El Parlament aprobó la “Llei de Transitorietat” que sienta las bases de la República catalana. Un debate desde la perspectiva de la clase trabajadora.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Martes 12 de septiembre de 2017
Foto: EFE
La “Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República”, aprobada por el Parlament en la madrugada del viernes, es una especie de Constitución que regirá la transición de la independencia catalana. Entrará en vigor solo en caso de que el SÍ se imponga en el referéndum del 1O. Los diputados de Junts pel Sí y los de la CUP la han aprobado con su mayoría.
La ley dispone de 89 artículos y tres disposiciones finales. Ella regiría durante un período aproximado de un año hasta que un Proceso constituyente dote de una Constitución definitiva a la naciente república catalana. Todo esto está por verse, ya que el Tribunal Constitucional español la ha invalidado el mismo viernes. Esto quiere decir que pierde toda validez legal. Sin embargo, la Generalitat y la mayoría del Parlament parecen dispuestos a continuar con la aplicación de la nueva ley.
Sin embargo, dicha ley no responde al “interés general” de todas y todos los catalanes. No podía ser de otra manera, ya que la sociedad catalana también está dividida en clases sociales. Y, el interés de los capitalistas es contrario al interés de la clase trabajadora. Durante la crisis económica la ganancia de los capitalistas catalanes, grandes, medianos y pequeños, se alimentó de los recortes, el paro y la precariedad de los trabajadores. En interés de esa clase capitalista es que ha sido redactada la ley, no del pueblo catalán.
Una ley hecha a la medida de Convergència y aceptada por la CUP
Según esta ley, se pretende sintetizar la voluntad de ruptura de Catalunya respecto al Estado español. En este sentido se plantearía un cambio cualitativo ya que el Reino de España tendría un nuevo vecino y límite territorial. Por otra parte, también propone otro cambio importante, que es la constitución de una República, en lugar de una Monarquía.
Al constituirse en República Catalana, la Generalitat se convertiría en el poder ejecutivo y el Parlament legislaría sobre todas las leyes sin la limitación de la Constitución española. Sin embargo, la Llei de Transitorietat es principalmente continuista respecto de la legislación actual. Algo que resalta a lo largo del texto, con un preámbulo y siete títulos se desgranan las líneas generales de la nueva nación.
La principal preocupación consiste en la continuidad, tal como lo expresa literalmente: “…Ley es el de asegurar la máxima continuidad posible a la regulación existente”. La continuidad de un sistema presidencialista. Pero no sólo ello. El poder judicial se preserva de manera intacta y con el mismo personal, tan solo cambiando el nombre. Por ello reconoce el derecho español (que no contradiga a esta Ley) y el de la Unión Europea. Es decir, de toda la legislación burguesa de España y la Europa del capital.
Bajo el título VII se especifica cómo se desarrollaría el Proceso Constituyente. Habría un proceso participativo ciudadano que sería canalizado por un Fórum Social constituido de políticos y representantes de la sociedad civil. Este Fórum sería el encargado de “canalizar” las propuestas que lleguen a la Asamblea Constituyente y realizar la nueva Constitución. El Fórum obra como una “guía” para que las propuestas no sean “equivocadas”.
Dicho Fórum estaría compuesto por los propios partidos políticos y las organizaciones de la “sociedad civil”. Como ya sabemos, para la antigua Convergència y Esquerra, estas son las empresariales en primer lugar y aquellas que les sean afines. El objetivo de crear ese “novedoso” Fórum es poder guiar la creación de la nueva Constitución hacia sus propios intereses. Y, la participación ciudadana que quede limitada a mantener la hegemonía de Junts pel Sí y la burguesía catalana.
La ley está centralmente redactada por los liberales de la antigua Convergència y los dirigentes de Esquerra Republicana, es decir, por los campeones de los recortes sociales (junto al PP y el PSOE). Por ello se plantean una transición de “manera ordenada y gradual y con plena seguridad jurídica”. Una transición que no preocupe a los empresarios, aunque no articule, siquiera de manera general, alguna tibia reforma social.
Lamentablemente los dirigentes de la CUP han aceptado esta Ley, esperando ingenuamente que el 1O haya un referéndum, incluso cuando esta posibilidad de torna cada vez más insegura. Sin ir más lejos, hoy Puigdemont ha asegurado que negociará con Rajoy la realización de un referéndum, aunque lo suspenda para el 2019, haciendo suyas las palabras del presidente de la ANC, Jordi Sánchez. La política de “mano extendida” a Junts pel Sí que la CUP ha sostenido en los últimos años, les hace marchar siempre por detrás de Puigdemont y Junqueras.
La naciente República se define por ser “de Derecho, democrática y social” como se especifica en el Preámbulo. Sin embargo, de la parte social no aclara nada. Todos los títulos se refieren exclusivamente al ordenamiento institucional. El adjetivo “social”, una abstracción sin contenido, no cambia ni un ápice de su contenido de clase: una república burguesa al uso.
