Desde la Fiscalía Federal de Azul se ordenaron medidas judiciales a fin de dar con la responsabilidad penal en seis secuestros durante el último genocidio en la empresa de Fortabat.
Jueves 7 de mayo de 2015
Una vez más tenemos que hablar de las responsabilidades civiles en la dictadura sangrienta que comenzó en marzo de 1976 y la impunidad que sigue golpeando las puertas del Estado, no solo por la falta de juzgamiento, sino por el punto final biológico que se impone luego de 39 años.
En el año 2012 veíamos morir en su cuna de oro a Amalia Lacroze de Fortabat, como tantos otros cómplices que tuvieron sus manos manchadas con sangre, al igual que sus fábricas que hoy en día siguen explotando obreros.
Esta vez, la cementera que triplicó sus ganancias durante la dictadura vuelve a ser noticia por el secuestro y desaparición de Andrés Staldeker, Eustorgio Rodolfo Arenzo, Walter Ignacio Peralta, Manuel Antúnez, Antonio Alvarez y José Ricciardi. Desde la Fiscalía Federal de Azul se ha pedido indagatoria a 18 personas que eran parte de la gestión de Loma Negra en julio de 1976, conformaban las fuerzas armadas o eran personal civil de inteligencia dentro de la firma. Entre ellos está el represor Anibal Verdura, ex jefe de guarnición de Olavarría, que fue condenado por la causa Monte Peloni.
También en el año 2012, pero con varios meses de distancia de la muerte de la empresaria que la exceptuaron de vivir el momento, se condenaba a tres militares y dos civiles (que habían cedido su “Chacra” para ser utilizada como centro clandestino de detención) por la privación de la libertad, tormentos agravados y el homicidio del abogado laboralista Carlos Moreno, defensor de los trabajadores de Loma Negra.
A raíz de este juicio, hoy confirmado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal de la Nación, se llama a investigar a directivos de dicha empresa, entre los que se encontraban Ernesto Cladera y Jacinto Takieldin, también ya fallecidos. Durante las declaraciones testimoniales se aportaron numerosas pruebas que llevan al banquillo a estos sujetos por las detenciones ilegales sufridas por los empleados de la fábrica Loma Negra.
Pero no todo es casualidad, y como venimos denunciando desde LID en varias notas, la complicidad civil venía de la mano de grandes ganancias empresariales. En este caso, se pudo comprobar desde la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (Ofinec) de la Procuración que “la empresa obtuvo grandes beneficios con el golpe cívico-militar y redujo sus costos en materia de indemnizaciones luego del asesinato en mayo de 1977 del abogado”, esto sumado a la “ayuda” que vino después con las modificaciones de las leyes laborales llevadas adelante por los militares que le vinieron como anillo al dedo a todas las firmas de la época.
La causa en mención se encuentra en manos Martín Baba, juez federal de Azul, y tanto la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como la de la Provincia de Buenos Aires son querellantes. El fiscal Walter Romero solicitó, además, allanamientos y prohibió la salida del país de las personas investigadas.
