La pandemia desató una crisis sanitaria que se sigue profundizando y aceleró el derrumbe en las condiciones de vida de las y los precarizados, desocupados y sin techo. La pelea de los explotados por conquistar la tierra y el rol de los sindicatos. El 17S salimos a las calles.
Sábado 12 de septiembre de 2020 13:30
El acceso a la vivienda digna es un derecho que hace muchos años viene siendo negado por los diferentes gobiernos a miles de familias en el país. Como se comprobó este 2020, la consigna “quédate en casa”, resultó imposible de cumplir para una gran parte de la población que directamente no tiene casa. Mucho menos fue posible garantizar las medidas de higiene y distanciamiento que se necesitan para no contraer el virus.
Según datos del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos, el déficit habitacional actual de la Provincia de Buenos Aires se calcula en 900 mil viviendas. Mientras, las mejores tierras están en manos privadas y el negocio inmobiliario crece con edificios de lujo para unos pocos.
Esta situación se volvió insostenible y en los últimos meses centenares de familias trabajadoras con niños, se vieron empujadas a buscar un pedazo de tierra donde poder asentarse. Cómo bien expresó el diputado Nicolás del Caño en el Congreso Nacional, las tomas de tierras que se extienden en la Provincia “responden a la búsqueda, a través de la acción directa, de esas familias que no tienen vivienda porque el Estado se los ha negado, de hacerse de ese derecho”. Rápidamente desde el gobierno y la oposición se los tildó de “delincuentes” y el derechista ministro Berni llevó adelante la represión sobre varias de esas ocupaciones. Mientras, los medios de comunicación hegemónicos se plegaron al ataque contra quienes no tienen nada, sin intentar por un segundo buscar las respuestas a esta problemática social que se mantiene en el tiempo.
Solidaridad de clase: el ejemplo de Parque Indoamericano
En el año 2010, la Ciudad de Bs. As. era gobernada por Mauricio Macri. A principios de diciembre más de tres mil familias tomaron terrenos ubicados en el Parque Indoamericano en reclamo de viviendas dignas. Allí estaban, en un descampado, obreros de la construcción que les construyen los countries a gran parte de la casta política. Había empleadas domésticas, que limpian las casas y les cuidan los hijos a la clase empresarial. Obreros y obreras textiles precarizadas, que trabajan muchas veces en condiciones infrahumanas. Había una mezcla de nacionalidades: argentinos; bolivianos; paraguayos, pero una misma clase: la trabajadora.
La respuesta del Gobierno nacional y de la Ciudad fue un desalojo violento por parte de la Policía Federal y Metropolitana, que incluyó gases, balas de goma y de plomo durante varias horas. Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez fueron asesinados, y decenas terminaron heridos entre los que había muchos niños.
Al otro día de la represión y mientras la Policía mantenía aisladas a las familias, una enorme delegación del sindicalismo clasista y combativo encabezada por los obreros ceramistas de Zanón, por trabajadores ferroviarios, de Kraft, del Subte, docentes, cientos de estudiantes y organismos de Derechos Humanos llegó hasta el lugar y rompió el cerco policial para rodear de solidaridad a quienes estaban ocupando las tierras.
El mensaje era potente: la clase obrera es una y sin fronteras. Una pequeña muestra de la fuerza que puede alcanzar la alianza entre la clase obrera y los oprimidos, empezando por tomar sus reclamos más sentidos. Sin esta lucha común es imposible ganar la pelea contra los capitalistas. Los medios de comunicación presentes en el lugar tuvieron que mostrar a millones ese ejemplo de apoyo y solidaridad de clase, el repudio a la represión y la exigencia a los sindicatos para que tomen medidas urgentes.
Por la masacre sobre las familias del Indoamericano, no hubo un solo policía detenido ni procesado: les dictaron falta de mérito porque no se pudo determinar de dónde salieron las balas, ni quiénes adulteraron posteriormente las postas. Tampoco los responsables del operativo. En cambio, sí llevaron a juicio a militantes sociales. Los Gobiernos nacional y porteño se comprometieron a llevar adelante un plan de viviendas. Ante esta propuesta, los vecinos resolvieron retirarse del predio, pero este supuesto plan de viviendas nunca se concretó.
EL 17S salgamos a la calle por el derecho a la vivienda
Los estremecedores números que brindan quienes hacen estadísticas sociales, como por ejemplo que el aumento de la pobreza ya supera el 40%; que la pobreza infantil alcanzaría al 58% de los niños en Argentina; que el 60% de los asalariados cobra menos de $29.000 cuando la canasta básica (ni siquiera la familiar) asciende a los $40.000, tienen como única tendencia contraria a las miles de familias que en medio de esta pandemia y empobrecimiento generalizado tomaron en sus manos la defensa de su derecho a la vivienda.
Escuchamos en sus testimonios la imposibilidad de seguir alquilando y quedar en la calle con sus hijos. Madres solteras, que solo llevan lo que tienen puesto. Pero estas voces son tapadas por quienes no se cansan de repetir desde los medios que están en la ilegalidad y que deberían esperar, seguir esperando, a que el gobierno les brinde alguna solución, vaya uno a saber cuándo. Lo cierto es que nadie piensa seriamente en resolver esas necesidades.
Esta semana vimos como ante la extorsión armada de la Bonaerense, el Gobierno Nacional rápidamente recurrió a modificar el reparto de la coparticipación para darle salida al alzamiento policial. Fortalecida, la fuerza represiva volvió a la carga contra los sectores populares y desalojó a 50 familias en San Fernando. Otra vez, la respuesta es el desalojo y las topadoras aparecen como “solución”.
Así como en el Indoamericano, desde el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, quisimos ser una muestra de apoyo obrero a los más explotados, hoy es de primer orden poner a los gremios, comisiones internas y agrupaciones –empezando por quienes nos reivindicamos clasistas y que conformamos el Plenario Sindical Combativo-, en el camino de apoyar activamente a los sectores más excluidos, quienes a través de las tomas buscan hacer efectivo el derecho a la vivienda propia.
Por eso, la jornada que prepara el Sindicalismo Combativo para el próximo 17/9 tiene que levantar entre sus principales banderas el apoyo a quienes están defendiendo su derecho a la tierra. Tenemos que imponerle a las conducciones burocráticas de nuestros sindicatos que apoyen a los sectores más postergados que hoy realizan la toma de tierras frente a la estigmatización mediática y gubernamental, pero también avanzar en plantear una solución de fondo al problema de la vivienda, con un plan de obras públicas controlado por los trabajadores, sin precarización laboral, y que además genere nuevos puestos de trabajo. Porque la represión no es la solución ante la falta de vivienda.
