El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, instructor del proceso, aplicado la derogación del delito de sedición al expresidente catalán Carles Puigdemont, pero retoma su petición de extradición por malversación y desobediencia.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Jueves 12 de enero de 2023
Hoy ha entrado en vigor la derogación del delito de sedición después del pacto conseguido a finales del 2022 por PSOE, Unidas Podemos y ERC. Las primeras reacciones desde la judicatura no se han hecho esperar.
El juez Llarena considera que la derogación de este tipo delictivo plantea un "contexto próximo a la despenalización" de los hechos investigados, al no encajar en desórdenes públicos. Llarena también ha dejado sin efecto las euroórdenes actuales por sedición, pero ha acordado la busca y captura del expresidente y los ex consejeros Toni Comín y Lluis Puig por malversación y desobediencia.
La orden de detención que pesará sobre ellos a partir de ahora será de ámbito nacional. El delito por el cual está procesada la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la ex consejera Clara Ponsatí pasará ahora a ser desobediencia.
El magistrado Llarena tramita la causa contra Puigdemont y el resto de líderes independentistas que huyeron para esquivar a la represión de la justicia española. El expresidente y los ex consellers catalanes se encuentran en Bélgica, mientras que la líder de ERC se encuentra en Suiza.
En su resolución, Llarena explica que esperará que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) resuelva sobre la retirada de la inmunidad parlamentaria del expresidente Puigdemont y el ex consejero Comín y sobre la cuestión prejudicial que le planteó para tomar una decisión sobre la emisión de nuevas euroórdenes.
La judicatura española muestra nuevamente una inagotable sed de venganza ante todo aquello que tenga relación con el movimiento democrático catalán.
Además esta reforma del Código Penal, a pesar de derogar la sedición, incluye nuevas penas más graves a actas de protesta, que son de hecho los que afectan la mayoría de los y las activistas que se encuentran en medio de procesos judiciales.
Hay que ver como avanza esta nueva petición del juez Llarena y los movimientos de las defensas de los líderes independentistas, que ya ayer afirmaron su intención de pedir la absolución total de sus defendidos, al entender que, una vez derogada el delito de sedición, ninguno de ellos cometió tampoco delito de desobediencia o malversación.
Lo que queda claro, desde el minuto 1 de la reforma del Código Penal, es que la Judicatura y la derecha mantendrán su persecución y represión sobre el movimiento independentista, así como la Fiscalía a las órdenes de la Fiscalía General del Estado que mantiene para este 2023 decenas de juicios contra militantes independentistas.
