REPRESIÓN. Ley de Inteligencia de Piñera permitirá reuniones secretas entre el presidente y los jefes policiales y militares

El proyecto que busca reformar la Ley 19.974 que regula el sistema de inteligencia del Estado, se encuentra en discusión desde noviembre del 2018 en el parlamento, siendo aprobado por la cámara de senadores en enero, faltando solo su aprobación en la de diputados.

Durante esta semana el Ejecutivo hizo notar su premura para que la cámara de diputados despache lo antes posible el proyecto ley. Es decir, en medio de una crisis sanitaria el gobierno busca ampliar su agenda represiva mediante la modernización y reforma del sistema de inteligencia del país.

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El fantasma de un estallido social no derrotado y que de momento lo contiene solo el escenario de una pandemia, sigue rondando en el imaginario de una élite político - empresarial temerosa del poderío que puede alcanzar la movilización social y su consecuente auto-organización. Hoy los efectos de la crisis sanitaria y el desempleo (siendo el más alto desde el 2010) han hecho rebrotar la movilización en las zonas más precarizadas. Ejemplo de ello han sido las protestas por el hambre en algunas comunas de la Región Metropolitana durante el mes de mayo.

Desde octubre del 2019 el gobierno de Piñera se encuentra en una crisis de legitimidad, es decir, no ha podido gobernar tranquilo y sino fuese por el espaldarazo que le han dado los partidos de la oposición, aprobándole leyes represivas o firmando pactos, otra sería la realidad. La reforma al sistema de inteligencia se presenta como una necesidad de la derecha para salvar su gobierno, para alcanzar un mayor control sobre la población, reforzar su imagen autoritaria y así poder sostener su gobierno y contener todo esbozo de protesta social.

Si bien la represión del Estado ha sido sistemática a lo largo de la historia de nuestro país, ésta no es exclusiva de Chile y posee miles de similitudes en el escenario mundial. Ejemplo de ello ha sido el actuar del Estado norteamericano junto a su policía para contener las protestas y todo un movimiento que se ha levantado tras el asesinato racista de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. Una policía corrupta y asesina, que en todo el mundo busca resguardar los intereses de los grupos económicos y la élite política gobernante, y que por su carácter se hace imposible que pueda ser reformada para evitar las muertes y abusos de poder que le son propios como brazo armado del Estado. Es por esto que se hace necesaria su abolición.

Hoy el gobierno de Piñera busca tener más atribuciones legales para reprimir, ya que este nuevo proyecto de ley, además de crear un consejo asesor, busca perseguir a “grupos nacionales” que sean definidos como una amenaza para la seguridad del Estado. A esto se le suman dos nuevas indicaciones (de parte del Ejecutivo) al texto que se discute en la cámara de Diputados. Por una parte busca que el Presidente de la República pueda reunirse de emergencia con jefes de inteligencia policiales y militares, y por otra, pretende que las reuniones y su contenido sean de carácter secreto. De concretarse esto el ejecutivo no tendría límites establecidos para actuar, además de que no sería de conocimiento público lo que se hable o se decida en esas reuniones secretas.

De ser aprobada esta reforma al sistema de inteligencia los montajes volverán a la escena nacional y se dará un nuevo paso para perfeccionar la criminalización de la protesta social. O sea, permitiría organizar más de forma más ágil la represión, que hoy es una realidad, con la intención de perseguir a los llamados “enemigos internos” para el Estado.