SISTEMA PENITENCIARIO. Los derechos humanos valen menos que la propiedad privada

Esta semana nos hemos enterado que el personal penitenciario (sí, los carceleros) de Comisiones Obreras han presentado una denuncia contra el profesor Iñaki Rivera por denunciar que en las cárceles “hay torturas, hay maltratos y vejaciones”. Es así que Rivera ha ido a declarar este 18 de setiembre en calidad de investigado ya que el juez aceptó a trámite la denuncia como explicamos en el artículo citado. También fue criticado por UGT Presons, que habían anunciado que se querellaría contra el profesor.

Iñaki Rivera es profesor de derecho penal y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Lleva muchos años investigando el sistema carcelario español. El 29 de noviembre pasado el programa de TV3 “Tot es mou” invitó al profesor para hablar de la situación de los presos en las cárceles. También impulsa el SIRECOVI, que es un organismo de la Universidad de Barcelona encargado de registrar las denuncias de malos tratos en instituciones penitenciarias. Un proyecto iniciado en 2016.

Esta situación nos lleva a pensar sobre qué rol juegan las cárceles en la sociedad capitalista y todo el sistema represivo (jueces, policías, etc) que el régimen tiene instituido. ¿Es lícito que los sindicatos pidan para los “trabajadores” penitenciarios y los “trabajadores” de la policía mejores materiales de represión y castigo? ¿Qué beneficio puede tener para el conjunto de los trabajadores que el personal penitenciario tenga jornadas laborales más cortas y así conciliar con la vida familiar? Vamos por partes.

El sistema castiga a los trabajadores y el pueblo

Las cárceles son parte de todo el sistema represivo y de “justicia” que tiene organizado una Estado para reprimir las conductas que contravienen las leyes. De éste sistema forman parte el poder judicial con los jueces a la cabeza, las instituciones de “seguridad” como la Policía (se nacional o autonómicas) y la Guardia Civil y el personal penitenciario.

Cuando se encuentra a una persona cometiendo un delito tipificado en el código civil pasa por la comisaría, se le inicia un proceso judicial y en caso de ser encontrada culpable podría sufrir condena en una cárcel o tener una multa. A grandes rasgos y sin entrar en especificidades, es así cómo actúa (o actuaría) el sistema.

El sistema en el que estamos se llama capitalista y contiene unas desigualdades atroces. Según Oxfan Intermon, en el Estado español, “mientras que, en 2008, el 10% de los hogares más ricos ya contaban con 9,7 veces más ingresos que el 10% de los más pobres, en 2017 tienen 12,8 veces más”. Y el mismo informe denuncia que 1 de cada 6 familias que cayeron en la pobreza durante la crisis no han podido salir. Estas desigualdades provocan que una importante parte de la sociedad caiga en situaciones desesperadas.

Durante los años de crisis y gracias a las reformas laborales del PSOE y el PP, los empresarios y las administraciones públicas han pasado por encima de antiguos derechos laborales. La subcontratación es la regla, poner a trabajar como falsos autónomos o becarios el pan de cada día, un paro que aún está altísimo y en especial sobre la juventud, las mujeres y los inmigrantes. Son estas situaciones las que tenemos que aguantar y si no nos gusta tenemos el sistema punitivo.

Si nos quejamos, nos multan primero. En Catalunya lo sabemos muy bien. Miembros de los CDR han recibido multas (y, en no pocas ocasiones falsas) por haber cortado carreteras para protestar. No solo multas, sino también condenas con años de prisión por participar en manifestaciones por la independencia. El caso más flagrante es el juicio farsa que próximamente tendrá sentencia. E incluso la represión lisa y llana como sucedió el 1O cuando votamos en el referéndum de autodeterminación.

El año pasado se dio el caso de una persona que “robó” un bocadillo utilizando una lata abierta como “instrumento amenazante”, según la Fiscalía, claro. Esta noble institución pidió 4 años y 10 meses de cárcel (casi la más alta). Pero por suerte el juez con más seso tan solo concedió un año y 9 meses porque quería “enriquecerse”. Imaginémonos cuantos bocadillos se pueden comprar Bárcenas, Griñán, Pujol, Millet, el Bigotes y todos los corruptos con el dinero que robaron. ¿Es esto justicia?

Otro caso más reciente es el de los trabajadores Riggers que se encargaban de montar grandes estructuras para eventos. Estaban en huelga en los momentos en que el festival Sónar tenía programado iniciarse. El Ajuntament de Barcelona decidió contratar a otras personas para hacerlo vulnerando claramente el derecho de huelga. Finalmente, el juez Santiago Vidal (el que fue sancionado por hacer una Constitución catalana) declaró que debería continuar el montaje del Festival para no ponerlo en riesgo. El derecho de huelga a la basura.

Y, si hay artistas que usan su arte para protestar y enfrentar al sistema, el sistema punitivo encuentra la forma de castigarlos. Tuvimos el caso de los Strawberry o Valtonyc. Lo mismo le pasaron a los titiriteros que fueron detenidos por su obra. Cada vez es más común que el delito de odio se aplique contra los sectores de la izquierda y contestatario contra el sistema.

Y, el último eslabón de la cadena son las cárceles. Allí mismo se vigila que cumpla la sentencia la persona que “robó” un bocadillo para comer, también se vigila a Iñaki Urdangarín en su cárcel para una persona solamente, etc. Una parte del personal penitenciario se encargaba de dar la cena fría a los presos políticos catalanes cuando volvían cada día del juicio.

En España no se investigan las torturas

España tiene experiencia en no investigar casos de torturas en las cárceles. La Fundación de la Abogacía ha elaborado un informe: “España ante la tortura y los malos tratos” en el que se analizan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El TEDH ha dictado nueve sentencias condenatorias por insuficiencia de la investigación oficial de denuncias de torturas y malos tratos. Y, si son condenados, no hay problema: en España se ha indultado a 42 condenados por torturas desde 1996.

La Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPDT) en su “Informe sobre la Tortura y los Malos Tratos en el estado español en 2017” denuncia 224 episodios de tortura o malos tratos, que padecieron y denunciaron 1014 personas. El número de personas que sufrieron tortura, trato vejatorio y muerte bajo custodia se eleva, desde 2004, a 9085 personas. Ese año hubo 705 fallecidos bajo custodia, casi 13 veces más que el año anterior cuando fueron 55 los fallecidos.

En las Comisarías es tan grave lo que pasa que incluso la misma institución tuvo que abrir una investigación interna. La que se lleva la guinda es de la Les Corts, en Barcelona, en la cual tuvieron que instalar 39 cámaras para evitar malos tratos y vejaciones.

Pero para aclarar todo no sirven las “investigaciones internas” que nunca llegan a conclusión alguna. Se puede maltratar, vejar e incluso torturar sin que pase absolutamente nada. Lo que es necesario es crear un comité plenipotenciario de las organizaciones de derechos humanos que vigilan las torturas, afectados y familiares por los malos tratos y representantes del conjunto de los trabajadores para realizar una investigación a fondo. Investigación que solo podrá imponerse sobre la base de amplia movilización y luchas en las calles del conjunto de los trabajadores y el pueblo.

Estas investigaciones deben servir para demostrar que el sistema castiga a los trabajadores y a los sectores más empobrecidos de la sociedad. Al fin y al cabo, las leyes están hechas para defender la propiedad privada de las grandes empresas, a los poderosos y a su personal político. Por eso es más fácil que se encarcele a quien roba un bocadillo que a quien roba 42 millones de euros. Paso fundamental para que la clase obrera reconozca a sus verdaderos enemigos.