¿Un proceso constituyente amañando por los capitalistas o verdaderamente libre y soberano?
Si la intención de los Puigdemont y Junqueras fuese profundizar en los métodos democráticos y participativos de la población podrían haber hechos cambios realmente profundos. Sin embargo, en la Llei de Transitorietat se encargan de destacar una y otra vez que quiere garantizar la “seguridad jurídica” y la “continuidad” de las leyes a las que estamos sometidos desde la Transición democrática.
Esto es normal que lo hagan los diputados burgueses de Junts pel Sí. Convergència tuvo sus 23 años de pujolisme y la etapa de Artur Mas, el President corrupto y “amigo de los empresarios” (business friendly, como dijo) que aplicó las reformas neoliberales y fue campeón de los recortes sociales. Pero, ¿que tiene que ver esta ley garante de la continuidad del régimen capitalista en Catalunya con una política “anticapitalista” como la que dice defender la CUP? Nada.
De la mano de Convergència y Esquerra no sólo no tendremos un referéndum vinculante. Porque para hacerlo y para que sea vinculante hay que defenderlo de las agresiones del Estado español, mediante la movilización social. Mucho menos aún tendremos una República verdaderamente democrática. Los campeones de los recortes son representantes de la burguesía catalana, nunca fueron demócratas, ni lo serán.
Para los marxistas revolucionarios de la CRT, la única perspectiva de que se constituya una república verdaderamente democrática es si esta es una república de los trabajadores y trabajadoras, sobre las ruinas del régimen capitalista. Somos conscientes de que esta no es la perspectiva que aún defiende la mayoría del pueblo catalán. Pero si lo que se busca es una democracia más generosa, entonces en lugar de continuar con un régimen de tipo presidencialista y con un presidente que se elige de manera indirecta por qué no que apostar por una cámara única de representantes, electos en circunscripción única a partir de los 16 años cada diez mil habitantes, que reúna los poderes legislativos y ejecutivos. Decisiones que afectan a millones no pueden ser tomadas por una persona que dura cuatro años en el cargo. Para ello serían necesarias dos medidas básicas: revocabilidad de los diputados y que ganen lo mismo que un maestro u obrero calificado (igual que los jueces y los funcionarios políticos).
El poder judicial pasa íntegro e intacto en la Llei de Transitorietat. La misma justicia que absuelve a los Mossos que le quitaron el ojo a Ester Quintana, que inhabilitó a Artur Mas y otros dirigentes por el 9N y tantos etcéteras. Entonces, para evitar que se lo cocinen entre los partidos del poder, elección directa de los jueces por el pueblo y que sean revocables (no de por vida, como ahora). Y que los juicios sean realizados con jurados populares.
La Convocatoria al Proceso Constituyente no debe circunscribirse a la realización de una Constitución, ya que sus postulados son generales. Debe abordar los graves problemas de los trabajadores y el pueblo pobre sufrimos a diario: como el paro, la precariedad social, los salarios mileuristas, anulación de todos los recortes, que aborde los derechos de las mujeres y de las trabajadoras en especial y un largo etcétera. Por tanto, dicho proceso constituyente debe ser libre, soberano y capaz de abordar y resolver todos los problemas, es decir, de impugnar la legalidad capitalista y su “seguridad jurídica”
Un proceso así sólo puede ser el resultado de la más amplia organización y lucha de la clase trabajadora y los sectores populares, buscando la alianza con el resto de trabajadores y sectores populares del Estado para que se abran procesos similares que sean la tumba del Régimen del 78.
Una República verdaderamente democrática, una República de los trabajadores y trabajadoras
Toda esta serie de demandas democráticas y sociales junto a otras muchas más son las que debería impulsar cualquier fuerza anticapitalista en la perspectiva de demostrar que una verdadera democracia solo puede emanar del poder de los trabajadores y el pueblo. Una república verdaderamente democrática no vendrá de la burguesía catalana. Mucho menos aún de los Borbones y la burguesía del resto del Estado. Solo la clase obrera como líder de la nación oprimida la puede encabezar en la perspectiva del socialismo.
Una república catalana basada en el poder los trabajadores y el pueblo será capaz de hermanarse al resto de los trabajadores y pueblos del Estado. Al fin y al cabo, hay mucho más en común entre un trabajador de Catalunya y el resto del estado que entre un burgués catalán y aquel trabajador al que explota. Los trabajadores somos explotados por las burguesías nacionales. Nos une la lucha contra la explotación de los burgueses y nuestra bandera roja.
Una república así será la base de la lucha para acabar con la Monarquía y las reaccionarias instituciones del 78. Será capaz de crear una unión libre y voluntaria de los trabajadores y los pueblos de toda la península ibérica. Una Federación socialista y voluntaria. Será el primer paso en Europa para acabar con la Europa del capital y construir una Europa de los trabajadores y los pueblos.
