El viernes por la mañana el juez Javier Gómez Bermúdez ha dictado los autos de libertad bajo fianza de 3.000 euros cada uno, para los siete jóvenes anarquistas que se encontraban en prisión preventiva en el marco de la llamada "Operación Pandora".
Sábado 31 de enero de 2015
Fotografía: Twitter
En la madrugada del pasado 16 de diciembre un dispositivo de 700 Mossos d’Esquadra, la policía autonómica catalana, irrumpió en centros sociales, ateneos y casas particulares para detener a 10 jóvenes anarquistas -ocho en Barcelona, uno en Manresa y otro en Sabadell-. La Policía Nacional también detuvo a uno en Madrid. Se les acusó de pertenencia a organización terrorista y se le asociaron una serie de atentados con bombas “artesanas de fabricación casera”. Desde entonces siete de los 11 detenidos se hallaban en prisión preventiva.
En la Barcelona la noticia asombró a la mayoría de la población, ya que no sabía de ningún tipo de atentado. Además, los vecinos de los centros sociales y ateneos aseguraron no tener ningún problema con ellos, mientras se desató la solidaridad de miles de jóvenes que marcharon en diferentes ocasiones para pedir la libertad inmediata y sin cargos de todos y cada uno de los detenidos y acusados.
Ahora, después de un mes y medio, podrán salir en libertad condicional bajo fianza a la espera de juicio. El juez que instruye en la causa, Javier Gómez Bermúdez, también ha dado por finalizado el secreto de sumario, con lo cual se han conocido el estado de la investigación y las supuestas “pruebas” que se tienen contra los acusados.
El magistrado ha vinculado a los detenidos con los supuestos “Grupos Anarquistas Coordinados (GAC)”. Según el auto “de la investigación se extrae que sus miembros pudieran ser presuntos autores de diversos atentados con artefactos explosivos de fabricación artesanal en todo el territorio nacional”. También afirma que los GAC suponen el elemento de coordinación “de grupos violentos con fines terroristas” y que usan dichos métodos “para desestabilizar el Estado y alterar gravemente la paz pública”.
Este caso se ha convertido en un ejemplo más de cómo en los últimos años el Estado español está incrementando la represión hacia los luchadores –sindicalistas presos, jóvenes luchadores condenados a prisión mediante invención de pruebas, decenas a la espera de juicios, etc.-, mientras deja en la calle a políticos y banqueros corruptos y absuelve a los policías culpables de torturas, invención de pruebas, abusos de poder y un largo etcétera.
Un caso testigo en Barcelona es el 4-F, reflejado en el documental Ciutat Morta que denuncia la corrupción policial y política que le costó la vida a Patricia Heras y otros jóvenes fueron encarcelados a pesar de su inocencia.
