Congreso Nacional. Ley “antimonopolio”: ¿defensa de la competencia o circo pro-mercado?

Se discutirá hoy en Diputados una ley denominada falsamente “Defensa y fomento de la competencia”, que impulsa Elisa Carrió junto a Mario Negri. Un verdadero circo para esconder la impunidad con la que grandes empresas realizan todo tipo de operaciones en el país, y con el aval del propio Estado, para engrosar sus ganancias a costa del pueblo trabajador.

Mientras el gobierno avanza con un paquete de leyes antiobreras en el Congreso, llegará al recinto de Diputados un proyecto impulsado por el oficialismo para embellecer a las instituciones capitalistas y a la propia CEOcracia en el poder, sembrando la ilusión de que es posible alcanzar un mercado justo y democrático en pos del “interés económico general”.

Los medios la titulan erróneamente “ley antimonopolio”, para otorgarle un tinte progresista y jugar el juego del gobierno de que la ley traería una “sana” consecuencia de evitar la formación de monopolios. Esto es un engaño a mano armada sobre las mayorías sociales para sembrar expectativas de cambio, mientras por otro lado se avanza en uno de los ataques más profundos del capital sobre el trabajo con las contrarreformas laboral, previsional y tributaria.

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1- Los que controlan el mercado ya son los grandes grupos económicos

El gobierno quiere aparentar que con esta ley se regulará la actividad de las grandes empresas, la concentración y formación de monopolios que puedan “distorsionar” la competencia y toda práctica desleal en el mercado o abuso de “posición dominante”.

Así, pretende negar que en la actualidad un puñado de empresas ya controlan la mayor parte de la facturación del país y dominan ramas enteras de la producción. Basta mencionar que entre las 1.000 empresas que más facturación obtuvieron en 2015 en el país, según Thompson Reuters, los supermercados e hipermercados Carrefour, Jumbo, Wal-Mart y Coto se encontraban entre los 31 primeros puestos.
Las empresas de energía como YPF, Energía Argentina, Shell, Axion Energy, y Pan American Energy, entre los 20 primeros puestos.

Las empresas de telefonía fija y móvil, como Telecom Argentina, Claro, Telecom Personal, Telefónica Móviles Argentina, entre los 22 primeros puestos.

También importantes empresas que operan en el sector primario como Ternium, Tenaris y Siderar, del grupo Techint, están entre los primeros puestos, y también de los agronegocios y agroquímicos, como Aceitera General Deheza, Grupo Arcor, Vicentin, Molinos Ríos de la Plata, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge Argentina, entre otros.

Son estos grupos, centralmente, quienes controlan la cadena de provisión de insumos, producción y distribución agroalimentaria de todo el país, incluyendo en forma subordinada a los pequeños y medianos empresarios de las distintas cadenas de valor agropecuarias.

No debe dejar de mencionarse en el top 100 de ranking de empresas a los grandes bancos y financieras, como el Banco Nación, Galicia, Santander Rio, Macro, BBVA Francés y más.

Estas posiciones son utilizadas desfavorablemente contra los consumidores, con arreglos de precios, desabastecimiento, control de la cadena productiva, distribución de segmentos de mercado, y otros mecanismos que en el marco de las reglas de la competencia y del mercado, son permitidos.

Pero además, la concentración del capital y extranjerización van de la mano en nuestro país. Como señaló Martín Schorr en la revista Ideas de Izquierda, la gravitación estructural de los oligopolios foráneos que integran el grupo de las 200 corporaciones de mayor envergadura adquiere todavía más relevancia cuando se evalúa su peso sobre el comercio exterior del país: la participación de este tipo de firmas sobre el total de las exportaciones argentinas pasó del 20,7 % en 1993 al 38,4 % en el último año de crecimiento de la convertibilidad (1998), para finalmente alcanzar el 44,2 % en 2012 (con una participación récord en 2005 con casi el 55 %). Desde los orígenes de la Argentina moderna el capital extranjero y oligopólico domina las principales ramas estratégicas del país.

Es una falsedad suponer que pueden limitarse las prácticas empresarias monopólicas y oligopólicas en el mercado. La creación de organismos que se dispongan a captar ciertos movimientos, como ventas y compras de activos que involucren un salto en calidad en la concentración de capital, puede llegar a aportar información relevante sobre la realidad de los negocios empresarios. Pero sería una ilusión suponer que es posible limitar los procesos inherentes de concentración y centralización capitalista, que por otra parte este gobierno en absoluto se propone realizar sino todo lo contrario.

El proyecto de ley afirma (artículo 8) que “se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”. Es decir, no se prohíben las concentraciones o fusiones, simplemente aquellas que según la “sana discreción” (artículo 38) del Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas, pueda ser una conducta corrosiva al bien público. Un aspecto totalmente arbitrario e incomprobable.

Mucho más aún, sería un error alimentar la expectativa de que estas leyes permitirán impedir la imposición de precios a los consumidores y combatir la sed de ganancia voraz que no distingue necesidad humana, ni razón.

Supongamos el caso de que ciertos productos en el supermercado tienen precios excesivamente elevados, ¿con qué evidencia podrá el consumidor demostrar que Carrefour y Coto han convenido el precio de sus productos? ¿Y las telefónicas? ¿Y las compañías de celular?

Peor es el caso aún de los “monopolios naturales”, como los que proveen servicios públicos de luz, gas y agua. La misma gestión del ministro de Energía Juan José Aranguren dejó en claro que antes que revisar las ganancias acumuladas por las empresas proveedoras (como Metrogas) y distribuidoras (como Edenor y Edesur en AMBA), realizaría audiencias públicas no vinculantes, en donde poco y nada importa la opinión del consumidor, y continuaría aplicando fuertes tarifazos a los hogares.

