La conquista de licencias laborales de las docentes porteñas actualiza el debate sobre la necesidad de extenderlas a todas las trabajadoras. Los números de la violencia y la propuesta de la izquierda.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Martes 30 de agosto de 2016
Ilustración: Joaquín Ramirez - Enfoque Rojo
Después de un año y medio de debate en la Comisión de Educación, la Legislatura porteña aprobó el pasado jueves la ley de Licencias por violencia de género para las trabajadoras docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Esta conquista, que cuenta con escasos pero importantes antecedentes, debería ser sin embargo un derecho de todas las mujeres que trabajan. Así lo sostiene el proyecto presentado en abril de este año por la diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, que propone garantizar la creación de Licencias laborales con goce de haberes para todas las trabajadoras que hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia machista, de acuerdo a lo que dispone la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Aunque esa ley reconoció finalmente que hay diversos tipos de violencia que afectan particularmente la vida de las mujeres, esto no significó que el Estado garantizara una respuesta inmediata para sus víctimas, algo que tampoco parece proponerse el Plan Nacional de Acción anunciado en julio de este año por el presidente de la Nación Mauricio Macri y la titular del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez.
Este Plan, que comenzaría a implementarse recién en 2017, se propone culminar con la implementación de tobilleras antipánicos, aplicaciones para celulares y treinta y seis Hogares de Protección Integral (HPI) para las víctimas de violencia de todo el país, a fines de 2019. Como tal, el Plan parece estar lejos de dar respuesta a la situación de emergencia que sufren millones en el país. Por caso, así lo expresaron ante La Izquierda Diario trabajadoras de la Dirección General de la Mujer que depende de la gestión del macrismo porteño: mientras se avanza en el vaciamiento de programas de asistencia y atención a las mujeres, niñas y niños, las condiciones de quienes residen en el único refugio con el que cuenta la Ciudad, son más que preocupantes.
Los números de la violencia
La llamada violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia en el trabajo, la violencia mediática, la violencia contra los derechos reproductivos y la violencia obstétrica, fueron todas reconocidas por esa ley sancionada en 2009. Sin embargo, para millones de mujeres, particularmente para las más jóvenes, trabajadoras y pobres, eso no significó un cambio material en sus condiciones de vida.
Sin cifras oficiales, se estima que en Argentina muere al menos una mujer cada 30 horas víctima de femicidio, un gran porcentaje de ellas habiendo denunciado previamente -una o más veces- la situación en que se encontraba. Los datos del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres (RUCVM) señalan además que la mitad de las mujeres que denunciaron en 2013 ser víctimas de violencia machista estaban desempleadas y dependían económicamente (en el 59% de los casos) de su agresor, con el que además convivían.
Pero los números de la violencia no se limitan al maltrato dentro del hogar o la pareja. Sólo como ejemplo, cabe recordar que la prohibición del derecho a decidir sobre el propio cuerpo sigue cobrándose la vida de trescientas jóvenes y pobres que mueren cada año por abortos clandestinos. Y mientras el Estado reconoce que el 69% de los embarazos adolescentes no fueron planificados, alarma el desmantelamiento del programa de Educación Sexual Integral y el caso de la joven “Belén” en Tucumán vuelve a dejar al descubierto que esa violencia se sostiene y garantiza desde las propias instituciones del Estado, incluso cuando se trata de abortos no punibles. Esa misma impunidad es la que protege el accionar de las redes de trata, de las que son víctimas miles de mujeres y niñas que aún permanecen secuestradas y explotadas sexualmente.
"Una base material sobre la que se extiende y profundiza la violencia contra las mujeres"
A estos datos alarmantes se suman los que arroja la violencia machista en el mundo del trabajo. Mientras las mujeres continúan siendo las principales responsables de las tareas domésticas, de crianza y de cuidado, uno de cada tres hogares son sostenidos en Argentina por una mujer, y al menos la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen bajo contratos precarios e informales y sin llegar a cubrir con su salario siquiera el costo de la canasta básica familiar.
