ACTUALIDAD. López Obrador, la reforma educativa y el “gobierno de transición”

Cabe recordar que en el año previo, estos habían criticado a los maestros por no apoyar en los comicios del 2015 al partido fundado por el tabasqueño y otros ex dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ackerman, en particular, “teorizó” que era necesario unir el movimiento político y social, y que eso pasaba porque los maestros apoyaran electoralmente a AMLO. No hay que olvidar que, hace 10 años, AMLO se negó a unificar el movimiento democrático que él lideraba con la lucha magisterial de Oaxaca.

Después de esas criticas, se congratularon finalmente de la mencionada decisión de la sección 22, la cual está en las antípodas de una política de independencia de clase. En ese contexto, Andrés Manuel López Obrador ha planteado dos propuestas, que abren una profunda discusión.

¿Abrogar la reforma?

La primera, tal como la expresó en un reciente discurso el pasado 26 de junio, fue “reformular la reforma educativa para elaborar una de consenso, con participación de autoridades, maestros y padres de familia”.

Ni en sus palabras ni en las publicaciones oficiales de Morena puede encontrarse una mención respecto a la abrogación de la reforma educativa. Si bien AMLO dijo respetar el derecho del magisterio a decidir con autonomía, un claro posicionamiento ante la reforma es lo menos que se podría esperar.

En las actuales circunstancias, esto no favorece la lucha de las y los maestros, ni ayuda a enfrentar la trampa montada por la Secretaría de Gobernación, que ha anunciado que la reforma “no está a discusión”.

AMLO parece no estar de acuerdo con lo que reclaman las bases magisteriales: que sólo mediante la abrogación puede empezar a discutirse, con la participación de los maestros y la población, qué transformación educativa se requiere.

Ahora que el gobierno amenaza con la represión, proponer un consenso con Peña Nieto y Nuño, que no parta de esta exigencia elemental, no enfrenta las maniobras gubernamentales, y puede terminar avalándolas, a contramano del sentir de millones de jóvenes y trabajadores simpatizantes de Morena que apoyan a los maestros.

¿Un gobierno de transición?

Sin duda, la segunda propuesta hizo mucho ruido. AMLO le propuso al mismo Peña Nieto: “un gobierno de transición” hacia el 2018, “con un gabinete distinto, bajo la premisa del diálogo y la reconciliación”.

Esto es formulado semanas después de que Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron los grandes perdedores de las últimas elecciones, mientras el descontento con el gobierno se profundiza, y la lucha magisterial amenaza con extenderse a otros sectores. Evidentemente, la situación política y el aumento de la protesta social actualizan el debate al interior de la izquierda en el país.

La respuesta que da López Obrador apunta a dar una salida “por arriba” a la crisis de legitimidad del gobierno y las instituciones.

Un gobierno como el que propone López Obrador representaría una nueva “transición pactada”, una reedición en condiciones distintas, de la que hicieron en 1994 el Partido Acción Nacional (PAN), el PRI y el PRD, la cual le dio una sobrevida al antiguo régimen priísta. El partido de AMLO le otorgaría legitimidad a esta proyectada primera transición del siglo XXI, en particular frente a los ojos de millones de personas que hoy están en oposición al gobierno. Esto mientras preservaría al PRI al interior de las instituciones, en un “gobierno de transición”.

Se trataría entonces, en los hechos, de un acuerdo en “las alturas”, preventivo. Su resultado sería desviar el descontento, y en particular adormecer a los sectores más combativos, como las bases magisteriales que eventualmente podrían incluso poner en cuestión la política de AMLO.

Un acuerdo que intentaría evitar que la movilización asuma una perspectiva que cuestione no sólo a Peña Nieto, sino al conjunto de la “alternancia democrática”.

Estamos entonces ante un debate estratégico que no debe ser desdeñado. La propuesta de AMLO implica una estrategia de “democratización” de las instituciones, similar a la que sostuvo en su momento el PRD. Apuesta a la reforma y el recambio del personal político al frente del gobierno. Pero el régimen actual es irreformable mas allá de algunos cambios cosméticos, y bajo éste no se pueden resolver las demandas obreras y populares.

Ante esta política de reforma “por arriba”, es necesario desplegar una estrategia evidentemente distinta, que genere las condiciones políticas para derrotar a las instituciones de la alternancia, lo cual es imprescindible para conquistar las reivindicaciones de los maestros y de todos los sectores que se movilizan.

Eso implica, en primer lugar, fortalecer la resistencia magisterial, defender sus demandas frente a las maniobras gubernamentales, y ampliar las tendencias a la unidad en las calles con el resto de los trabajadores y el pueblo.

Supone también una política para que entren a escena los grandes destacamentos de la clase trabajadora, concentrados en la industria, los servicios y otros rubros. Estos, con su acción y sus métodos de lucha, en alianza con los oprimidos y explotados del campo y la ciudad, pueden cambiar de forma sostenida la correlación de fuerzas en la escena política nacional y poner al gobierno a la defensiva.

Pero, a la par, se trata de fortalecer una perspectiva estratégica -la cual debe expresarse en fuerza organizada, esto es, en una organización política socialista y revolucionaria- que sostenga que el objetivo de todo ello no es el recambio de personal político en la administración del estado capitalista. Sino que apostamos a echar abajo, mediante la movilización revolucionaria, al régimen político y sus instituciones, para conquistar un gobierno de los trabajadores y el pueblo, romper con el imperialismo y expropiar a los expropiadores.