En una medida propatronal de la Cámara del Crimen se quiere criminalizar la organización obrera. Se los investigará por los supuestos efectos económicos de la medida de lucha contra despidos.
Lunes 30 de noviembre de 2015 11:50
Foto: MinutoUno
La Sala Cuarta de la Cámara del Crimen revocó el archivo de la denuncia formulada por la compañía MONSA, que opera el servicio de ese transporte público de pasajeros. Los jueces Alberto Seijas, Carlos Alberto González y Mariano González Palazzo sostuvieron que “no puede descartarse la hipótesis de administración fraudulenta ya que tal obrar de los conductores podría representar una violación de los intereses confiados por la empresa que le ocasiona un perjuicio económico a ésta y, al mismo tiempo, genera un lucro indebido a terceros”.
El “obrar de los conductores” al que refieren los jueces fue una elemental medida de protesta contra el despido del empleado Alejandro Benítez: no cobrar boleto. Para los jueces, los supuestos beneficiarios de la “estafa” serían “los pasajeros que utilizarían el servicio sin pagar y en consecuencia guardarían para sí el precio del boleto”.
Si no implicara un nuevo avance en la criminalización de la protesta obrera y social, esta medida judicial sería un chiste de muy mal gusto. Pero esta “investigación” se suma al juicio de desafuero que la misma empresa Monsa inició recientemente contra cuatro delegados de la 60 que encabezaron la lucha en junio pasado. Lucha que terminó en un histórico triunfo de los trabajadores contra la prepotencia del grupo empresario, obligando a retroceder en decenas de despidos y a reconocer derechos hasta entonces negados.
Esta nueva denuncia de la empresa dice que los choferes “desde el 25 de junio de 2015, presuntamente a modo de protesta por el despido del empleado Alejandro Benítez, habrían trasladado a los pasajeros sin obtener una retribución por tal servicio”.
Haciéndole caso a los pedidos patronales, el tribunal ordenó analizar si los choferes tuvieron “a cargo -o no- el manejo y cuidado del patrimonio ajeno, y si con su accionar quebrantó el deber impuesto, perjudicando así los intereses que le fueron confiados”. A su vez los jueces descartaron lo dicho por la defensa de los choferes sobre que éstos “no se beneficiaran personalmente con la maniobra”, refutándolo con el argumento de que “el lucro indebido en la hipótesis lo obtendrían terceros, concretamente, los pasajeros que utilizarían el servicio sin pagar y en consecuencia guardarían para sí el precio del boleto”.
En un claro posicionamiento en favor de Monsa, el tribunal destacó que habría “un perjuicio económico que no sólo estaría dado por la falta de ingresos a la firma para cubrir erogaciones (tales como sueldos de los dependientes), sino por la imposibilidad de acreditar la prestación de un servicio público que justifique el otorgamiento de los subsidios estatales que percibe dicha empresa privada”.
Eso sí, de las razones por las cuáles lo choferes llevaron adelante esa medida, trasladando pesajeron sin cobrar el boleto, el tribunal no dice ni una palabra. Como si esa supuesta “estafa” no fuera una respuesta a un ataque empresarial injustificado contra el personal de la Línea 60 sino producto de un capricho de los choferes.
El expediente fue remitido a la jueza de instrucción Alicia Iermini, quien deberá investigar la conducta de los choferes de la línea que transporta diariamente a 250.000 pasajeros entre el barrio porteño de Constitución y la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar.
Recientemente habían sido revocados los procesamientos a delegados de la misma línea de colectivos por supuestas “amenazas coactivas” durante el conflicto. Allí, frente a lo absurdo de las acusaciones patronales, la “falta de mérito” se impuso. Pero los ataques patronales siguen y nunca faltan jueces y fiscales con ganas de complecerse con sus hermanos de clase.
Fuente: DyN
