Diputados. Ley ómnibus: los cambios que acepta el gobierno y las trampas de una negociación que sigue

Por la mañana de este lunes se conoció el documento del gobierno de Milei, en respuesta a los pedidos de cambios a la Ley ómnibus que le hicieron los bloques del PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal (liderado por Pichetto) e Innovación Federal (ligado a gobernadores cercanos o con terminales con Sergio Massa). Fue tras una semana intensa de negociaciones entre funcionarios y estos bloques, que desfilaron por el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Las modificaciones más debatidas por estas horas son: la delegación de facultades, cambios en la movilidad jubilatoria y las alícuotas de las retenciones (derechos de exportación). Es que son ejes centrales para el plan económico del gobierno de Milei relacionados con su objetivo de reducir el déficit fiscal y a tono con los “mandamientos” del FMI. En el caso de jubilaciones, para hacer un ajuste (reducir gasto), y en el de las retenciones, para aumentar recaudación (y que no son coparticipables con las provincias).

En cuanto a la delegación de facultades y declaración de emergencia, se eliminan dos áreas: “social” y “defensa”. Pero se mantienen otras 9, muy preocupantes: “en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa”. Los bloques colaboracionistas venían pidiendo que la delegación de facultades (que le permite al poder ejecutivo “saltearse” el Congreso y evitar otros procedimientos administrativos, gobernando por decreto), sea reducida a la mitad. El proyecto original pedía que sea por 2 años, prorrogable por otros 2 años; con los cambios presentados por el oficialismo serían por 1 año, prorrogable por 1 más con aprobación del Congreso. Como vienen denunciando los diputados y diputadas del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman alertó que “es para que hagan el daño más rápido, mientras dure el apoyo inicial”.

Respecto a la movilidad jubilatoria, el gobierno retrocede de su propuesta original de decidir sus montos por decreto. Los bloques dialoguistas pedían que quede explícita una nueva fórmula de movilidad que reemplace a la actual. Javier Milei les tomó el guante , y como todos los últimos gobiernos, hace una propuesta para consumar un nuevo robo a jubilados y jubiladas. El dictamen del poder ejecutivo pretende que se mantenga hasta marzo la actual movilidad, y cambiarla a partir de abril para que se actualice por la inflación del mes anterior.

Desde la izquierda salieron al cruce del nuevo texto. Nicolás del Caño denunció que “Milei congeló las jubilaciones en su primer mes de gobierno con un 25% de inflación” y que con la nueva propuesta “se van a ´ahorrar´ la actualización de un trimestre. Ni hablar si eliminan el bono a la mínima, sería directamente un recorte del 35% más”. Myriam Bregman agregó que el robo de un trimestre implicará una pérdida de alrededor del 50% y que “insisten en entregarle a Caputo el FGS, los ahorros de los jubilados, para que los pueda rematar. Quienes voten esto serán corresponsables de ajustar a los que menos tienen”.

En última instancia el objetivo del gobierno es consumar una nueva pérdida de poder adquisitivo: que la nueva movilidad se calcule sobre un piso muy bajo. Hoy la jubilación mínima (que percibe casi el 65%) es de $105.713 sin los bonos.

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Como señaló Bregman, el oficialismo mantiene el artículo que propone el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional. Eso implica que el ministro de economía, Luis Caputo, pueda rematar y especular con los ahorros de los jubilados.

Desde los bloques colaboracionistas, aparecieron algunas críticas a la propuesta. Fue el caso de Paula Oliveto de la Coalición Cívica (en el bloque de Pichetto) que pidió públicamente que la nueva actualización por inflación se aplique desde diciembre. Desde la UCR, Karina Banfi salió con el mismo cuestionamiento. Por el PRO no hubo ninguna crítica a la movilidad propuesta, y se limitaron a festejar que el gobierno decidió eliminar la jubilación de privilegio para presidente y vice. La atención de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo se limitó a lo que afecta a 2 personas, pero no en lo que impacta en casi 7 millones de jubilados y jubiladas.

De lo que no se escucharon críticas por ahora desde estos bloques, es sobre la insistencia de darle la llave del FGS (ahorros de los jubilados) a Caputo.

La disyuntiva que se le plantea a los bloques dialoguistas es que, aunque no le voten la nueva fórmula de movilidad que propone el poder ejecutivo, si levantan la mano en las facultades delegadas por 1 año (entre ellas, en materia previsional), le están dando al gobierno la posibilidad de hacer nuevos cambios con total discrecionalidad sin que pase por el Congreso.

El punto que más preocupa al PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal es, sin embargo, en relación a las retenciones. Si bien el gobierno cedió en retirar el 15% para algunas economías regionales y que queden con alícuota 0% , mantienen la decisión de aumentar retenciones a la soja y derivados (del 31% al 33%), el trigo y el maíz (del 12% al 15%), del girasol (del 7% al 15%) y de la carne (del 9% al 15%). Varios gobernadores que responden a la ex coalición Juntos por el Cambio, expresaron que no van a acompañar estos aumentos en las retenciones. En el mismo sentido, el espacio liderado por Sergio Massa que hoy integra el bloque de diputados de Unión por la Patria, lanzó una campaña de “no al aumento de retenciones”.

