Ayer, jueves, el presidente Sebastián Piñera, en compañía de la Primera Dama, Cecilia Morel, la ministra de desarrollo social, Karla Rubilar; y de trabajo, María José Zaldívar; firmó este jueves el proyecto de ley de Envejecimiento Positivo, que busca supuestamente beneficiar a los adultos mayores.
Viernes 2 de octubre de 2020
Piñera hipócritamente señaló en punto de prensa que “queremos que la etapa de la adultez mayor no sea como se consideraba antes como la última etapa, sino que sea una nueva etapa en que podamos vivir en plenitud, con oportunidades, alegría y esperanza”, mientras las pensiones en Chile son de hambre y una aplastante mayoría de las y los jubilados recibe menos de $200 mil al mes.
Lo central del proyecto de "Ley de envejecimiento seguro" es que crea en el Código del Trabajo un contrato especial de trabajo al adulto mayor, que incorpora bandas horarias en las jornadas de trabajo, jornadas de "libre elección horaria" decidas entre las partes, avanzando en mayor flexibilidad laboral para personas sobre la edad de jubilación.
Aunque la clase empresarial y el gobierno de Piñera afirme que la flexibilidad es beneficioso y que implica "libertad" de los tiempos laborales, la verdad es que son estrategias del empresariado para disponer del tiempo de trabajo y de los descansos de las y los trabajadores a favor de sus ganancias, bien lo saben la inmensa cantidad de trabajadores subcontratados en el país o bien quienes trabajan bajo la modalidad de multifuncionalidad.
Supuestamente, como señala el proyecto, las y los trabajadores de la tercera edad podrían pactar "de igual a igual" con el empleador, pero sabemos que esto no se cumple en los trabajos, menos bajo la legislación laboral chilena, ultra autoritaria, antisindical y que proviene de una dictadura militar.
Flexibilidad, es decir, precariedad, es a la que el Gobierno arrastra a quienes ya han trabajado decenas de años, lo que no tiene nombre, sobretodo si consideramos que en Chile se cuentan 2.850.171 personas de 60 años y más, es decir, 16,2% de la población, de los cuales la mayoría esta endeudado, con bajas pensiones. Inclusive, según datos de la encuesta “Barómetro de la Deuda”, estudio realizado por Defensadeudores.cl, un 58% de los chilenos se encarga financieramente de algún gasto de un adulto mayor.
Los intereses empresariales y de la clase trabajadora nunca correrán por un mismo carril que las necesidades de las familias trabajadoras, la propia experiencia y las condiciones de vida de la gran mayoría, donde hay millones de trabajadores sin empleo lo demuestran.
Con todo lo anterior podemos observar que de parte del gobierno no existe ningún plan acorde a las necesidades estructurales de los grupos de alto riesgo como los adultos mayores, que esté a la altura de una vida digna, como sería una pensión base de $500.000 acorde a la canasta familiar y garantizar una salud pública de calidad y gratuita, por ejemplo.
Son estas demandas gritadas durante el estallido social, por las cuales las grandes centrales sindicales, como la CUT- dirigida por el Partido Comunista-, federaciones, sindicatos, deben luchar, rompiendo la tregua con el gobierno, retomando el camino hacia la huelga general, por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde verdaderamente la voz y las necesidades de las y los adultos mayores se haga escuchar.
