El último escándalo de las vacunas, también denominado “vacunagate", ha vuelto a poner en evidencia la profunda desvinculación entre la denominada “clase política” y la mayoría de la población que padece los estragos de la grave crisis económica y sanitaria, potenciada por el desarrollo de la segunda ola de contagios de Covid-19.
José Rojas Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú
Viernes 26 de febrero de 2021
Como se recuerda, días atrás se hizo público que un grupo importante de personas vinculadas al poder político y económico, recibieron de manera irregular las vacunas de Sinopharm. Dentro de los beneficiarios se encontraban el ex presidente Martin Vizcarra, quien a su vez hizo vacunar a su esposa y a su hermano mayor. La ex ministra de Salud Pilar Mazzetti también se inoculo irregularmente la vacuna contra el coronavirus. A ellos se suman la ex canciller Elizabeth Astete, la lobista pro empresarial Cecilia Blume Cilloniz, el representante de la burocracia sindical Pablo Checa, además de autoridades religiosas, empresarios, entre otros personajes cercanos a las clases dominantes.
El develamiento de este escándalo, que obligó a renunciar a la ministra de Salud Pilar Mazzetti y a la canciller Elizabeth Astete, se dio en un contexto de alta crisis sanitaria y económica, potenciada por la segunda ola de contagios del Covid-19, frente a la cual, el presidente Sagasti solo atino a ampliar la cuarentena y a realizar salvatajes a los grandes empresarios sin implementar ninguna medida de compensación social o de protección a los trabajadores y a los sectores populares. Esto está generando descontento social, el mismo que ha empezado a expresarse en movilizaciones y acciones de protesta, como bien lo evidenciaron las acciones realizadas los días 16 y 17 de febrero en la zona sur del país.
El gobierno y los medios de comunicación hegemónicos, trataron de capear este descontento social, publicitando ruidosamente la llegada de las vacunas chinas al país, sin embargo, toda esta estrategia publicitaria se truncó a partir de que se hiciera público este escándalo, que como ya dijimos, involucra a importantes personajes cercanos a la denominada “clase política” y a los grupos de poder económico, quienes se valieron de sus privilegios de clase y de casta para utilizar indebidamente un porcentaje significativo de vacunas, sin importarles que miles de pobladores - sobre todo de los sectores más empobrecidos y trabajadores de la primera línea - se contagiaran y muchos de ellos murieran a diario por efecto del coronavirus.
El accionar de los implicados en este escándalo muestra también como razonan las clases dominantes y sus operadores políticos, para quienes, la vida del pueblo trabajador es lo que menos importa. Esta crisis mostro también que las instancias que se constituyeron, supuestamente para canalizar adecuadamente la distribución de las vacunas a la población, y las instituciones ya existentes como los diversos ministerios, pueden ser utilizadas al antojo de los poderosos, lo cual demuestra una vez más el profundo divorcio entre etas instituciones y las grandes mayorías empobrecidas, que son los sectores más afectados por las consecuencias de esta crisis.
En ese entender, el hecho que el ex presidente Martin Vizcarra y la ex ministra de Salud Pilar Mazzeti, se hayan visto implicados en este escándalo de las vacunas, no es un hecho menor, sino más bien grafica con claridad el grado de descomposición de los operadores políticos del gran capital y la magnitud de esta crisis de representación. Por eso vemos hoy que, aquellos que en su momento fueron glorificados por los medios de comunicación como los salvadores de la democracia y la vida, no están exentos de esta descomposición generalizada y terminan ahogándose en sus propias miserias.
Recordemos que Martin Vizcarra, por su cercanía a la CONFIEP, fue considerado por los grandes empresarios, sus medios de comunicación, sus partidos y por un sector de la izquierda reformista, como el adalid de la lucha contra la corrupción y el mejor defensor de la democracia y la institucionalidad. Mientras que Pilar Mazzetti, ex ministra de Vizcarra y ministra de confianza del presidente Sagasti, era una de las engreídas del empresariado y los grandes medios de comunicación, quienes la consideraban como la única persona capaz de enfrentar con éxito la propagación del coronavirus.
Entonces, el hecho que haya salido a la luz que estos personajes se beneficiaron de un bien público esencial como son las vacunas, en un momento de alta crisis sanitaria, como el que se vive actualmente, refuerza la desconfianza de la población en sus representantes y en las mismas instituciones del estado que se muestran incapaces de velar por los intereses de las grandes mayorías. Todo ello abona a la crisis del régimen político que tuvo una de sus expresiones más relevantes en las jornadas de noviembre del 2020 con las enormes movilizaciones, mayoritariamente juveniles, que empezaron cuestionando la asunción presidencial de Manuel Merino y terminaron criticando la constitución de 1993.
Este divorcio entre el accionar de los poderosos y las necesidades del conjunto del pueblo, no es un fenómeno solamente peruano, sino más bien es un hecho recurrente que lo podemos apreciar en diversos países del mundo como Argentina, España, Portugal o Chile, lo cual está sirviendo para mostrar patrones de comportamiento altamente irracionales de las clases y castas que ejercen el poder, las mismas que en todo momento ponen por delante sus beneficios y privilegios sin importarles la vida del resto de la población. Esta irracionalidad, que hace parte de la configuración del sistema capitalista, también la podemos apreciar con mucha nitidez en el hecho que el 95 % de las aplicaciones de dosis de las vacunas, está concentrado en tan solo diez países, como bien lo ha denunciado la Organización Mundial de la Salud OMS y todo esto debido a la apropiación privada de las patentes de las vacunas por parte de las grandes multinacionales, para quienes, la salud y la vida son un negocio más.