Otro de los cambios que concentró la atención este lunes es la exclusión de YPF de la lista de 41 empresas públicas sujetas a privatización. Fue un pedido de los bloques colaboracionistas. Myriam Bregman aclaró que “YPF ya es una sociedad anónima con un 49% en manos privadas. Y ojo: que el gobierno renuncie a vender hoy las acciones en manos del Estado, no significa que no lo vaya a intentar más adelante. Mientras tanto, a YPF la controla un hombre de Paolo Rocca, dueño de Tecpetrol”. Otros especialistas calificaron este cambio como “inocuo”.

En los casos de Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, y con control del Congreso, montándose en la legislación menemista que remató empresas públicas, despidió a miles de trabajadores y legó a las siguientes generaciones malos servicios pero en manos privadas.

El capítulo de energía incluyó varios cambios que pedían los gobernadores, especialmente de provincias petroleras. Los central son cuestiones de forma que tienen que ver con respetar “el dominio” de las provincias sobre los bienes comunes naturales. Lo más grave del articulado es que se mantiene que el objetivo del sector sea “maximizar la renta” y deje de ser prioritario el “abastecimiento interno”, aunque incluyen algunos límites al “libre comercio exterior” que promulga el gobierno de Milei a pesar de tratarse de un derecho esencial para la población el acceso a la energía.

Nada se toca sobre los cambios para tomar y reestructurar deuda que impulsa el gobierno. Queda el texto original de la Ley ómnibus que propone que las reestructuraciones de deuda puedan ser en peores condiciones que las originales, y tomar deuda con acreedores privados sin que pase por el Congreso.

Tampoco cambia sustancialmente el capítulo impulsado por Patricia Bullrich para criminalizar la protesta y atacar organizaciones sindicales, sociales, políticas que sean opositoras. La ministra de seguridad había asegurado que eliminaban el artículo que consideraba “una manifestación” una congregación de 3 personas o más. Finalmente, la ultima versión del oficialismo no lo eliminó sino que lo modificó: en vez de 3 será de 30 o más personas lo que quieren considerar como "reunión o manifestación" para que actúen las fuerzas de seguridad y aplicar el código penal.

También quedan todos los capítulos para darle beneficios impositivos a los más ricos y grandes empresarios locales y extranjeros. La reducción de bienes personales, blanqueo de capitales, blanqueo laboral, moratoria y el régimen de incentivos a grandes inversiones por 30 años se mantienen. No son puntos que estén muy cuestionados por los bloques colaboracionistas, salvo en algunos aspectos parciales que se incluyen en las modificaciones.

Las modificaciones presentadas para el capítulo de cultura son un “maquillaje”, ya que dan marcha atrás en algunos puntos pero suman otros más graves. Por ejemplo, se faculta al poder ejecutivo “para transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, y/o revertir sus recursos a Rentas Generales”, por lo que se retrocede de lo ya conquistado en 2022 con respecto a las asignaciones específicas que sostienen a los Institutos de Cultura. De aprobarse esta disposición, de un momento a otro el gobierno puede quedarse con todos los recursos presupuestarios de Cultura.

Hay otra tanda de temas que el gobierno de Milei cedió en excluir ahora de la ley, pero para insistir con su tratamiento en sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo. Es el caso del capítulo electoral, el de salud mental, la modificación de la ley de sociedades, buena parte de los cambios al Código Civil y Comercial, juicios por jurados y traspaso de la justicia nacional a la ciudad.

La Libertad Avanza tiene intenciones de convocar este martes el plenario de comisiones para emitir dictámen. Es probable que, de no modificarse el nuevo texto del Poder Ejecutivo, haya varios dictámenes, y no todos los bloques dialoguistas firmen el del oficialismo. La pretensión del bloque libertario es convocar a una sesión este jueves para darle media sanción, luego del paro y la movilización. Con el PRO cada vez más cerca de acordar con el gobierno, habrá que ver si UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal les da el gusto de acelerar el tratamiento. Otra posibilidad es que se extienda algunos días más el debate de diputados en comisiones y que la sesión sea la próxima semana. La propuesta de la UCR venía siendo dictaminar después del paro del miércoles, y llevarla al recinto recién el lunes 29 de enero.

Cuando llegue la sesión, la atención estará puesta en la votación en particular que definirá el destino de muchos artículos del proyecto oficialista y puede modificar sustancialmente el resultando de este round para el gobierno. La delegación de facultades aún por 1 año, también va a dar cuenta del verdadero posicionamiento de muchos de los bloques dialoguistas.

Mientras tanto, el DNU sigue corriendo salvo los puntos frenados en la justicia. Este lunes, Bregman interpeló a diputados y diputadas de todos los bloques. Recordó que "Venció el plazo para que la Comisión Bicameral se expida, se terminó el jueguito mediático del gato y el ratón. Llegó la hora de sentarse en el recinto y tirar abajo el DNU, o elegir de ser cómplice con un ataque monstruoso a las condiciones de vida del pueblo trabajador. El paro y la movilización de este miércoles tienen como motor central el rechazo al DNU y la ley ómnibus.