Según el Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la brecha salarial entre varones y mujeres continúa aumentando en el país, llegando al 27.2 por ciento en desmedro de las mujeres. La situación es mucho más preocupante para quienes no están registradas y carecen por lo tanto de cualquier derecho laboral, como sucede por ejemplo con el 83% de las trabajadoras domésticas del país, y es más grave todavía para quienes directamente carecen de un empleo. Según el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), este es el caso de más del 70% de las mujeres que viven en el 30% de los hogares más pobres del país.
“Es imposible negar que esta situación estructural constituye al mismo tiempo una base material sobre la que se extiende y profundiza la violencia contra las mujeres, afectando especialmente a quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica como la descrita y haciendo aún más difícil la posibilidad de desarrollar un grado mínimo de independencia económica que les permita salir de la situación de violencia en que se encuentran”, sostiene el proyecto presentado por la diputada de la izquierda.
Bregman también afirma que “esta situación es aún más preocupante si se considera que desde la asunción del nuevo gobierno nacional asistimos a un brutal ataque a los derechos laborales, que ha significado entre otras cosas el despido y desmantelamiento de programas vinculados a la asistencia estatal a las víctimas de la violencia de género, al mismo tiempo que un empeoramiento de la situación que viven en general las mujeres trabajadoras, que son quienes mayoritariamente ocupan los peores puestos de trabajo, convirtiéndose en una de las primeras ‘variables de ajuste’ tanto en el ámbito público como en el ámbito privado”.
“Una medida mínima e indispensable”
La legislación laboral argentina también sigue impidiendo el acceso de las mujeres a los derechos reconocidos por la Ley de Violencia. El hecho de que las trabajadoras continúen sin acceder a las licencias laborales por violencia de género es un claro ejemplo. “Como denuncian diversas organizaciones sindicales, esto obliga a las mujeres a justificar su ausencia en el lugar de trabajo con licencias por enfermedad o con licencias psiquiátricas, cuando no a silenciar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, a riesgo de que ésta se profundice y agrave”, sostiene Bregman.
“Contrariamente -explica- nuestro proyecto propone la creación de un Régimen de Licencias laborales para las víctimas de violencia de género, entendiéndolo como una medida mínima, básica e indispensable cuyo cumplimiento debe garantizar el Estado para todas las mujeres, ya sea que se desempeñen en ámbitos estatales, públicos y/o privados, bajo el régimen de contratos, en calidad de planta permanente, autónoma o de cualquier otra forma de empleo registrado o no registrado”.
Para la diputada de la izquierda, la extensión de este derecho, conquistado entre otras por las docentes de las provincias de Chubut y Santa Fe en 2014; por las trabajadoras estatales de Córdoba y Mendoza, las docentes neuquinas y las municipales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2015; por las estatales rionegrinas y las municipales de la capital chaqueña y del municipio de Vicente López de la provincia de Buenos Aires en 2016, a las que ahora se suman las docentes porteñas, “debe considerarse como complementaria del Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres, que presentamos en 2015 junto a mi compañero Nicolás del Caño, en el marco de las movilizaciones por Ni Una Menos. Un proyecto que seguimos exigiendo que tenga tratamiento en la Cámara de Diputados”.
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Ese proyecto, replicado por los legisladores del Frente de Izquierda Patricio del Corro en la Ciudad de Buenos Aires, Laura Vilches en Córdoba, Noelia Barbeito y Cecilia Soria en Mendoza y Raúl Godoy en Neuquén, fue puesto a disposición del movimiento que reclama medidas urgentes contra la violencia machista con el fin de garantizar que, sin más dilaciones, las mujeres puedan acceder a las medidas transitorias e indispensables que permitirían, al menos, ser un paliativo para tanto sufrimiento. La necesidad de poner en pie un gran movimiento de lucha para conquistar este derecho elemental es motivo de debate en diversas organizaciones sindicales así como en el movimiento de mujeres, que se prepara para participar en Rosario del próximo Encuentro Nacional de Mujeres.
