En 2018 se presentó en la Cámara de Diputados nacional la Ley Diana Sacayán, que propone instituir el cupo laboral travesti trans del 1% en la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. Sin embargo, el proyecto no avanzó. En la provincia de Buenos Aires la iniciativa se convirtió en ley pero continúa sin reglamentación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la situación es similar. ¿Por qué a pesar de la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo no la reglamenta? ¿Cuál es el estado de situación federal? ¿Por qué no se avanza?
Ezequiel Coria @desdeelpotrero
Lunes 4 de noviembre de 2019 08:00
Imagen: Mariana | Enfoque Rojo
En septiembre de 2015, la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley Nº 14.783; esta ley establece el que el 1% de la administración pública sea ocupado por personas trans-travestis. Sin embargo, a tres años de su sanción, esta ley aún no ha sido reglamentada por el poder ejecutivo provincial a cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal.
La Secretaría de políticas de Género y Niñez, de la Defensoría del Pueblo provincial a cargo de Karina Nazabal, publicó en 2018 un informe en donde se mostró que a pesar de la no reglamentación de parte del Poder Ejecutivo provincial, algunos municipios tomaron la iniciativa para su cumplimiento. El informe destaca los casos de los municipios de Morón, Lanús y Azul, Chivilcoy, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Merlo, Tres de Febrero y San Miguel, que han adherido a la Ley de Cupo Laboral.
Nazabal exige la urgente reglamentación de la ley ya que: “La desocupación y precariedad laboral es una de las características que afecta a la población trans y travesti en nuestro país, por eso resulta imperiosa la reglamentación y cumplimiento de la Ley de Cupo laboral para personas trans y travestis en la provincia de Buenos Aires”.
Frente al incumplimiento de esta ley, el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU recomendó específicamente al Estado argentino, “reglamentar la Ley 14.783, aprobada en septiembre de 2015 en la provincia de Buenos Aires”.
En el Informe presentado al Comité de Derechos Humanos de la ONU se señaló la necesidad de que el Estado realice acciones concretas en materia de inclusión laboral, que garanticen las condiciones de igualdad y que reconozca a su vez las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos.
¿Qué ocurre en la Ciudad de Buenos Aires?
En la Ciudad de Buenos Aires en 2012 se dictó la ley 4.376 que en su artículo 5, “Propone la incorporación, en una proporción no inferior al cinco (5) por ciento, de personas del colectivo trans en el sector público de la Ciudad”. Si bien la ley fue modificada en 2018 por la ley 5.989, el artículo 5 no se alteró.
En abril, sin embargo, un falló ordenó al Consejo de la Magistratura de la Ciudad reglamente el cupo laboral y contrate efectivamente a Cristina Montserrat Hendrickse quien presentó una demanda contra ese cuerpo.
Greta Pena, abogada especialista de la Asociación Civil “100% Diversidad y Derechos”, precisó a este medio que: “Este fallo confirma que la falta de reglamentación de una ley no es excusa válida para incumplirla. Los derechos son operativos, principalmente los derechos humanos, y esta decisión judicial puso las cosas en su lugar al remover los obstáculos que los distintos poderes ejecutivos colocan al retrasar o impedir el pleno acceso de las personas trans al trabajo digno”.
Datos: Nación no cuenta con la ley de Cupo, a pesar de que existe el proyecto de Ley Diana Sacayán desde junio de 2018. En la provincia de Buenos Aires, la ley se aprobó en 2015 y no se reglamentó. En la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con la ley desde 2012, un fallo judicial tuvo que obligar al Consejo de la Magistratura de la ciudad a que reglamente la ley de cupo.
Sin embargo, a pesar de la medida, la ley no termina implementándose en los organismos públicos de la Ciudad. Pena sostiene que: “Es lamentable que el Estado siga fallando y que las personas trans deban acudir a la justicia, con las dificultades que conlleva el acceso a ella, para lograr que se cumplan las leyes protectorias. La falta de trabajo digno para las personas trans es una violencia estructural y no solamente las legislaciones de cupo laboral atacan esa problemática sino que la propia ley de identidad de género garantiza el libre desarrollo de la persona acorde a su identidad autopercibida y eso claramente comprende el acceso al ámbito laboral”.
¿Qué ocurre a nivel nacional?
El 13 de julio de 2018, la Diputada Nacional, Mónica Macha –Unidad Ciudadana- presentó el proyecto de Ley conocida como Diana Sacayán, que propone instituir el cupo laboral travesti trans del 1% en la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans.
Presentamos en el Congreso la Ley #DianaSacayán de cupo laboral travesti trans. Proponemos instituir el cupo del 1% en la administración pública nacional para personas travestis, transexuales, transgéneros y masculinidades trans. pic.twitter.com/RaOnGef893
— Mónica Macha (@MoniMacha) 13 de julio de 2018
Consultada por La Izquierda Diario, la diputada señala que la ley no prosperó porque “no hay una decisión política para que el cupo trans se implemente”.
En sintonía, Marcela Tobaldi, Presidenta de Asociación Civil La Rosa Naranja, explica que “nuestro colectivo se encuentra el 90% en estado de prostitución, necesitamos de manera urgente la posibilidad de que se nos dé un trabajo formal. La política usa la identidad trans travesti para levantar banderas que después no cumplen. La ley nacional está cajoneada, a pesar de las promesas del diputado Sergio Ziliotto –Justicialista-, que preside la comisión de legislación de trabajo, de que este año lo iba a incorporar entre las prioridades de la agenda de la comisión”.
Los indicadores son contundentes: el 80% no cuenta con trabajo formal. Más del 70% no termina el secundario. En la primera y única encuesta realizada por el INDEC en 2012, el 83% declaró haber sido víctimas de delitos graves de violencia y discriminación.
Datos: La actualidad de la población travesti- trans en Argentina es alarmante: en 2018, hubo 90 travesticidios. En lo que va de 2019, ya son 60. La esperanza de vida es de 35 años, según el listado que lleva la Asociación Civil, la Rosa Naranja.
Para Tobaldi “la democracia tiene una enorme deuda con el colectivo trans. La política no entendió todavía que nos morimos a los 35 años”.
Con todo, las periodistas Paula Bistagnino y Luciana Caminos precisaron la situación general a través de un mapa federal del estado de situación de la ley de Cupo. En el mapa se exhibe que además de la Provincia de Buenos Aires, existen otras tres provincias que también aprobaron el cupo laboral travesti-trans por ley y que no la reglamentan. El caso de Chubut, que aprobó el cupo laboral trans el 17 de mayo de 2018 y Río Negro y Chaco, en septiembre y noviembre de 2018 respectivamente. Por diferentes razones, en ninguna de las tres provincias se implementó.
En tanto que, según un Informe de la Comisión interamericana de Derechos Humanos –CIDH, en Argentina se espera que se reglamenten ordenanzas por ley de cupo trans, en los municipios de Rosario (Santa Fe), Las Heras (Mendoza), Bell Ville (Córdoba), Tafí Viejo (Tucumán), Resistencia (Chaco), Mar del Plata (Bs As), Río Grande (Tierra del fuego), Campana (Buenos Aires), Morón (Buenos Aires), Lanús (Buenos Aires) y La Plata (Buenos Aires), entre otros. Asimismo, se presentaron proyectos de cupo laboral trans en las provincias de Salta, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Chaco, Corrientes, La Rioja, Neuquén y Río Negro.
