A contra reloj está actuando todo el régimen para proteger a las Isapres, y con eso al modelo de salud de mercado heredado de la dictadura.
Viernes 10 de mayo
Este domingo 12 de abril se debe comenzar a ejecutar el fallo de la Corte Suprema del 2022, que ordena a las Isapres a utilizar una nueva tabla de factores a sus afiliados y restituir los cobros excesivos a los usuarios. Cabe recordar que este plazo es luego de 2 prórrogas que la Corte instruyó para que el parlamento y el gobierno discutieran una ley que permitiera darle cumplimiento al veredicto, esto debido a que los empresarios de la salud y la derecha pusieron en el debate público la viabilidad del sistema de salud privado.
La deuda calculada según el fallo de la Corte Suprema es de 1 billón 485 millones de pesos($1.485.000.000.000), todo esto fueron ganancias para las Isapres a costa de sus afiliados, por cobros ilegales. Desde el primer momento los empresarios de la salud en conjunto con los políticos de derecha y algunos de la ex Concertación, han buscado como no perjudicar a los empresarios de las Isapres, debatiendo indicaciones sobre como rebajar la deuda, facilidades de pago, etc. En toda esta corriente, el gobierno del Frente Amplio, el Partido Comunista y los viejos partidos de la Concertación nuevamente cedió, si bien su discurso es dar cumplimiento al fallo, al mismo tiempo buscan mantener el modelo, incluso agregó indicaciones donde rebajan la deuda a 1 billón 168 millones de pesos (esto haciendo que todos los planes se igualaran al 7%, es decir subiendo los cobros a miles de afiliados).
Esta semana ha sido de intensas negociaciones entre el gobierno, la oposición y los lobbistas de la Isapres, ya que en solo días se debe dar cumplimiento al fallo judicial. El gobierno ha buscado que el poder judicial de una 3° prórroga hasta el 31 de mayo, y este miércoles propusieron un nuevo documento donde plantean principalmente ampliar el plazo de pago a 13 años (originalmente 10 años). A pesar que la derecha, liderada por Javier Macaya (UDI), continuara buscando métodos para rebajar aún más la deuda, se llego a un acuerdo dentro de la comisión mixta que luego debe ser ratificado en ambas cámaras.
Las negociaciones no están cerradas, pero el reloj sigue corriendo y el régimen activa todos sus mecanismos para blindar al negocio de la salud privada. No actúan sólo los partidos políticos y sus parlamentarios o personeros de gobierno, también las organizaciones gremiales o de la sociedad civil. La Asociación de Isapres de Chile ha sido un actor fundamental en esta ofensiva, incluso actuando internacionalmente por medio de los holdings de los cuales son parte; la Federación Médica de Chile (que agrupa a las asociaciones médicas de la salud privada) también ha salido a buscar una salida que proteja al sistema privado y beneficie a los usuarios; la CONFUSAM llama al gobierno a dar cumplimiento al fallo judicial ante las negociaciones con la derecha; el Colegio Médico junto a distintas organizaciones de usuarios también llama a dar cumplimiento al fallo con eje en las personas afectadas pero que no afecten la estabilidad del sistema. Al parecer tanto sector pro-gobierno como de la derecha concuerdan en mantener el actual sistema.
¿Es real el quiebre del sistema?
Los defensores del modelo dicen querer proteger a los usuarios, que nadie quede sin prestaciones de salud, y que para eso hay que mantener el modelo actual. Pero lo dicen dejando de lado que las Isapres además de hacer cobros ilegales a las personas, hicieron caso omiso a los dictámenes judiciales, y continuaron por años amasando ganancias millonarias para sus bolsillos.
Pero lo otro que dejan de lado es que las Isapres no actúan solas, son parte de holdings internacionales, es decir, sociedades empresariales que son dueñas o tienen inversiones en distintas empresas alrededor del mundo. De esta forma, holdings internacionales actúan en Chile invirtiendo en clínicas, laboratorios, farmacias, e incluso en otros rubros que no son la salud como la construcción, comunicaciones o pensiones.
Por tomar un ejemplo, el holding BUPA, que es de capitales ingleses, es dueño de Clínicas BUPA en distintas ciudades del país, además de los centros médicos Integramédica y de Isapre Cruz Blanca y Seguros BUPA, sin contar el desarrollo de sus negocios en Perú. También está el caso de UnitedHealth Group, de capitales estadounidenses, que controla Clínica Santa María, Clínica Dávila, Isapre Banmédica y también la inmobiliaria Apoquindo. Existen holdings nacionales como el impulsa la Cámara Chilena de la Construcción quienes tienen a los centros médicos Redsalud, Isapre Consalud y AFP Habitat.
Con esto queremos demostrar que la insolvencia o caída del sistema privado no es más que un chantaje empresarial, de grandes grupos económicos internacionales y nacionales que se valen de distintos subterfugios legales para dividir y esconder sus inversiones y ganancias.
Grandes pulpos empresariales que se han hecho millonarios a costa de la salud de la población, no solo con estos cobros ilegales, sino que también beneficiándose del traspaso de fondos públicos por medio de FONASA, de las pensiones de nuestros jubilados, de la vivienda, etc. La derecha y el gobierno está defendiendo el poderío de estos holdings.
Otra salida es posible
Ante este debate entre 2 bandos defensores de las Isapres y holdings empresariales, es necesaria una política de completa independencia de los capitalistas y sus políticos.
Como agrupación de trabajadores de la salud Abran Paso defendemos el pago íntegro de los cobros ilegales realizados por las Isapres a sus afiliados, sin ninguna rebaja. Ante el chantaje empresarial del quiebre del sistema y la posibilidad que miles de usuarios queden sin cobertura de salud, planteamos la apertura de todos los libros financieros de los holdings empresariales donde demuestren realmente sus ganancias y activos, pero también la integración de toda la red privada manejada por estos holdings a la red pública de salud, formando un sistema único.
El problema de financiamiento debe ser respondido en forma urgente con el impuesto a las ganancias de estos mismo grupos y además de los grandes grupos económicos a nivel nacional, pero más de conjunto implica un financiamiento permanente por medio de la nacionalización bajo control de los trabajadores y comunidades de los recursos naturales. Queremos un sistema de salud que deje de estar dirigido por gerentes o directores antidemocráticos, sino que sea gestionado democráticamente por sus trabajadores y usuarios.
