La semana pasada fue aprobada la Ley Ricarte Soto por la Cámara de Diputados, iniciativa que pretende crear un sistema de financiamiento para enfermedades que requieren de medicamentos de alto costo. Sin embargo, esta propuesta deja en evidencia una vez más la desprotección que existe por parte del Estado en cuanto a la salud de las personas, la falta de recursos y financiamiento. ¿Por qué debe aprobarse una ley de manera excepcional y no puede ser el Estado el que cubra totalmente los costos de la salud pública?
Miércoles 29 de abril de 2015
La semana pasada fue aprobada por más de 90 votos en la Cámara de Diputados, la Ley Ricarte Soto (en homenaje al periodista que falleció de cáncer al pulmón), la que pretende crear un Fondo Nacional de Salud para costear los medicamentos de enfermedades de alto costo. La propuesta si se llega a aprobar en el Senado, será parte del Régimen General de Garantías en Salud, lo cual beneficiaría a cerca de 20 mil personas que son parte de los sistemas previsionales de salud, tanto de Fonasa, Isapres e incluso miembros de las Fuerzas Armadas.
En cualquiera de los casos, la persona tendría que pagar un monto que no supere el 20% del valor determinado en un arancel de referencia, y en relación a Fonasa este sistema tendría que cubrir el valor total de las prestaciones en los grupos A y B, y una cobertura mayor a la actual en los grupos C y D. Las enfermedades que serán parte de esta nueva propuesta quedarán definidas a través de un decreto supremo que será visto por una comisión conformada por el Ministerio de Salud y de Hacienda, los que cada tres años fijarán el umbral que determine al tratamiento.
La iniciativa que fue impulsada también por el periodista fallecido, es parte de la inquietud y exigencia de miles de personas que consideran urgente que el Estado se haga cargo de las enfermedades que afectan a un sector importante de la sociedad, lo cual se torna más grave cuando estas enfermedades implican un gasto millonario que debe ser costeado por las familias a duras penas.
El problema de fondo aquí recae en la desprotección que existe hacia la salud pública por parte del Estado, un derecho elemental de las personas que desde la Dictadura Cívico Militar fue arrebato, sin ser recuperado por ningún gobierno durante estas décadas. Porque, si bien, la Ley Ricarte Soto podría beneficiar a miles de personas, las cuales han salido a las calles para exigir preocupación real por parte del Estado, demuestra que el actual Gobierno prefiere aprobar una ley excepcional que cubre aspectos aislados, en vez de solventar el problema real que se relaciona con que en Chile la salud no es un derecho garantizado para la población.
Son miles las personas que padecen diversas enfermedades como cáncer, lupus, diabetes, síndromes poco conocidos en el país, entre otras, que implican grandes costos, imposibles de solventar en un país donde más de la mitad de los trabajadores gana menos de $300 mil, por lo que deben endeudarse pidiendo créditos para poder costear las deudas en salud, realizar actividades a beneficio, rifas, bingos, entre otras iniciativas desgastantes con las que pueden solventar algo del presupuesto.
En este sentido, Chile vuelve a liderar otro ránking de la OCDE, ya que es el país con la salud más privatizada de este grupo, debido a que sólo un 3,5% del PIB (que son alrededor de 270 billones de dólares) es destinado al gasto público de la salud, cifra que representa un 50% del gasto total en salud, mientras que en otros países el Estado gasta más del 70% en salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) Chile tendría que yener por lo menos un gasto en salud pública de un 6%.
Además se suma el sistema de Isapres creado en Dictadura el cual ha demostrado ser un mecanismo segregador, desigual e ineficiente, donde el 90% de los usuarios posee rentas superiores al ingreso promedio de los habitantes del país. En contraposición a esto, el 51% de los cotizantes de Fonasa tiene ingresos inferiores a los $300 mil y menos del 5% de los mayores de 84 años es beneficiario de alguna Isapre.
A esto se suman las precarias condiciones laborales que padecen los trabajadores de la salud, los que vienen protagonizando diversas movilizaciones no sólo exigiendo mejores condiciones de trabajo y salariales, sino que también financiamiento total del Estado en materia de salud, es decir, que esta sea realmente un derecho accesible para todos.
