Luego de conocerse que la justicia dejaría en libertad a Alejandro Sáez Mardones, uno de los responsables del crimen de los tres militantes comunistas que fueron degollados en 1985, la familia señaló que apelará la decisión.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Miércoles 15 de julio de 2015
Escándalo ha provocado el fallo de la octava sala de la Corte de Apelaciones de dejar en libertad condicional a Alejandro Sáez Mardones, uno de los carabineros que fue agente de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) y quién estaba condenado a cadena perpetua por el caso de los tres militantes comunistas que fueron secuestrados, torturados y degollados, a fines del mes de marzo de 1985.
Hijos y familiares de las víctimas señalaron que el fallo era una aberración y que Sáez Mardones es responsable directo del crimen. Además, indicaron que es un caso de violación grave a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, por lo tanto apelarán el fallo, tanto a nivel nacional como también internacional. Según indicaciones de quiénes trabajan en el caso, Sáez Mardones no presenta arrepentimiento ni tampoco conciencia del crimen que cometió.
También presentarán una indicación para que los responsables de violaciones a los derechos humanos no puedan recibir estos beneficios. Lorena Fríes, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señaló que hay una deuda pendiente en estos temas y que es necesario cumplir los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Desde el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior también indicaron que estos crímenes deben ser sancionados y que según el informe psicológico, Sáez no está arrepentido, por lo tanto aspiraría que la resolución fuera revocada. Algo similar indicó la Ministra de Justicia Javiera Blanco, quien señaló que los antecedentes permiten pedir la revocación del fallo.
Mientras tanto el abogado del represor, Maximiliano Murat, defendió el beneficio.
Lo cierto es que las políticas de impunidad se instalaron desde la propia transición pactada a la democracia, de parte de los entonces partidos de la Concertación, la derecha y los propios militares. Eso permitió que Pinochet nunca fuera juzgado ni pagara con cárcel, lo mismo que la mayor parte de quienes violaron los derechos humanos, por lo que hoy es un número menor de ex agentes o militares presos, muchos de ellos en cárceles especiales y con importantes beneficios.
