El equipo técnico del fujimorismo ratificó su orientación continuista y neoliberal en todos los aspectos, así como su vocación reaccionaria y de mano dura como bien lo sostuvo Fernando Rospliosi, mientras que los técnicos que acompañan a Pedro Castillo apenas esbozaron tímidas medidas insuficientes para desmontar el régimen económico y político impuesto por Alberto Fujimori en la década de 1990.
Lunes 24 de mayo de 2021
El pasado domingo 23 de mayo se realizó el primer debate televisado de los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre. Este evento que fue organizado por el Jurado Nacional de Elecciones JNE, tenía como objetivo dar a conocer las propuestas técnicas de ambas fuerzas políticas que vienen disputando la posibilidad de ser gobierno en el balotaje del próximo 06 de junio. Los temas abordados fueron: reforma del estado, economía, salud, infraestructura y descentralización, seguridad ciudadana y orden interno, y medio ambiente.
En relación al tema reforma del estado debatieron Patricia Juárez por Fuerza Popular con Dina Boluarte por Perú Libre. En el tema económico estuvieron por Fuerza Popular el ex ministro del segundo gobierno de Alan García Luis Carranza quien debatió con el ex congresista nacionalista Juan Pari Coquecota. En el tema sanitario cruzaron lanzas el médico y empresario de la salud José Recoba por el fujimorismo con el ex congresista del Frente Amplio Hernando Ceballos. En el tema infraestructura y descentralización, por Fuerza Popular estuvo el ex ministro toledista Carlos Bruce quien debatió contra Andrés Alencastre de Perú Libre. En seguridad ciudadana y orden interno Fuerza Popular presento al ex ministro del interior Fernando Rospigliosi, quien se enfrentó al ex Fiscal Avelino Guillen. Cerraron este debate el ex presentador televisivo Nano Guerra García por Fuerza Popular y Celeste Rosas de Perú Libre quienes hablaron sobre medio ambiente.
Fujimorismo: continuismo con mano dura
Los cuadros técnicos del fujimorismo hicieron énfasis en la necesidad de mantener incólumes los pilares económicos y políticos del régimen vigente que como se sabe fueron impuestos por el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori en la década de 1990 y han sido los causantes de la profunda crisis económica y sanitaria que vivimos hoy en día.
En ese entender, Patricia Juárez cuando hablo de la reforma del estado dejo sentado que ellos mantendrán vigente el principio neoliberal del estado mínimo que, como se sabe, solo ha servido para beneficiar a los grandes empresarios nacionales y extranjeros en desmedro de los trabajadores y de las mayorías populares. Juárez, propuso como única salida “técnica” la simplificación administrativa y el gobierno electrónico dando a entender con ello que la profunda crisis orgánica que hoy se vive en el país tiene un carácter administrativo y de mala gestión, con lo cual se busca librar de responsabilidad al engranaje político en el cual se sostiene el régimen del 93.
En materia económica el ex ministro del segundo gobierno de Alan García, Luis Castilla, anuncio que en un probable gobierno de Keiko Fujimori su fórmula para generar más trabajo y reactivar la economía será la promoción de mayor inversión privada, lo cual implica carta libre para los grandes proyectos mega mineros como Tía María, Conga, entre otros, que han sido fuertemente rechazados por la población debido a sus elevados índices de contaminación ambiental y a la poca generación de puestos de trabajo. A esto se suma la continuidad de los beneficios tributarios para los empresarios, ya que, como bien lo señalo Castilla, de darse alguna modificación impositiva en un probable gobierno de Keiko, esta sería en sectores específicos y sin ahuyentar a los inversionistas.
En materia sanitaria y lucha contra el Covid-19, el médico y empresario de la salud José Recoba no dijo nada concreto, mas allá de la retórica y promesas huecas. Cabe mencionar que Recoba no solo es un empresario de la salud y uno de los pocos que se beneficiaron con la pandemia y los contagios masivos, sino que también, en su momento hizo parte de la campaña negacionista y de ataque a las vacunas contra el coronavirus la cual era promovida por el fujimorismo y por otros sectores reaccionarios.
El ex toledista Carlos Bruce, no se quiso quedar corto, por eso cuando encaro el tema de la crisis de vivienda por la cual atraviesa hoy el país y que ha llevado a un retorno de las invasiones de terrenos por parte de sectores que lo perdieron todo y que no tienen como costear sus alquileres, no tuvo mejor idea que proponer un plan de “vivienda pública” donde los terrenos que son del estado y que se encuentran inhabitados sean cedidos a grandes empresas constructoras para que estas construyan casas las cuales serían vendidas a estos sectores carentes de techo y de ingresos ya que, como lo dijimos, han sido víctimas de las duras medidas de ajuste económico que llevaron a incrementar los despidos masivos para favorecer las ganancias de los inversionistas privados en estos tiempos de pandemia.
