La puesta en libertad bajo fianza por falta de pruebas concluyentes que justificaran la pena de cárcel incondicional de 5 miembros de los CDRs detenidos el pasado septiembre acusados de terroristas, muestra el penúltimo montaje policial de las cloacas del Estado.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Viernes 27 de diciembre de 2019
Ferran Jolis, Alexis Codina, Guillem Xavier Duch, Eduard Garzón y Xabier Buigas son los 5 miembros de los CDRs puestos en libertad en los últimos días (Ferran y Alexis este mismo 26 de diciembre). Tan solo Germinal Tomàs y Jordi Ros quedan en prisión a la espera de revisar su situación tras el cambio de opinión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Estos 7 activistas, miembros de los CDRs, fueron detenidos el pasado 23 de septiembre, en las vísperas de la infame sentencia a los líderes políticos y sociales del procés -que para aquellas fechas sumaban prácticamente 2 años en prisión provisional- que se acabó haciendo pública el 14 de octubre.
Frente a la posible respuesta que iba a despertar en las calles de Catalunya la sentencia del juicio del procés, la maquinaria de las cloacas del Estado, empezó a tejer un nuevo (ni el primero ni el último) montaje policial. Fiscalía, Policía, Judicatura y Prensa, todas las piezas en su lugar listas para cumplir su papel, activaron aquel 23 de septiembre el operativo.
Los acusados fueron asaltados y detenidos en sus casas en plena madrugada, junto a sus parejas, hijos y familiares. Horas más tarde se enteraban, tanto por parte de los mandos policiales como a través de la prensa, de que eran detenidos en el marco de una operación antiterrorista.
Se les acusaba de contar con material para la fabricación de bombas y con la preparación logística para atentar en las próximas fechas (coincidiendo con la sentencia del procés). Rápidamente fueron transportados a Madrid y puestos bajo la responsabilidad de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que decretó prisión incondicional.
A la par, otra pieza fundamental de todo montaje, los grandes medios de comunicación, iniciaron su escarnio público, poniendo en el foco de la opinión pública a los detenidos, lo que supone, como nos contaba Xavier Pellicer, portavoz de Alerta Solidaria y coordinador de la defensa del caso de los detenidos el 23 septiembre, una total vulneración de derechos.
“A la vez se está filtrando constantemente información, mucha de ella falsa, otras que no podemos contrastar, para crear un relato determinado, por lo tanto, es una guerra sucia mediática que deja indefenso a los detenidos y a sus abogados.”
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Varios fueron también los políticos que no dudaron en sumarse a esta persecución a los miembros de los CDRs, como este viernes recordaba el diputado por la CUP en el Parlament, Vidal Aragonés.
El 23 de setembre les detencions van venir acompanyades de criminalització dels portaveus de PP i el PSC que van arribar a afirmar o reproduir titulars que deien:
"Tenían preparadas bombas"
"Preparar acciones con explosivos"
Avui gairebé tots els companys fora de la presó. pic.twitter.com/gRF9L5oazy
— Vidal Aragonés (@VidalAragones) December 27, 2019
Pero estos días, después de tres meses de haber sufrido todo tipo de vulneraciones de sus derechos, 5 de los 7 miembros, están en libertad.
La Audiencia Nacional ha destacado que durante el registro pericial llevado a cabo por la Guardia Civil, no se encontraron pruebas de "la existencia de explosivos y sí únicamente de sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos (precursores).” Tan solo eso fue necesario, la falsa excusa, para poner en marcha el montaje policial.
Con esta nueva posición de la Sala, a la que no se ha opuesto la Fiscalía, se espera que los dos activistas aún en prisión, Germinal Tomàs y Jordi Ros, puedan abandonarla en las próximas fechas.
Un modus operandi tristemente conocido
Este caso de montaje policial no es ni el primero ni el último que sucede en el Estado español. Su uso está tan extendido que incluso organismos internacionales como Amnistía Internacional han criticado en varias ocasiones, especialmente desde el 2014 con la aparición de la Ley Mordaza, el abuso de la fuerza y los montajes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Este último ejemplo de montaje se enmarca en la represión al pueblo catalán y los activistas que luchan por el derecho a decidir. Pero de su uso no se escapa nadie que tenga una voz disidente contra el Régimen del 78.
¿Dónde está aquel grupo terrorista anarquista de la operación Pandora que movilizó a Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra? ¿En qué quedaron todas las vulneraciones en el proceso al joven Alfon? ¿Por qué no se habla del montaje, y cómo se desmontó, contra el compañero de La Haine Boro LH al que se le pedían 6 años de cárcel? ¿Y del tristemente famoso caso de Ciutat Morta de Barcelona? Por no hablar de los jóvenes de Alsasua.
Casos sin aparente relación, algunos con penas de cárcel por medio (como el caso Pandora, con 11 detenidos, 7 de ellos en prisión incondicional o Alsasua), pero en los cuáles se repiten dos ingredientes; activistas, luchadoras y colectivos disidentes frente al Régimen del 78 y las diferentes piezas de la maquinaria de las cloacas del Estado trabajando en comunión para la represión de estos colectivos y luchadores.
El reaccionario Régimen del 78 muestra su verdadera cara de represión y que no tiene otra “solución” más que palos y criminalización hacia el pueblo catalán y, en general, hacia toda protesta social.
