Política. Ley de derribo: el narcotráfico como excusa para ampliar el aparato represivo

El gobierno del presidente Mauricio Macri declaró por decreto la Emergencia de Seguridad Pública por un año con la posibilidad de prorrogarla por el mismo período, según la ministra Patricia Bullrich "hasta que se apruebe una ley de defensa del espacio aéreo" que enviaran al Congreso ante la "situación de peligro colectivo" ocasionada por el "delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico".

El decreto incluye el derribo de aviones, que, según estiman desde el gobierno, se encuentran más 400 vuelos mensuales de aviones que aterrizan en pistas clandestinas asociadas al narcotráfico. Una iniciativa que otorgaría plenos poderes a la Fuerza Aérea para bombardear a cualquier "intruso" del espacio aéreo, que, como sostuvo la diputada nacional del PTS y el Frente de Izquierda Myriam Bregman, se establece “la pena de muerte por decreto sin juicio previo”, y agregó que “la Ley de Derribo había implicado que en Perú, en el año 2001, fuera derribado un avión, lo que causó la muerte de una familia de misionarios estadounidenses, que tenían un bebé de siete meses”.

Con este nuevo decreto, sobre Emergencia de Seguridad Pública, el gobierno nacional continúa avanzando en la ampliación del aparato represivo. En este caso habilita, no solo a convocar a personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad (una ironía ya que miles de genocidas no fueron juzgados) sino que las Fuerzas Armadas intervendrán en problemas de seguridad interior, cuando están impedidas de hacerlo por las leyes de Defensa y Seguridad Interior, después de la última dictadura militar y los sucesivos levantamientos carapintadas.

La ley de derribo y la incorporación de las FF.AA. a la lucha contra el narcotráfico es un retroceso con respecto a estas leyes que prohíbe que los militares actúen como fuerza policial dentro del territorio nacional. Si bien la Ley de Defensa 23.554 (sancionada bajo el gobierno de Alfonsín y reglamentada por un decreto del entonces presidente Néstor Kirchner) descarta la participación de las Fuerzas Armadas en los conflictos internos deja en pie la Ley de Seguridad Interior 24.059 (promulgada por Carlos Menem) que es la que rige en la actualidad. En sus artículos 27 al 32 habilita la intervención militar en casos referidas al terrorismo, el narcotráfico, el delito organizado. En el artículo 31 precisa que en caso de insuficiencia de las Fuerzas de Seguridad, se puede recurrir a la intervención militar. Esta ley ya fue utilizada para traspasar del ámbito del Ministerio de Defensa al de Interior a la Gendarmería para reprimir los levantamientos populares.

Pero las Fuerzas Armadas estuvieron incluidas en la lucha contra el narcotráfico, bajo el decreto 1.091 firmado por Cristina Kirchner, que puso en marcha el operativo "Escudo Norte" (que el actual decreto reemplazará por el de "Fronteras" que incluye la ley de derribo). El plan Escudo Norte, un programa de control del espacio aéreo con tecnología de radares militares para supuestamente avanzar en “la lucha contra el narcotráfico”, fue una política de Estado, que promovía la colaboración entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad a partir de provisión de logística e infraestructura.

Con estas políticas, tanto el gobierno anterior como el actual intentan relegitimar a una institución que se ganó el desprestigio masivo por su rol genocida durante la última dictadura y la capitulación en la guerra de Malvinas.

Los narcotraficantes llegan y salen por Ezeiza y por los puertos privados

En febrero de 2011, un avión piloteado por dos hijos del brigadier José Juliá (jefe de la Fuerza Aérea durante el menemismo), llegó a Barcelona con casi mil kilos de cocaína. En septiembre de 2015 se encontró en un depósito fiscal, en la zona oeste de Rosario, aproximadamente 40 kilos de cocaína camuflados en un cargamento de arroz molido que tenía destino a África. Dos ejemplos que demuestran que el contrabando de sustancias psicoactivas circulan por los puertos legales y que el negocio del narcotráfico necesitan de la logística que les proveen funcionarios estatales: jueces, gendarmes, policías, militares, funcionarios aduaneros, asociados a empresarios y banqueros que garanticen el lavado de dinero.

El narcotráfico, tanto en Argentina como en el resto del mundo, tiene una íntima relación con las fuerzas represivas y la burocracia civil de los estados nacionales, por consiguiente no es un problema técnico, o por falta de radares por el cual avanza el contrabando de drogas ilegales. Por caso evaluemos lo que ocurre en los Estados Unidos, sus autoridades se jactan de tener radares en toda la extensión de sus fronteras, entonces ¿cómo se explica que un país no productor se encuentre que su población es la mayor consumidora de drogas ilegales de todo el mundo?.

El pretexto de la lucha contra el narcotráfico es el ariete en el que se apoyan los gobiernos cuando pretenden aumentar el poder de fuego del Estado para disciplinar a las masas. Este el verdadero objetivo del decreto sobre Emergencia en Seguridad Pública, que cuenta con el apoyo de toda la oposición de derecha, como el Frente Renovador de Massa. Poner al frente de la "lucha" contra el narcotráfico a las fuerzas de seguridad, es otorgarle más poder a quienes son parte indispensable en las organizaciones narco.

Legalizar

La prohibición de la producción y comercialización de sustancias psicoactivas, beneficia a un puñado de capitalistas que recaudan anualmente más de 500 billones de dólares a nivel mundial. No hay posibilidad real de acabar con el narcotráfico mientras el Estado esté en manos de los capitalistas, que son los mismos que manejan este negocio y sus millonarias ganancias se mueven en los grandes bancos. Para poner en jaque este negocio sangriento de capitalistas y criminales una primera medida es atacar sus cuentas bancarias. La nacionalización de la banca y el comercio exterior son medidas que ayudarían a evitar el blanqueo de capitales y el comercio internacional de drogas. La conformación de una banca estatal única bajo control de los trabajadores, acompañada por la estatización de todos los puertos aduaneros bajo control de los trabajadores, privatizados sin control, sería una medida para limitar todo tipo de contrabando.

Mientras que la legalización de todas las drogas, sería una medida inicial para acabar con las mafias que las comercializan, evitar los miles de asesinatos cometidos no sólo por los carteles narcos, sino a los que se dedican al contrabando y el menudeo de estas sustancias ilegales, como ocurre en nuestro país con la banda de los Monos que operan en Rosario. Incluso, la legalización, facilitaría el control de calidad de las sustancias que se consuman. Bajo el capitalismo la legalización no evitará todas las consecuencias nocivas del consumo y comercialización de todas las drogas, pero mermaría la violencia criminal, que como en México, se cobra la vida de miles de personas para sostener las ganancias que genera el narcotráfico, muchas más de las que mueren por consumo compulsivo de drogas.

En última instancia, la lucha por el derecho democrático al consumo recreativo de cualquier sustancia prohibida y contra la criminalización a los consumidores es una lucha para quitarle parte del poder represivo del Estado y atacar los intereses económicos sobre los que se funda la siniestra industria del narcotráfico, de la que se benefician los capitalistas y sus funcionarios civiles, policías y militares.