Aurelia García lleva casi 4 años en prisión preventiva oficiosa, su caso muestra el actuar de las instituciones que se ensaña con mujeres pobres e indígenas.
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Joss Espinosa @Joss_font
Martes 6 de diciembre de 2022
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Aurelia García es una mujer indígena de 23 años originaria de Xochicalco, Guerrero, perteneciente al pueblo Nahua. Desde hace cuatro años se encuentra presa luego de que dictaran presión preventiva oficiosa en Iguala Guerrero por el delito de homicidio en razón de parentesco.
Aurelia fue víctima de violación y tuvo un embarazo no deseado, en octubre de 2019 a los 4 meses de embarazo tuvo un aborto involuntario sin recibir atención médica. Luego de que comprobaran la muerte del producto, y en plena recuperación, las autoridades la detuvieron en el mismo hospital, esposándola de pies y manos a la camilla.
Aquí comienza la serie de irregularidades en su caso, pues en todo este proceso no le fue brindado un intérprete, su detención fue ilegal, además de que se le orilló a aceptar un procedimiento argumentando que ella lo había aceptado libremente. Incluso el hecho de que sea juzgada por homicidio en razón de parentesco y no por aborto, es una muestra más de la criminalización hacia las mujeres; basta con escuchar los argumentos de la primera audiencia contra Aurelia en la que se dice “escucharemos como le fue arrebatada la vida a un menor de edad, que nació con vida y que posteriormente fue privado de la vida por su progenitora” muestra clara de la criminalización, además de que nunca se le explicó a Aurelia las implicaciones de dicha acusación.
En julio de 2021 fue sentencia a 13 años y 4 meses de prisión, en ese mismo mes se metió un recurso de apelación que tardó hasta enero de 2022 en ser atendido. Finalmente se ordenó la reposición del procedimiento, reabriendo su caso, sin embargo, se le negó el cambio de medida cautelar para que lleve el proceso en libertad, esto bajo el argumento de que dejarla libre “representa un peligro para la comunidad”.
Pese a que desde mayo de este año el aborto está despenalizado en Guerrero, y de que desde 2021 dicha entidad tiene una Alerta de Violencia de Género por agravio comparado que determina que el poder ejecutivo revise las carpetas de otras mujeres que se encuentran en una situación similar a la de Aurelia estos procesos siguen sin avanzar y se mantiene la criminalización a las mujeres.
Según información del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) en Guerrero hay al menos 20 casos de mujeres presas bajo el delito de homicidio en razón de parentesco un delito que tiene una pena de 50 años.
Verónica Garzón, abogada del IMDHD en una entrevista para la octava señala que el caso de Aurelia es un caso testigo y como la fiscalía aplica un escarmiento para quienes no cumplen con el mandato de maternidad.
Actualmente el caso se encuentra en la fase del Juicio oral y desahogo de pruebas, y aunque la fiscalía no ha podido comprobar la culpabilidad de Aurelia el proceso se sigue retrasando por culpa de dicha institución. Y, por si fuera poco, mientras Aurelia se encuentra en la cárcel, no se ha hecho nada ante la violencia de la que fue víctima.
Pese a los avances del derecho al aborto en el país, el caso de Aurelia comprueba como este sistema sigue criminalizando a las mujeres, aun cuando simplemente tuvieron abortos involuntarios. Este caso muestra como la criminalización de las mujeres es aun más fuerte cuando se trata de una mujer pobre e indígena, en tanto que, además la presión preventiva oficiosa siempre representa un problema para aquellos sectores que no tienen recursos para su defensa.
Exigimos la inmediata liberación de Aurelia García y de todas las presas por aborto.
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