La idea de promover la inversión privada no es nueva en el Perú, desde 1990 cuando se impuso el gobierno de Alberto Fujimori y su constitución de 1993, esta idea tuvo fuerza jurídica y alcanzo hegemonía en la academia y en las diferentes tiendas políticas. Desde ese momento fue propagandizada como la fuente principal de crecimiento económico y de la generación de trabajo. Sin embargo, 30 años después, la realidad nos muestra otra cosa, ya que las prerrogativas que gozo la inversión privada solo han servido para crear mayor desempleo, subempleo, precarización laboral, contaminación ambiental y despojo de los territorios de los pueblos originarios. A contra mano, estas iniciativas solo han contribuido a enriquecer a un puñado de capitalistas quienes, a su vez, se han visto beneficiados con políticas publicas orientadas a la reducción impositiva o a la evasión tributaria, lo cual ha contribuido también a reducir la recaudación de impuestos y a descapitalizar al estado generando una reducción del gasto social en temas relacionados a salud, educación y vivienda, por esa razón la pobreza y la pobreza extrema se han incrementado sustantivamente y los sistemas de salud y educación pública se encuentran hoy colapsados.
A pesar de ello, la promoción de la inversión privada es el principal baluarte de la burguesía, por eso las intervenciones de todos los técnicos del fujimorismo estuvieron orientadas a defenderla y blindarla de diversas maneras, incluso apelando a la mano dura. Por ello, Fernando Rospigliosi, aduciendo la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, no dudo en anunciar una serie de medidas para fortalecer a la policía nacional y al ejército, dejando en claro que ellos no dudaran en imponer un régimen represivo si ven que los intereses de los grandes empresarios peligran. Rospigliosi no escatimo en las amenazas y en el discurso del miedo y el terruqueo hacia la candidatura de Pedro Castillo y hacia sus seguidores, con lo cual buscaba sintonizar con los sectores más conservadores del país, muchos de los cuales votaron en la primera vuelta por la candidatura de Rafael López Aliaga.
Perú Libre: propuestas insuficientes que no rompen con el régimen del 93
Como se recuerda, durante la campaña de la primera vuelta, una de las características más importantes de la candidatura de Pedro Castillo fue su cuestionamiento limitado, pero cuestionamiento al fin, a la constitución de 1993, a las instituciones en las que esta se sostiene y a las políticas neoliberales, por esa razón, su llamado a cambiar la constitución a través de una Asamblea Constituyente fue uno de sus distintivos. Sin embargo, en lo que va de la campaña por el balotajeestos énfasis se han ido diluyendo hasta terminar reducidos en una denominada “lucha contra la corrupción” desvinculada completamente de los elementos estructurales que la condicionan y que tienen que ver con la predominancia de un régimen político que favorece la acumulación de ganancias de los empresarios.
Esto quedo claro en las diversas intervenciones de sus técnicos quienes, en todo momento, se cuidaron mucho de no mencionar la palabra neoliberalismo y de dejar en claro que lo que ellos proponen va en la misma sintonía de los capitalistas. Por eso, Dina Boluarte cuando hablo de la reforma del estado fue enfática al señalar que para ellos hoy lo prioritario es la lucha contra la corrupción y que su apuesta por cambiar la constitución se sostiene en contar como aliados a los empresarios. Lo expresado por Boluarte se contrapone a cualquier intento serio de acabar con el régimen del 93 el cual, como ya se mencionó, fue hecho para beneficiar a estos empresarios, por tanto, cualquier cambio estructural serio y sincero necesariamente deberá darse al margen de sus intereses y rompiendo con ellos y eso solo se hará con la fuerza, la movilización y la auto organización de la clase trabajadora.
Y fue precisamente la clase trabajadora la gran ausente en las propuestas de los técnicos que acompañan a Pedro Castillo. Por ello en ningún momento hablaron de acabar con la suspensión perfecta de labores que ha llevado al desempleo a miles de trabajadoras y trabajadores solo para beneficiar a un puñado de empresarios que se enriquecen con la pobreza de millones. Tampoco se pronunciaron por acabar con los regímenes precarizadores como el CAS y terceros que también fueron impuestos por el gobierno de Alberto Fujimori y que han llevado a la sobre explotación masiva. No dijeron nada de los millones de trabajadores que hoy laboran en la informalidad (70% de la población económicamente activa PEA sin contrato de trabajo y sin derechos laborales) y que son la argamasa de la cual se valen muchos empresarios para construir sus fortunas llevando incluso a la muerte a estos trabajadores por las duras condiciones en que laboran como ocurrió el 2017 con los jóvenes obreros que murieron carbonizados en un contenedor ya que su empleador los dejo encerrados bajo llave abusando precisamente de su condición de trabajadores informales.
