Estado de México. De no detenerse, la ley Atenco entrará en vigor a finales de julio de este año.
La Ley Atenco de Eruviel Ávila recuerda la “ley bala”, promovida por el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y que cobró muy pronto la vida del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, crimen que hasta hoy, continúa impune. Además, lleva en el nombre que le han puesto sus detractores, el estigma de los crímenes ocurridos en 2006 en el pueblo de San Salvador Atenco, en donde durante la administración del entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, elementos de la extinta Policía Federal Preventiva arrasaron con el poblado que se oponía a la construcción de un aeropuerto en Texcoco, dejando como saldo dos personas asesinadas, 26 mujeres torturadas física y sexualmente, incontables detenidos y heridos.
La Ley Eruviel agrava la situación en el Estado de México, azotado por el feminicidio y el narcotráfico, así como por problemas como el abasto de agua, el transporte y el acceso a la vivienda. Buscan limitar la organización de quienes se oponen a los megaproyectos y de quienes defienden sus tierras, así como también buscan avalar legalmente las medidas con las que pretenden acallar las protestas.
Es indispensable que frenemos esta nueva ofensiva reaccionaria, que se suma a la iniciativa de suspensión de derechos que está discutiéndose en el Congreso y que permitiría a declarar estados de excepción, nuevamente en aras de “la paz pública”. Organizaciones políticas y sociales, campesinas, de derechos humanos, trabajadores, mujeres y jóvenes, digamos NO a la Ley Atenco.
