La Justicia rechazó el recurso de amparo presentado por Coto y avaló la constitucionalidad de la ley. Horas después de conocerse el fallo, los supermercadistas volvieron a amenazar con despidos.
Jueves 4 de agosto de 2016
Las patronales de las grandes cadenas de supermercados sufrieron un nuevo revés judicial esta semana, cuando la jueza Julieta Gentile rechazó el recurso de amparo presentado por la cadena de supermercados Coto. Al mismo tiempo, avanzan los recursos presentados por las cadenas Libertad y Jumbo. Fieles a la práctica extorsiva que llevan adelante desde la efectivización de la ley de descanso dominical, las cadenas de supermercados anunciaron que enviarán 120 telegramas de despido.
El recurso de amparo rechazado el pasado martes había sido presentado por Coto poco antes de que la normativa que establece el cierre de locales mayores a 1200 metros cuadrados los días domingos y feriados entrara en vigencia. La cadena comercial exigía la anulación de la aplicación de la medida por considerarla inconstitucional. Pero la magistrada de la Cámara Civil y Comercial Nº 2 consideró que la ley es constitucional y el pedido del supermercado no tiene fundamento. Aún así, se descarta que en los próximos días la empresa apele el fallo. Una situación similar se dio el mes pasado, ante una medida cautelar solicitada también por Coto, que fue rechazada y apelada. También se encuentran en curso los juicios iniciados por las cadenas Carrefour, Libertad y Jumbo en la Cámara Contencioso Administrativa.
Una campaña extorsiva
Frente a los reveses judiciales, las patronales de supermercados decidieron redoblar la campaña de extorsión, amenazando con 120 despidos. Juan Vasco Martínez, director de la Asociación Supermercados Unidos, aseguró que los supermercados sufren una caída en su facturación producto de la ordenanza que los “obliga” a despedir. Pero Verónica Solmi, gerente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario, reconoció el pasado lunes que los supermercados están recuperando su nivel de facturación habitual.
Los despidos, que se encuentran paralizados hasta el viernes próximo cuando vence la conciliación obligatoria, son parte de una campaña extorsiva de las empresas del sector, que utilizan la amenaza de dejar sin sustento a un centenar de familias como herramienta de presión para evitar que se aplique la ley.