Tampoco dijeron nada sobre acabar con los beneficios tributarios de los grandes empresarios los cuales han generado la reducción sistemática del presupuesto público y el gasto social. También fue completamente borrado de su discurso el tema de las nacionalizaciones, el mismo que ya venía siendo escamoteado y desvirtuado en intervenciones anteriores, sin embargo, en esta oportunidad simplemente fue dejado de lado, ello muestra la fragilidad de su propuesta económica ya que, al no tener una política tributaria que grave a los ricos, al haber borrado el tema de las nacionalizaciones y al no contemplar el no pago de la deuda externa, se quedan sin las fuentes de recursos básicos para implementar cualquier tipo de política pública que beneficie a las grandes mayorías.
Por ello, cuando Juan Pari habla de generar créditos para los emprendedores y no habla de la nacionalización de la banca privada, está haciendo demagogia pura, al igual que cuando habla de priorizar a los pequeños productores agrarios y generar soberanía alimentaria y no dice nada de la necesidad de nacionalizar y estatizar el comercio exterior para acabar con la competencia desleal que favorece a los grandes importadores de alimentos en desmedro de los pequeños productores.
Si bien Hernando Ceballos puso en evidencia la hipocresía del fujimorismo en materia sanitaria y en la lucha contra el Covid-19, así como las carencias presupuestarias del sector salud, al no proponer la nacionalización con control de sus trabajadores de las empresas privadas vinculadas al sector salud como los centros de producción y expendio del oxígeno medicinal, las clínicas y cadenas de farmacias privadas, y al no plantear mecanismos de financiamiento público que golpeen a los grandes empresarios se queda sin una línea concreta y realista para encarar la difícil situación sanitaria que vivimos y que ya ha costado miles de muertes.
De igual modo, Avelino Guillen, quien acertadamente puso de manifiesto el carácter delincuencial del fujimorismo, al no poner de manifiesto también la profunda descomposición de instituciones como el ejército y la policía nacional (esta última responsable de la muerte de muchas mujeres como ocurrió en Tacna y de los jóvenes que protestaron en las jornadas de lucha de noviembre y en las luchas obreras de diciembre y enero de este año) termina lavándole la cara a dos instituciones que, como bien lo dijo Fernando Rospigliosi, hoy apoyan con todo a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, las mismas que serán medulares en la imposición de la mano dura con la cual el fujimorismo pretende gobernar el país.
Lo que queda por hacer
La herencia del fujimorismo va más allá de la candidatura de Keiko Fujimori y se expresa en el actual régimen económico y político el cual se manifiesta jurídicamente en la constitución de 1993 y se sostiene en las diversas instituciones del estado (poder ejecutivo, legislativo, judicial, policía nacional, ejercito, tribunal constitucional, etc.), las cuales están orientadas a la defensa de los intereses de los grandes empresarios.
Por esa razón, si bien es importante derrotar a Keiko Fujimori en sus pretensiones electorales, y en ese sentido es legitima la indignación popular y las diversas iniciativas que se vienen implementando como la masiva movilización del pasado 22 de mayo, no podemos dejar de alertar al pueblo trabajador que las propuestas y la política de Pedro Castillo y Perú Libre no están orientadas a acabar realmente con el régimen del 93 sino más bien, por lo que hemos podido ver hasta ahora, solo buscan su continuidad y la llegada de Castillo al ejecutivo, por ello suscribieron hace poco la “proclama ciudadana” que avala la constitución de 1993 y ahora sacan de su programa elementos que, si bien tenían un carácter limitado, le eran incomodos a los empresarios y a los medios de comunicación.
Solo la auto organización y la movilización de los trabajadores y el pueblo, independientemente de los gobiernos de turno, de los partidos patronales y de los sectores reformistas de viejo o de nuevo cuño, nos garantiza la posibilidad de avanzar hacia la derrota definitiva de la herencia fujimorista, la cual, como ya lo dijimos, se expresa en el régimen del 93. Para avanzar en ese camino debemos retomar la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, la misma que deberá ser impuesta por esos espacios de auto organización obrera y popular o de frente único, los cuales debemos impulsar al calor de las luchas contra las políticas de ajuste empresarial y enfrentando las consecuencias desastrosas de la tremenda crisis económica y sanitaria. Esto también nos permitirá avanzar en mejores condiciones hacia la conquista de un gobierno de las y los trabajadores de ruptura con el capitalismo y con perspectiva socialista.
