OPINIÓN. Los enemigos del pueblo Mapuche no quieren dialogar

Hagamos un ejercicio. Preguntémonos si a causa de una eventual política gubernamental, personajes como Sergio Pérez, de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), o Luciano Rivas, de la Multigremial de La Araucanía, o los magnates de los grupos Luksic y Angelini o sectores políticos como José Antonio Kast que en el mismo debate presidencial calificó sin tapujos de terroristas a los hermanos Benito, Ariel y Pablo Trangol y a Alfredo Tralcal; estarían dispuestos a sentarse a la mesa con los Mapuche y abrirse a pensar cómo ceder al menos una parte de sus privilegios, cómo ceder, por ejemplo, una parte de las dos millones de hectáreas de las forestales conquistadas en dictadura.

Que un gobierno consiguiera que simplemente “todos se sienten a la mesa” sin duda sería todo un logro. Pero aun en el caso de que eso ocurriera, sería bastante iluso creer que esos grupos económicos van a ceder parte de sus riquezas a costa de satisfacer las demandas históricas del pueblo Mapuche. La política del diálogo que propone Beatriz Sánchez sin duda contrasta con la política del garrote con la cual actualmente el gobierno de Bachelet maneja el conflicto cediendo ante las presiones de los reaccionarios gremios de empresarios de la zona. Pero tiene un único problema: es utópica.

Los intentos de resolver el conflicto a través del diálogo no han arrojado resultados que den una salida de fondo. El último intento de diálogo a gran escala, el Acuerdo de Nueva Imperial, firmado por lo que fue la Concertación y una serie de organizaciones indígenas en 1989 terminó en la Ley 19.253 bajo el gobierno de Aylwin que creó la CONADI y toda una institucionalidad para gestionar una restitución de tierras “a paso de tortuga” y que entró en crisis en la década de 1990 con las acciones del Consejo de Todas las Tierras y luego la CAM.

Las raíces de la opresión nacional del Estado chileno sobre el pueblo Mapuche son profundas. Desde la derrota secular a fines del siglo XIX por Cornelio Saavedra -que implicó el robo de cinco millones de hectáreas- hasta la Ley N ° 2.568 y 2.570 de 1979 bajo la dictadura para acabar con el concepto de “tierra indígena” y los vestigios de propiedad comunal como parte del proceso de neoliberalización implementado por Pinochet -lo que fue posible asesinando a 300 dirigentes de esta nación oprimida-, el papel del Estado chileno sobre el pueblo Mapuche ha sido el de una maquinaria de opresión. Hoy, esto se expresa en la acción directa del Ministerio del Interior que constantemente militariza y a través de la aplicación de la Ley Antiterrorista y su manto calumnioso propagado a través de los medios de comunicación. De este modo los grandes capitalistas en complicidad con el Estado, los medios y la policía buscan acumular sus riquezas: por medio de la desposesión del pueblo mapuche.

Enfrentar estos intereses sólo será posible a través de un programa anticapitalista que no se detenga en la barrera de la propiedad privada. Sin expropiar a las forestales y sin una alianza de Mapuche rurales y urbanos con la clase trabajadora, las demandas territoriales y el derecho a la autodeterminación no podrán ser conquistados. Por eso urge que rodeemos de solidaridad activa la pelea contra la Ley Antiterrorista y por la libertad de los presos políticos. Es necesario forjar desde ya los lazos para enfrentar a enemigos poderosos.