Expertos advierten que el costo fiscal de “reparar” los haberes supera con creces los ingresos que el fisco podría obtener del blanqueo. A esto se suma la mayor erogación por el aumento de las jubilaciones.
Esteban Mercatante @EMercatante
Martes 21 de junio de 2016
Como viene siendo norma en estos más de seis meses, cuando el macrismo anuncia una medida dirigida supuestamente a beneficiar a los sectores populares, la letra chica contiene disposiciones que hacen exactamente lo contrario.
Esto está ocurriendo así con el megaproyecto de blanqueo y “reparación” a los jubilados, que tuvo la semana pasada media sanción en diputados. Como varios analistas han advertido, el proyecto incrementa las obligaciones del sistema previsional, sin disponer un incremento equivalente de los fondos corrientes que ingresan a la ANSES, con la consecuencia de acelerar los ritmos de desfinanciamiento de un sistema que ya antes venía proyectando una tendencia complicada para los próximos años.
Consultado por La Izquierda Diario, Pablo Manzanelli (CIFRA-CTA) opinó que “la supuesta ‘reparación histórica’ a los jubilados alcanza a 2,3 millones de jubilados” e implica “un costo fiscal de 8.000 millones de dólares en 2016 (o de 30.000 millones de dólares en los primeros 5 años)”. Por lo cual, “si los datos oficiales fueran ciertos es evidente que el blanqueo de capitales, que cuenta con la ventaja de los acuerdos de intercambio de información fiscal a nivel global, tiene en sus mejores pronósticos escasas posibilidades de recaudar ese monto, de manera que se recurrirá a los fondos ‘liquidables’ de la ANSES, especialmente las acciones, lo cual es una demanda de las grandes empresas del país”.
Que los cambios significan liquidar buena parte de los activos que tiene Anses en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), también lo señala un estudio del Instituto de Trabajo y Economía (Fundación Germán Abdala) titulado “La sostenibilidad de la seguridad social”. Este documento prevé que por las disposiciones del proyecto, el FGS se reducirá en nada menos que 40 % para el año 2019, lo cual “limita seriamente cualquier reforma que se pretenda realizar en favor de los futuros jubilados, y abre la puerta para modificaciones en parámetros sensibles como la edad jubilatoria, la cantidad mínima de años de aportes o la propia ley de movilidad jubilatoria, con el objetivo de generar ahorros que vuelvan sostenible el sistema”.
Manzanelli concluye que “si bien en las apariencias el proyecto de ley de ‘reparación histórica’ persigue beneficiar a una porción de los jubilados con el incremento de sus haberes, la naturaleza de la medida, tal como está planteada, se orienta a otros propósitos que pueden retornar como un boomerang hacia el propio sistema jubilatorio al tornarlo insustentable, generando las condiciones para impulsar una reforma previsional y fiscal en el más corto que mediano plazo”.
Sobre las condiciones del blanqueo, Manzanelli opinó que “más allá de las cuestiones éticas el blanqueo es sumamente fiscalista y no alienta la radicación de inversiones productivas en el país sino que, de hecho, desgrava la renta de los activos financieros en el exterior”.
En suma, un blanqueo hecho a la medida de los evasores, para que “sinceren” fondos sin siquiera tener que repatriarlos y ponerlos a “producir”, que se ata a una ley que acelera los tiempos de desfinanciamiento del sistema previsional. Un desaguisado con sello bien PRO, opuesto a lo que se requeriría para hacer sostenible al sistema previsional y garantizar a todos los pasivos haberes acordes a la canasta básica: incrementar sus recursos, aumentando los aportes patronales para todos los empleadores, y terminando con el trabajo en negro que hoy afecta a más de un tercio de los trabajadores, excluidos del sistema.
