La decisión de Llarena de la suspensión de los diputados acusados de rebelión, sumada a al encuentro Sánchez-Torra, ha provocado un cruce de declaraciones entre las formaciones políticas que muestra como el eje se ha vuelto a situar sin equívocos en el Parlament en detrimento de una calle ya durante muchos meses silenciada.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 11 de julio de 2018
Foto: EFE
Esta semana se han sucedido dos acontecimientos que definen la nueva situación política catalana. En primer lugar, un nuevo paso del gobierno de Sánchez para restablecer relación con Catalunya , por supuesto una relación que no pase por el reconocimiento del derecho de autodeterminación, por la libertad de los presos políticos o por el archivado del centenar de causas producto de las jornadas de movilización en Catalunya.
El segundo acontecimiento, menos novedoso, es una nueva decisión de Llarena para agitar el gallinero político catalán. Visto que a nivel internacional suma derrota tras derrota, el magistrado encuentra en la débil alianza de las formaciones catalanas el lugar perfecto donde redimirse. La última decisión ha sido suspender a los diputados acusados por rebelión, entre ellos Puigdemont, lo que dejaría la aritmética parlamentaria surgida de las elecciones del 21D en peligro.
Es decir, tenemos por un lado una decisión del gobierno español y catalán de reconducir de cara a la galería la relación entre Moncloa y Generalitat, pero evidentemente sin ningún cambio de calado, sobre todo en las cuestiones más flagrantes como los presos políticos. Y por otro lado, un régimen que a través del poder judicial sigue ingiriendo en la política catalana. El resultado de esta nueva situación es una vuelta a las “batallitas” institucionales que dejan en un lejano recuerdo las peleas y las demandas expresadas por millones el 1 de catalanes el 1 de octubre.
La decisión de Llarena ha provocado que las fuerzas parlamentarias catalanas, a excepción del Partido Popular y Ciudadanos, se posicionen contra esta medida del magistrado, eso sí, todas ellas de forma tímida.
Junts per Catalunya y ERC han mostrado su voluntad de no acatar la decisión de Llarena, insistiendo que esas decisiones corresponden exclusivamente al Parlament. Aún así ERC ha visto el modo de rebajar la voluntad de JxCat. Y es que la formación repúblicana ha instado a esperar al jueves, cuando se reúne la mesa del Parlament y los juristas para valorar en profundidad la sentencia de Llarena.
Las dos formaciones afectadas por esta decisión, buscan un frente amplio, que incluya tanto a PSC como a Comunes para hacer frente a esta decisión de suspensión de sus diputados en el Parlament.
Los socialistas catalanes todavía retroceden un poco más respecto a ERC, y además de querer esperar al jueves, a la Mesa y a los juristas, aseguran que una resolución judicial no se puede votar en el Parlament. “Las resoluciones judiciales se tienen que cumplir”, aseguran desde las filas socialistas.
Si alguien tenía alguna esperanza en que el PSC modificara su posición frente a la cuestión catalana o que cediera, nada más alejado de la realidad, fiel hermano del PSOE, no va a hacer gesto alguno que implique enfrentarse a alguna institución del Régimen del 78.
Desde los comunes, por medio de Elisenda Alamany, han vuelto a hacer un ejercicio de eclecticismo. Por un lado han asegurado que pedirán a Sánchez que intermedie para que Llarena retire esta suspensión. Añaden que esperarán a saber la estrategia de JxCat y ERC para decidir qué hacer… aunque ya aventuran que quizá la votación en el Parlament no modifique la decisión de Llarena. Es decir, todo y nada.
Esta actitud de los Comunes es otro aspecto que no cambia desde que se agudizara en las calles la lucha por el derecho de autodeterminación el pasado 20 de septiembre. Mantenerse al lado del Régimen sin sacar los pies del tiesto como buen partido con responsabilidad de Estado, o al menos a eso aspira.
La CUP es la que más ha alzado la voz, más que por lo de Llarena, por la actitud de Torra, que definen como “una vuelta al autonomismo”. Lo cierto es que la CUP viene manteniendo el nivel más alto de crítica a este retroceso de Torra.
Pero no es menos cierto que esta situación sólo es expresión de lo se está gestando desde el 21D, y más en profundidad, de la estrategia de la dirección del procés que en ningún momento se planteó movilizar las fuerzas sociales necesarias para llevar hasta el final el derecho de autodeterminación, estrategia de la que las CUP fueron furgón de cola.
Torra tan solo administrando los resultados de ese plan político, plan que con el Partido Popular de Mariano Rajoy era imposible por la inestabilidad interna y el desgaste político de este último.
Además en las críticas desde la formación anticapitalista está siempre ausente una hoja de ruta clara e independiente. María Sirvent, de la CUP y el propio Carles Riera han asegurado estar dispuestos a sacar la “tarjeta roja” a Torra si continúa por la senda del autonomismo. ¿Pero qué viene después?
Mantienen su lealtad a Puigdemont, aunque este no dudó en escenificar en twitter la distancia cada vez más grande entre la CUP y sus antiguos socios, asegurando que Torra solo busca dialogar con todos, como se ha dicho desde el principio.
Nueva semana de agitación en la política catalana, pero por desgracia para el movimiento democrático y la voluntad expresada el 1O, en un terreno nada fértil para la consecución de sus objetivos. Las cosas de palacio no casan con la calle.
