En el Estado español hay casi 6 millones de jóvenes que no pueden independizarse debido al elevado coste de alquileres y viviendas combinado con un paro estructural, salarios de miseria y condiciones precarias. Un problema que la ley de vivienda del Gobierno PSOE-UP no va a solucionar.
Clara Mallo Madrid | @ClaraMallo
Viernes 28 de abril de 2023
El 85,7% de los jóvenes estarán en casa de sus padres hasta los 30
Según las últimas cifras del Eurostat, en 2022 el 85,7% de los jóvenes entre 16 y 29 años vivían con sus padres. Esta cifra es del 94,9% en la franja de 18 a 24 años, del 81,2% entre los 20 y los 29 años y del 65,9% en la franja entre los 18 y 34 años. Si hablamos de cifras absolutas, no de porcentajes, y teniendo en cuenta que la población de jóvenes entre 16 y 29 años es de aproximadamente 7 millones, habría casi 6 millones de jóvenes que no pueden independizarse, 85,7%.
Fuente: Eurostat
Además vemos en el cuadro que aunque en algunas franjas de edad el porcentaje se ha mantenido estable en los últimos cuatro años, —esto es algo que ocurre en las franjas más jóvenes (16 a 19) y en las franjas más adultas (25 a 34)—, hay un claro aumento de este porcentaje en las franjas intermedias, las que aplican entre los 20 y los 29 años, la franja más “natural” para independizarse, sin embargo la situación de crisis social imposibilita que esto suceda.
Si ampliamos el marco de la evolución y vemos el cambio desde 2005 por ejemplo, antes de que estallase la crisis de 2008 hasta hoy, en algunas franjas de edad como la que abarca entre los 20 y los 29 años el porcentaje de jóvenes que viven con sus padres ha aumentado más de un 13%.
Fuente: Eurostat
Como resultado de estos datos la media de edad para independizarse en el Estado español roza los 30 años, 29,8 exactamente, frente a la media europea que se sitúa en los 26.
Los niveles del precio de la vivienda y los alquileres chocan con los salarios
A más de 2.000 euros el m² para una vivienda en zona urbana, donde viven 8 de cada 10 jóvenes, el horizonte de comprar una vivienda es misión imposible. Algo que choca con las aspiraciones de muchos. Según un informe del portal inmobiliario Fotocasa, en 2021 siete de cada diez jóvenes entre 25 y 34 años (el 73%) deseaba adquirir un piso.
Pero si analizamos los alquileres vemos que tampoco es una opción para la juventud trabajadora. Según un reciente informe publicado por el mismo portal inmobiliario, el precio de alquiler en el conjunto del Estado español este mes de abril es de 11,55€/m² al mes. En Madrid el precio medio asciende a los 16€/m². Desde 2007 el precio de alquiler por metro cuadrado aumentó en esta Comunidad 37%. Esto es algo que se repite en otras grandes ciudades. En Barcelona, según otro famoso portal inmobiliario, el precio de alquiler también rozaría los índices de Madrid, siendo en concreto de 15,7 €/m² (marzo de 2022).
Con alquileres que no bajan de los 800 euros por vivienda (en el mejor de los casos) y con sueldos medios por debajo de los 1.000 euros, sin contar con la tasa de desempleo juvenil (el 29,3% al cierre de 2022), hace que las capas más jóvenes de los trabajadores no puedan acceder a una vivienda y, que en el mejor de los casos, si pueden llegar a hacerlo tengan que dedicar un alto porcentaje de su sueldo para pagar una habitación.
A esto debemos incorporar otro elemento, la inflación, porque además de los elevados precios del alquiler, de la tasa de paro y de los bajos salarios, las y los trabajadores, y entre ellos la juventud, afrontan un aumento permanente y generalizado de precios. Mientras los precios aumentaron en 2022 una media del 8,4%, los salarios apenas subieron un 2,6%. De continuar esta tendencia agravará esta problemática.
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Una Ley de Vivienda que nada va a solucionar
Viendo el panorama para acceder a una vivienda, y en especial para la juventud, no sorprende la magnitud que ha adquirido esta cuestión en el marco de la campaña electoral. Así hemos visto como en estas semanas el Gobierno “progresista” se ha apresurado a desempolvar la Ley de vivienda para aprobarla de manera exprés, lo que ocurrió finalmente este jueves. También Pedro Sánchez incorpora en sus mítines el anuncio de que construirá 20.000 viviendas para alquiler social.
Entre las medidas estrella de esta ley, el Gobierno hace bandera de la limitación estructural de las revisiones de contratos de alquiler que será del 3% durante 2024 y que en adelante quedará fijado por un nuevo índice todavía por definir. Esta medida evidentemente no pone freno al aumento de precio de alquileres tanto por sus limitaciones -solo hablan de 2024 y se refieren exclusivamente a las actualizaciones de contratos- como por el hecho de que existen muchos mecanismos dentro de la propia ley que permiten y facilitan esquivar esta medida como ya han denunciado muchos sindicatos de inquilinas.
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La problemática de la vivienda está condicionada por la precariedad laboral a lo que se suma la voracidad de la lógica capitalista muy especialmente en mercados como el de la vivienda. Esto nos sitúa en un grave problema estructural. Hacen falta soluciones realistas. No nos engañemos, las 20.000 viviendas que propone Sánchez (en el caso de que se lleguen a construir) no van a resolver el hecho de que más de 5 millones de jóvenes tengan que seguir viviendo en casa de sus padres hasta los 30 años. Hace falta tocar los 4 millones de pisos vacíos que tienen guardados los bancos y fondos buitre con objeto especulativo. Es necesario tocar los intereses de los grandes tenedores, en su mayoría bancos, aquellos que fueron rescatados en 2008 después de arruinar a los padres de los que hoy no pueden emanciparse. Hace falta expropiar las viviendas de los grandes tenedores para crear un parque público de alquiler social, y también construir más, pero a costa de impuestos a las grandes constructoras, bancos y fondos buitre que se han lucrado a golpe de especulación todos estos años. Al mismo tiempo es necesario intervenir el mercado del alquiler bajo el control de los inquilinos. Todo ello junto a otras medidas contra el paro y la precariedad juvenil, como el reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial o la incorporación inmediata de cláusulas de revisión salarial en todos los convenios que indexen el IPC de forma mensual y de forma automática o la nacionalización sin indemnización y bajo control de trabajadores y usuarios de los oligopolios de la energía y el trasporte entre otras. Medidas sin las que es imposible pensar resolver la problemática de la vivienda.
