El anuncio realizado por Piñera durante este jueves unió a la derecha y a la oposición parlamentaria frente a la imprescriptitibilidad de los delitos de abuso y violación a menores.
Domingo 6 de mayo de 2018
La indicación al Congreso realizada este jueves por Sebastián Piñera fue respaldado desde el Ministerio Público y la Defensoría Penal, el cual busca dejar como imprescriptible los casos de abuso y violencia a menores a raíz del caso Ámbar, caso que generó conmoción a nivel nacional, tras la violación de una bebé de un año y siete meses y posteriormente muerta producto de las agresiones que le dejó su tío
El anuncio de Piñera fue aceptado con buenas críticas por parte de la oposición parlamentaria, dejando atrás las “malas semanas” del actual gobierno tras la baja a las encuestas por los nombramientos de familiares de Piñera en altos cargos públicos.
Sin embargo, representantes del Poder Judicial pusieron en discusión la medida de Piñera frente a investigar estos hechos a largo plazo.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito junto con los magistrados Hugo Dolmetsch -entonces máxima autoridad del Poder Judicial- y Carlos Künsemüller, pusieron en discusión la determinación de la imprescriptibilidad en los delitos, acusando criterios inconstitucionales. Por su parte, el defensor regional, Carlos Mora, planteó la modernización del Servicio Médico Legal.
En la actualidad los delitos simples prescriben en cinco años, mientras aquellos más graves lo hacen en 10 años. En 2007 se aprobó una indicación al Código Penal que permite en algunos casos que la prescripción se inicie cuando la víctima cumple 18 años.
Según indicaron los magistrados de la Corte Suprema, en este tipo de causas “tienen gran importancia las pruebas y pericias psicológicas, o de credibilidad del relato, lo que sumado a la inexistencia de un plazo perentorio para realizar la investigación y condena criminal, puede provocar un problema procesal que (…) podría ser insalvable”.
En este sentido, Brito, Dolmetsch y Künsemüller avalaron que la imprescriptibilidad corresponda solo a crímenes de lesa humanidad, como considera hoy la legislación vigente.
