Impunidad Policial. Los Mossos que asesinaron a un activista LGBTI en 2013 evitan la cárcel

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Homicidio imprudente y delito contra la integridad moral. Tras minutos de puñetazos, patadas y porrazos en plena calle que acabaron con la vida de Benítez, estos son los cargos que el magistrado José Luis Ramírez ha imputado a los seis Mossos d’Esquadra que perpetraron el crimen.

Después de un juicio de 35 minutos, éstos seis han asumido la responsabilidad de la muerte de Benítez y han aceptado una condena de un año y nueve meses de prisión. Lo que sin embargo implica que no ingresarán en prisión por ser menor de dos años, que la pena se limita a la suspensión de empleo y sueldo durante esos 21 meses y la prohibición de patrullar durante 5 años; aunque sí seguir en los Mossos d’Esquadra si realizan un curso de Derechos Humanos.

Los dos Mossos acusados de eliminar pruebas, como limpiar la sangre del lugar y hacer que una vecina borrara un vídeo de la agresión bajo amenazas, han admitido los hechos y han sido imputados por obstrucción a la justicia, aceptando una pena de tres meses de cárcel que no cumplirán si realizan el mismo curso de Derechos Humanos que los anteriores.

El abogado de cuatro de los Mossos acusados, José Maria Fuster-Fabra, anteriormente vinculado con el grupo ultraderechista Fuerza Nueva y abogado defensor de miembros del GAL, se ha mostrado satisfecho con la sentencia, afirmando que “hemos tenido que ceder porque teníamos dos líneas rojas: el ingreso en prisión y la expulsión permanente del cuerpo”, aunque también subraya que “actuaron correctamente y siguiendo los protocolos vigentes”.

Los hechos se dieron la noche del 5 de octubre de 2013, cuando seis Mossos inmovilizaron y propinaron una paliza de varios minutos con patadas, puñetazos y porras extensibles a Juan Andrés Benítez. Después, le ataron los pies con un cinturón y le esposaron las manos por detrás de la espalda e introdujeron su cuerpo inerte en un vehículo de los Mossos. Los técnicos de la ambulancia pidieron que se le desatara para poder reanimarle, pero falleció cuatro horas más tarde en el Hospital Clínic.

Tras el intento de robo del vídeo, este fue presentado como prueba, aunque hoy en día costaría 30.000€ grabarlo y difundirlo, tal como contempla la Ley Mordaza, por la aparición de efectivos policiales. De la misma manera, diversas sentencias judiciales prohibieron grabar algunas de las sesiones del proceso judicial, pese a que era público.

De forma paralela al proceso, comenzó una serie de bravuconadas con el aparato judicial que sólo las fuerzas de represión y pocos afortunados más pueden permitirse, tales como comparecer a un juicio rodeado de otros veinte Mossos encapuchados y con gafas de sol y ser admitidos todos, o afeitarse completamente antes de un análisis de cabello de forma impune.

Días antes del último juicio, la defensa de los Mossos había formulado una petición al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que solicitaba la expulsión de la causa para la Asociación de Derechos Humanos de Cataluña (ADHC), acusación popular que suponía un escollo para evitar la entrada en prisión de los Mossos.

Finalmente, la ADHC, que podía haber sido expulsada según la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada en diciembre, ha retirado la petición de cárcel o expulsión del cuerpo, argumentando que en un nuevo juicio era posible una mayor impunidad, situación habitual en juicios a fuerzas policiales.

El pacto ha generado un profundo malestar entre los miembros de la Plataforma Justicia para Juan Andrés, que se oponían al acuerdo y han convocado una concentración pidiendo justicia en un solar de la calle Aurora, el lugar donde Benítez fue asesinado.

Ese espacio se ha convertido en un lugar simbólico donde se reúnen diversas asociaciones que combaten la discriminación que sufren contra inmigrantes o LGTBI por parte de la policía, y donde la Plataforma se concentra todos los días 5 de cada mes, afirmando en boca de uno de sus activistas que “los tribunales pueden hacer un tipo de justicia, nosotros hemos peleado y seguiremos con nuestro trabajo para hacer justicia en la calle”.

Estas situaciones de acoso policial son habituales en el barrio barcelonés del Raval, donde cuatro meses antes del asesinato de Benítez, los Mossos de Esquadra hicieron redadas en varios locales de ambiente la noche que se celebraba el Día del Orgullo LGBTI. Testigos afirmaron que eran “veinte policías con el rostro tapado dieron una patada a la puerta y entraron gritando. Algunos llevaban la pistola en la mano”.

Este esquema de violencia policial sin castigo no es un caso aislado, sólo uno de los que ha tenido consecuencias fatales, como los que se producen en los CIEs, en las comisarías o en las manifestaciones, causados en una proporción especialmente alta por los Mossos d’Esquadra, pero también por cuerpos policiales de todo el estado.

Sin embargo, la muerte de Benítez, el 4F (recogido en el documental Ciutat Morta), la muerte de Mor Sylla en una redada policial, o de Miguel Ángel en una comisaría zaragozana el pasado 7 de abril, son ejemplos de la impunidad con la que cuentan quienes se encargan de reprimir el descontento social.

Un descontento social que es reprimido no sólo con dureza en la calle, sino también en los juzgados, que criminalizan, imponiendo multas y penas de cárcel a activistas, sindicalistas y luchadores, como Alfon, los antifascistas de Zaragoza o Andrés Bódalo. Esto es lo que podemos esperar de su justicia de clase.