Por último, vale señalar que justamente a la mayoría de los grupos “líderes” en el mercado son a quienes más el gobierno va a beneficiar con su propuesta de recortar las contribuciones patronales a la Seguridad Social. Los supermercados, empresas de comidas rápidas como Mc Donalds (Arcos Dorados), Burguer King (Fast Food Argentina) y otras grandes empresas de servicios van a pagar hasta un 70% menos de contribuciones patronales en 2022 gracias a esta medida. Todo un regalo a los “monopolios”.

2- Para muestra de “transparencia”, basta un botón

El Gobierno pretende con este proyecto de ley continuar con su “cruzada por la transparencia”, esta vez, a través de “controlar” los monopolios. Sin embargo, como ya lo demostraron las diversas filtraciones como los Panama Papers y recientemente Paradise Papers, los miembros del gabinete de Cambiemos son especialistas en la utilización de sociedades offshore para evadir y eludir impuestos. La lista comienza por Mauricio Macri, quien tiene relación con más de 50 empresas off shore y cuenta con una larga seguidilla de funcionarios públicos, como Néstor Grindetti, Claudio Avruj y el conocido recientemente, Luis Caputo, actual ministro de Finanzas, quien al parecer habría omitido información acerca de su participación en una empresa off shore que fue develada recientemente a través de los Paradise Papers.

Así como el Gobierno conoce quienes son los empresarios que fugaron millones de pesos y los beneficiaron con el blanqueo de capitales, cuenta entre sus propias filas con personajes que forman parte de los grupos monopólicos o se encuentran ligados a alguno de ellos. Tal es el caso de la familia Peña Braun, la cual es la dueña de la cadena de supermercados La Anónima, una tienda de ramos generales, comestibles e indumentaria que se convirtió en un monopolio en el sur del país. La Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, nombre al cual se encuentra registrado, se ubica quinta en el ranking de hipermercados y supermercados, elaborado por la agencia Thomson Reuters, y tan solo en el 2015 registró ventas por $18.742 millones.

La conocida empresa patagónica, haciendo uso de su posición dominante, fue denunciada en abril pasado tras las inundaciones sufridas en Comodoro Rivadavia, por haber remarcado los precios del agua y vivieres esenciales. Lucrando una vez más con la desesperada situación que atravesaban miles de trabajadores que habían perdido todo.

Sin embargo, esta no es la primera vez que hacen la vista gorda con empresas amigas, a través del Decreto 1340/16, firmado el 30 de diciembre de 2016, soldaron la fusión entre Cablevisión y Telecom Argentina. El prestador de servicios de cable, integrante del grupo Clarin, fue el favorito en las pasadas elecciones y recibió tan solo el primer semestre de este año $ 349.790.870, casi el 20 % de la pauta oficial.

3- Por definición, el mercado no es ni igualitario ni democrático

El espíritu del proyecto de Ley de Defensa y Fomento de la Competencia está basado en la preservación del “interés económico general” y en la idea de que éste se alcanza evitando distorsiones e impedimentos en el acceso al mercado. Es decir, hacer cumplir el lema según el cual “todos somos iguales ante la ley”, y por ende, todos somos libres para vender y comprar en el mercado.

Sin embargo, es justamente esa libertad el fundamento de la desigualdad en la producción y distribución de valor. Es decir, la paradoja de que una gran mayoría sea “libre” de vender en el mercado, pero lo único que tiene disponible para ofrecer es su fuerza de trabajo. Aquí no reina armonía ni democracia, es una obligación de subsistencia. El proyecto de ley del oficialismo tiene como objetivo embellecer las reglas de juego capitalistas que sostienen la explotación de los trabajadores.

La necesidad de limitar a los capitales más concentrados, o “hacer como si” se limitasen, parte de una fracción del capital que por sus condiciones de atraso productivo está en peores condiciones para tener éxito en la competencia capitalista.

Es una disputa interburguesa, que poco y nada se relaciona con las necesidades e intereses del pueblo trabajador, excepto en el caso de que se altere el acceso al consumo de bienes necesarios para las familias o lo hagan a precios irrisorios.

Si verdaderamente quisieran evitar que las empresas pacten precios en detrimento de los consumidores, la verdadera solución es la apertura de los libros contables de las mismas, para conocer efectivamente cuáles son los problemas de costos que las patronales anotan permanentemente como excusa para la remarcación de precios. Se conocería la verdad de las numerosas ganancias embolsadas a costa del trabajo ajeno.

4- La propia ley se hace su trampa, en la era del “perdón amigo”

Si algo termina de comprobar la ficción que propone el proyecto de ley en cuestión, es el capítulo VIII que establece un Programa de Clemencia, es decir, un nuevo sistema de exenciones, reducciones y perdones a los empresarios “arrepentidos” de sus prácticas delictivas e ilegales. Está de moda, en la CEOcracia, generar los mecanismos de condonación de todo tipo a los empresarios, como ya ocurrió con el “blanqueo” de capitales y también recientemente en la propuesta de “blanqueo laboral” incluido en la contrarreforma laboral (mal llamada “ordenamiento laboral” por el gobierno).

Quizás, los CEOs al poder preparan el terreno ante posibles eventualidades o filtraciones de datos que puedan involucrarlos personalmente en estos y otro tipo de robos a gran escala, como ya comenzó a ocurrir.

Al doble discurso de la “transparencia” y las “reglas claras” sobra echarle agua..