Mientras el gobierno abre las puertas a suspensiones y despidos a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, ahora busca que los fondos de pensiones de las propias personas financien a las grandes empresas.
Ricardo Rebolledo La Izquierda Diario
Viernes 5 de junio de 2020
El 22 de mayo, Briones informaba que el gobierno enviaría un proyecto al Congreso que contendría cambios en el acceso a financiamiento para las grandes empresas, en el entendido de flexibilizar el mercado de capitales para que estas empresas tuvieran acceso a mayor deuda; una noticia que se materializó este jueves con el proyecto presentado por Piñera.
Entre lo más escandaloso del proyecto se encuentran los cambios a los regímenes de inversión de las AFP, donde se amplían de un 15% a un 20% las inversiones en fondos de activos alternativos [1].
El gobierno no solo está cargando la crisis sobre el pueblo trabajador y los sectores populares, defendiendo las ganancias capitalistas, con la “ley de protección del empleo”, que ya tiene cerca de 700 mil suspendidos [2], sin contar los que hoy se encuentran cesantes, y a los que se les dio la opción de financiarse sus sueldos con sus mismos fondos de cesantía, cuando este debería ser directamente pagado por los empresarios; sino que ahora busca que paguemos las deudas de las grandes empresas.
Son esas mismas grandes empresas, a las que va orientada este proyecto, que cotizan y tienen acciones, que están en la Bolsa, etc., y que buscan que sean financiadas, aún más de lo que son hoy en día, con nuestros fondos de pensiones. Y que a la vez son las mismas que lideran las suspensiones de trabajadores en el país, con un 31% del total.
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Empresas grandes, que son las que lideran las suspensiones, y que ahora con los recursos de los mismos trabajadores, entre ellos a quienes suspendieron y que se cuentan ya por miles, buscan que les financien.
El gobierno sigue buscando que carguemos con esta crisis, presionando aún más para que no sean las grandes empresas y las grandes fortunas las que solventen esta crisis, sino que sea el pueblo trabajador y sectores populares quienes paguen los costos.
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Pero mientras el gobierno busca cargar más la crisis en el pueblo trabajador y los sectores populares, desde diversos lugares, estos mismos buscan sus propias salidas para enfrentar estas medidas.
Así como la organización que levantan trabajadores de la salud en el Hospital Barros Luco, a través de su Comité de Higiene y Seguridad, en conjunto con asambleas populares de la comuna de San Miguel, sindicatos, organizaciones estudiantiles, o en Antofagasta en el Comité de Emergencia y Resguardo, nacido al alero de la rebelión popular, que reúne también a profesionales, trabajadores de la salud, diversos sindicatos de la minería, que también enfrentan las medidas del gobierno, y que el día ayer como comité obtuvieron una gran victoria a través de la huelga en la minera Guanaco, donde los empresarios buscaban aprovechar la pandemia para romper acuerdos con sus trabajadores.
Estos ejemplos son símbolos de las luchas para enfrentar a este gobierno que lo único que quiere es asegurar las ganancias empresariales a costa de nuestras vidas.
Presionar con una segunda cocina
Pero Piñera no está solo, ahora busca las alianzas necesarias para llevar todo esto sin oposición parlamentaria con su "gran acuerdo nacional", donde ya la vieja Concertación y sectores del Frente Amplio corrieron a apoyarlo.
O el mismo rol de la burocracia que dirige la CUT, como el Partido Comunista, que incluso votó el proyecto de "Ley de Protección del empleo", que mira desde afuera como nos pasan todos estos ataques, encerrados en una cuarentena ya histórica, manteniendo una tregua realmente criminal con el gobierno de Piñera.
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Frenar los ataques
Este ataque en específico del gobierno pone más al centro que nunca la importancia de que se acabe con las AFP y su negocio, levantando un sistema estatal, solidario, y administrado por trabajadores y los usuarios.
Es urgente levantar un movimiento a nivel nacional contra los despidos y las suspensiones, y contra toda la precarización a la que arroja este gobierno criminal. La crisis no la debe pagar el pueblo, debe ser costeada por los capitalistas, los que durante décadas y décadas han saqueado nuestros recursos naturales y se han enriquecido a costa del trabajo y esfuerzo de millones de personas. Es necesario luchar por impuestos de emergencia a las grandes riquezas del país, que pueda asegurar un ingreso mínimo de $500 mil a todas y todos quienes sean suspendidos o despedidos, que se encuentran en la informalidad o en la cesantía.
