El pasado martes 15 de enero, el Ministerio Público por “falta de pruebas” decidió dar vuelta la página y “no perseverar” en el procedimiento contra 16 imputados por corrupción en el caso SQM, entre ellos su ex gerente general P. Solminihac, el ex director del SII M. Jorrat, y el ex presidente de Enersis, Jorge Rosenblunt.
Domingo 20 de enero de 2019
Aquí no ha pasado nada.
11 días después de que el fiscal Pablo Gómez dejara su cargo y fuera reemplazado por Claudia Perivancich en el caso SQM, en un sorpresivo comunicado en la mañana del día martes 15 de Enero, la fiscal Carmen Gloria Segura confirmo ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la decisión de cerrar la investigación y “no perseverar” en la causa contra 16 imputados del caso de corrupción más grande que haya tenido el país en las ultimas 3 décadas; todos acusados por delitos de cohecho, delitos tributarios y de financiamiento irregular de la política a través de “boletas ideológicamente falsas”
¿Los motivos? “Que no habían elementos que permitieran sustentar una acusación respecto de cada uno de ellos” (EMOL 15/01/2019)
Con ese argumento, la fiscalía deja libre de polvo y paja a 16 procesados, entre ellos el ex gerente general de SQM Patricio Solminihac, uno de los hombres claves del imperio de Ponce Lerou, además del ex director del SII Michael Jorrat, y el ex presidente de Enersis, Jorge Rosenblunt, ambos procesados en la arista del financiamiento ilegal de la precampaña presidencial de Michelle Bachelet en 2013, ligados a las empresas de Giorgio Martelli.
Es así como nuevamente opera la impunidad en la justicia empresarial frente al mayor caso de corrupción en la política chilena, que puso al desnudo los estrechos vínculos que existen entre los negocios e intereses de la clase capitalista y sus propios partidos y operadores políticos a los que financian campañas electorales para después defender sus intereses.
Este nuevo giro de la tramaSQM se da casi un año de que la empresa (su personalidad jurídica) fuera “sobreseída” pagando una salida alternativa, equivalente a 4,2 millones de dólares (unos 2.550 millones de pesos). Una burla para las gigantescas ganancias de la firma que succiona los recursos naturales de la nación, donde anualmente SQM gana 320 millones de dólares (unos 26 millones de dólares mensuales; 0,8 millones diarios), esto significa que con 4 a 5 días de producción logro costear su impunidad.
Impunidad, causas congeladas y el millonario saqueo para los privados y transnacionales.
Como haciendo borrón y cuenta nueva, SQM pago por su impunidad, quedando al margen de la enorme crisis política que se abrió en Chile con la puesta en evidencia de las redes de corrupción en las que reposa el régimen chileno desde la UDI hasta el PS.
Como si nada, ingresan los capitales Chinos de Tianqui que pasaron a controlar el 24% de la empresa y competir con la otra firma que controla el negocio del Litio en Chile, la norteamericana Albemarle de Rockwood Lithium. Y después de mucha pirotecnia CORFO cierra el acuerdo con SQM, manteniendo la concesión en el Salar de Atacama hasta el 2030, también amplió su cuota para explotar y comercializar 349.553 toneladas de litio adicionales a la cuota que le quedaba por extraer según el contrato original (64.816 toneladas). Un regalo, tal cual ocurrió en dictadura, y a sabiendas del rol que está jugando el litio en el desarrollo de nuevas industrias, se mantiene el saqueo y la privatización de los recursos naturales y estratégicos para las grandes patronales privadas e imperialistas.
¿Y Julio Ponce Lerou? Beneficiado del “fideicomiso tuerto”, no siendo procesado, ya no es controlador, pero se encumbra nuevamente como “asesor estratégico de la compañía”.
¿Y los demás imputados, Longuería (UDI), Rossi (PS), Jorge Pizarro (DC), MEO (PRO), Contesse? Aún se mantienen en la impunidad, en un juicio común, congelado después de que la corte de apelaciones blindara al senador DC Jorge Pizarro rechazando su desafuero, dejando la causa en un completo reposo, sin fechas claras de nada.
Es necesario terminar con la justicia para ricos y ponerle fin al saqueo de los recursos naturales y estratégicos de la nacional.
La justicia para ricos mostró una vez más como se mantiene intacto la impunidad para los grandes empresarios, y políticos patronales. Es la línea que trazo la Dictadura y los gobiernos “progresistas” en la llamada “transición”.
El aparato judicial fue una pieza clave para la clase dominante, en la tarea estratégica de mantenerlaestructura neoliberal del saqueo que opera en SQM.
Si bien los juicios contra personajes como Longuería (que gobernó como ministro de economía directamente para SQM, consiguiendo su invariabilidad tributaria) fueron una alarma en el régimen de la democracia para ricos, de ninguna forma el objetivo estuvo puesto en alterar en lo más mínimo los intereses capitalistas que hay detrás, asegurando la impunidad paga, y el freno de mano a los procesos judiciales dejando en foja 0 las acusaciones.
Frente a la impunidad de los tribunales, es necesarios plantearse terminar con todo este sistema judicial servil y funcional a la democracia de los empresarios, con jueces designados y privilegiados con sueldos millonarios, que alejados completamente de la vida y padecimientos del pueblo trabajador, “juegan a la justicia”, llenando las cárceles con los sectores mas empobrecidos de la población mientras celebran la impunidad de los grandes empresarios, sus representantes y los genocidas.
Medidas elementales en esa dirección son la elección de los jueces y fiscales de manera directa por voto popular. La transmisión abierta a los de los procesos judiciales políticos, para poner al alcance de todas las decisiones y procedimientos de la justicia. Terminar con los sueldos millonarios del poder judicial, cobrando el equivalente al de una profesora o un trabajador calificado. Además de hacer de los mandatos revocables por voto popular. Aspectos básicos para avanzar a terminar con un aparato judicial hecha a la medida de los empresarios.
Por otro lado el caso SQM demuestra la urgencia de terminar con el saqueo de los privados y las trasnacionales sobre los recursos naturales, en particular con el Litio.
Es necesario estatizar el 100% del litio y sus empresas controladoras, terminar con el robo de la Dictadura, y poner la producción bajo gestión directa de los trabajadores y las comunidades para orientar los recursos y la producción al servicio de las necesidades de la población trabajadora, como un plan de obras públicas centrado en vivienda, el financiamiento de la salud y la educación pública, poniéndola al servicio de los trabajadores y la población.
