Política. Ley de Alquileres: el problema de la vivienda y lo que se votó en el Senado

El Senado de la Nación aprobó ayer un proyecto para modificar el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la Ley de Alquileres. Ahora el debate pasará a la Cámara de Diputados.

Entre algunos de sus principales lineamientos, la iniciativa propone ampliar de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de alquiler; establece aumentos de precios anuales que no sean mayores al nivel inflacionario; dispone que las comisiones inmobiliarias sean determinadas por ley de cada jurisdicción y no superen el valor de un mes de alquiler; y elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa

De votarse la norma en Diputados, la misma representaría un avance parcial para quienes alquilan, y por ese motivo la media sanción fue bien recibida por algunas asociaciones de inquilinos.

El tema de la vivienda es acuciante en Argentina. Más de 3 millones de familias sufren déficit habitacional, lo que indica que unas 14 millones de personas viven en condiciones precarias o no tienen techo.

En la última década se asistió a un boom inmobiliario. Han proliferado los countries, barrios privados y la construcción de grandes emprendimientos, mientras millones no pueden acceder a una vivienda digna. Solo en la Provincia de Buenos Aires la emergencia habitacional afecta a 1.565.044 hogares, de los cuales más de un millón corresponden al conurbano bonaerense, según datos de 2010. Los asentamientos y villas de emergencia se extienden en casi todas las ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 52 % la cantidad de gente que vive en villas y asentamientos la Ciudad de Buenos Aires en la última década.

Si éste fue el legado de la década kirchnerista, la situación bajo el macrismo sigue empeorando: los montos de los alquileres representan cada vez una proporción más grande de los salarios, en un año en el que hubo más de 200.000 despidos, escalada inflacionaria, tarifazos y altos índices de precarización laboral.

En estas condiciones, para millones de personas los alquileres resultan prohibitivos, y por eso es necesario un planteo más de fondo.

Por estos motivos, el Frente de Izquierda, a la vez que saluda todo avance parcial, plantea que una salida de fondo que garantice viviendas para todos debe pasar por una reforma urbana, que expropie las tierras usurpadas por los “desarrolladores” privados, las propiedades en manos de la Iglesia y las de los grandes grupos inmobiliarios. Son cientos de miles de hectáreas que podrían destinarse a la construcción de viviendas populares.

Además, es necesario expropiar las viviendas desocupadas que estén en manos de poseedores de grandes fortunas. Hay que luchar por prohibir los desalojos. Para los inquilinos debe establecerse, como salida transitoria, que los alquileres no excedan el 20% del salario mínimo. Para todos aquellos que necesiten acceder a la vivienda única mediante crédito hay que establecer un fondo público para préstamos cuya cuota no exceda el 20% del salario mínimo y sin más requisitos que el de establecer el déficit habitacional familiar. Urbanización de las villas y asentamientos en base a un plan de emergencia controlado por los vecinos.

La resolución del problema de la vivienda está estrechamente vinculada a terminar con todas las privatizaciones de los servicios públicos como gas, electricidad y transporte, poniendo todas las empresas bajo control obrero y popular, para que la infraestructura básica llegue a todos.

Es necesario desarrollar un plan de construcción de viviendas controlado por los trabajadores, cuyos recursos deben salir de impuestos progresivos a las grandes fortunas y del no pago de la deuda externa. Un plan nacional de emergencia ante la crisis habitacional actual.