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Miércoles 4 de septiembre de 2019
La conferencia matutina de este miércoles inició con un informe de Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos, acerca de la liberación de Gildardo López Astudillo, “el Gil”, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El subsecretario calificó de “muy grave” esta liberación, pues sienta un precedente para que haya más sentencias absolutorias y que se fortalezca una tendencia de liberación de detenidos por el caso Ayotzinapa.
Informó que entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de agosto de 2018 fueron detenidas 142 personas, tanto vinculadas al cártel Guerreros Unidos como policías de Iguala y Cocula. De ahí, 70 personas han sido procesadas por el secuestro de los normalistas. Sin embargo, 53 de los 142 presuntos delincuentes han sido liberados por causas relacionadas a una indebida integración de la investigación.
La liberación de “el Gil” sienta un precedente con el que podrían salir libres otras 50 personas bajo proceso.
Ante este panorama, Encinas explicó que, por instrucciones de López Obrador, se iniciarán con la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal, recursos legales para iniciar una investigación a funcionarios de la FGR y a jueces del poder judicial, para deslindar responsabilidades en estos casos en los que, “en lugar de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá el silencio y la impunidad en la comisión de este delito.”
A casi 5 años de la desaparición de los 43 normalistas, siguen saltando los vínculos entre las autoridades –en este caso del Poder Judicial- y el crimen organizado, mostrando la corrupción imperante en las instituciones del régimen político y su profunda descomposición, por más que el gobierno pretenda reformarlas con buenas intenciones.
Lo anterior se complementa con la impunidad garantizada por el gobierno de la 4T hacia los responsables políticos de Ayotzinapa, como el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre, el ex presidente Peña Nieto y altos mandos militares involucrados. Es también la contracara de la insultante política de “olvido no, perdón sí”, ensayada hace algunos meses.
Por otra parte, el despliegue de la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública y como extensión de la border patrol para perseguir migrantes, es una bofetada para quienes buscan a sus familiares y exigen justicia tras las desastrosas consecuencias de la militarización del país bajo los dos sexenios anteriores.
La continuidad de la militarización, además, envalentona a gobernadores y a las fuerzas armadas para reprimir la protesta social, como vimos recientemente con los maestros de la GETEG en Guerrero y con los normalistas de Mactumatzá y la Normal Indígena Jacinto Canek en Chiapas, ésta última cerrada recientemente por autoridades municipales mediante una política de criminalización de los estudiantes.
